De acuerdo con una investigación de la Universidad Externado los departamentos con mayor incremento en los homicidios fueron: Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar en la Costa Atlántica.
Foto: Ejército
Colombia tuvo una de las peores situaciones humanitarias en 2025: esto dijo Human Rights Watch
El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch documenta el resurgimiento de la violencia armada en Colombia durante 2025, con graves impactos humanitarios, expansión territorial de grupos ilegales, debilitamiento de la protección a civiles y riesgos crecientes para el proceso electoral de 2026.
Por: Juan David Cano
Colombia cerró 2025 con uno de los escenarios humanitarios más críticos de la última década, en un contexto marcado por el fortalecimiento de los grupos armados, la persistencia de economías ilegales y las limitaciones del Estado para proteger a la población civil. Así lo documenta el Informe Mundial 2026 sobre Colombia, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que traza un balance detallado del deterioro de la seguridad y los derechos humanos en el país.
Casi diez años después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las antiguas Farc, la violencia no solo persiste, sino que se ha transformado. Nuevos actores armados y estructuras heredadas del conflicto ampliaron su presencia territorial, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y la trata de personas.
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El control armado y la emergencia humanitaria: ¿cuántas personas estuvieron confinadas?
A lo largo de 2025, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), varias disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, impusieron mecanismos de control social sobre la población civil. Amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones y restricciones a la movilidad se convirtieron en prácticas recurrentes.
Uno de los fenómenos más graves fue el aumento del confinamiento de comunidades. Entre enero y agosto de 2025, más de 137.000 personas quedaron impedidas de salir de sus territorios por amenazas, combates y presencia armada, una cifra significativamente superior a la registrada en 2024.
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El Catatumbo concentró buena parte de esta crisis. En enero, el ELN lanzó una ofensiva para recuperar el control territorial de la región, lo que derivó en asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles señalados de colaborar con grupos rivales. La violencia obligó a más de 64.000 personas a abandonar sus hogares, configurando uno de los desplazamientos masivos más grandes registrados en Colombia en décadas, según HRW. En total, entre enero y agosto, más de 79.500 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos en el país, 53 por ciento más que en todo 2024.
¿Cuántos menores fueron reclutados y cuántos civiles heridos o muertos por explosivos?
La situación de la niñez fue especialmente crítica. La Defensoría del Pueblo reportó 625 casos de reclutamiento de menores en 2024, un aumento del 81 por ciento frente al año anterior, y datos de Naciones Unidas indicaron que esta tendencia continuó en 2025. El uso de artefactos explosivos también se intensificó: entre enero y agosto, 544 civiles resultaron heridos o muertos por estos dispositivos, lo que representó un incremento del 145 por ciento frente a 2024. A ello se sumó el aumento de ataques con drones cargados con explosivos durante la primera mitad del año.
“Las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de forma efectiva a la población, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, ni realizar avances significativos en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales”, afirma HRW.
La fuerza pública, la rendición de cuentas y los riesgos institucionales
Aunque desde 2022 se registró una disminución en las denuncias por abusos cometidos por la fuerza pública, HRW advierte que los avances en rendición de cuentas y reformas estructurales siguen siendo limitados. Persisten obstáculos para investigar violaciones de derechos humanos, en particular por el alcance de la jurisdicción penal militar.
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Durante 2025 se documentaron episodios graves, como la muerte de un líder comunitario tras un ataque de la Armada a una embarcación en Nariño, la reanudación de bombardeos contra disidencias de las Farc, en los que murieron al menos 15 menores reclutados, y denuncias sobre colaboración de funcionarios de inteligencia con grupos armados ilegales.
Defensores, elecciones y violencia política
Además, Colombia continuó siendo uno de los países con más defensores de derechos humanos asesinados en el mundo según HRW. Desde 2016, al menos 1.500 han perdido la vida, y solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 157 nuevas denuncias de homicidios de líderes sociales. Las cifras de judicialización y condenas siguen siendo bajas frente al total de casos investigados.
El contexto de violencia también afectó el proceso electoral. El período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 estuvo marcado por hechos graves, incluido el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Defensoría del Pueblo alertó sobre riesgos para los derechos políticos en 224 municipios y pidió medidas urgentes para proteger la participación democrática.
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Los desafíos pendientes de la paz y la justicia transicional
El informe destaca que, aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro respaldó el Acuerdo de Paz de 2016 y promovió la política de “paz total”, su implementación siguió siendo limitada. Las negociaciones con distintos grupos armados avanzaron lentamente y, en el caso del ELN, fueron suspendidas tras la escalada de violencia en el Catatumbo.
En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó sus primeras sentencias en 2025 y avanzó en juicios por ejecuciones extrajudiciales y secuestros. Sin embargo, HRW advierte que las sanciones impuestas carecieron de mecanismos de control estrictos, lo que debilitó su carácter efectivo y generó cuestionamientos de las organizaciones de víctimas.
“Las decisiones (…) no establecieron un sistema de vigilancia estricto ni definieron claramente un perímetro que restringiera el movimiento a los condenados, lo que debilitó el carácter efectivo de las sanciones. Organizaciones de víctimas apelaron ambas decisiones”, dice la organización.
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Migración, género y otras violencias persistentes
El informe también dedica un capítulo a la situación migratoria. Más de 2,9 millones de venezolanos residen en Colombia, de los cuales 2,1 millones contaban con estatus de protección temporal. En paralelo, más de 14.000 personas ingresaron al país como parte de una migración inversa, es decir, personas que abandonaron su intención de llegar a Estados Unidos y se quedaron en Colombia, sin embargo, muchas de ellas fueron expuestas a violencia sexual, reclutamiento forzado y otros abusos durante el trayecto.
La violencia de género también mostró un deterioro. En 2024 y 2025 aumentaron los feminicidios y los casos de violencia sexual, así como la trata de personas, donde el 75 por ciento de las víctimas fueron mujeres. En el caso de la población LGBTI, 164 personas fueron asesinadas en 2024, pese a las protecciones constitucionales existentes.
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Un país en tensión estructural
El panorama descrito por Human Rights Watch muestra un país donde la violencia armada volvió a ocupar un lugar central, con efectos profundos sobre la población civil, el proceso democrático y la implementación del Acuerdo de Paz. A las disputas armadas se sumaron desafíos estructurales en justicia, protección de derechos y presencia estatal, configurando un escenario complejo de cara a 2026.
“Los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia”, dice la organización.
