Al día“No creo que firme el formulario para la Constituyente”: Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia

Hasta hace poco, la vida de Jorge Iván Cuervo giraba en torno a la academia y la opinión. Reconocido docente de la Universidad Externado, este experto en derecho público y política social era columnista en El Espectador y analista de asuntos políticos y judiciales. Lo invitaban con frecuencia a los programas de opinión más importantes del país y era muy activo en la plataforma de X, en la que acumula más de 26.000 seguidores. Pero hace unos días, Cuervo recibió una llamada de la Casa de Nariño. Lo convocaban a una reunión con el presidente Gustavo Petro, que terminó sellada con un “sí”.

Desde el 11 de febrero, Cuervo se convirtió en el cuarto, y quizás el último, ministro de justicia del ‘Gobierno del Cambio', cuando faltan poco más de cinco meses para que acabe el mandato de Petro. Cuervo lo acompañó en tarima el pasado jueves, en el marco de unas movilizaciones por el salario mínimo integral, en las que gran parte del público gritó “Constituyente ya, Constituyente ya”.

CAMBIO: En su primera rueda de prensa, usted expresó reparos a la facultad de suspensión provisional que estrenó la Corte Constitucional con la segunda emergencia económica declarada por Petro. ¿Qué le preocupa?

Jorge Iván Cuervo: Me preocupan varias cosas. Primero, cómo se llega a ella; es decir, había cosa juzgada constitucional en el caso de la sentencia sobre la ley estatutaria del estado de excepción. Y allí, claramente la Corte Constitucional dijo que la posibilidad de suspender estados de excepción, y los decretos que los declaran, no era una facultad de la Corte Constitucional. Esa fue una sentencia de Sala Plena. Y en el año 2023 se abre la puerta con un auto. Ni siquiera con una sentencia de Sala Plena. Y ahí se abrió una alerta. Los constitucionalistas dijeron: ‘mucho cuidado con eso porque esa función no la tiene la Corte ni por Constitución, ni por ley, ni en la ley estatutaria, ni nada’. Y es una construcción jurisprudencial que uno podría discutir si en este caso se pudo dar no. No quiero hablar del caso específico, pero queda una abierta una puerta muy compleja y es que el proceso legislativo, de ahora en adelante, podría tener un segundo paso. 

CAMBIO: ¿Promoverá alguna acción al respecto?

J.I.C.: Soy muy respetuoso con las decisiones de las cortes, pero yo sí quisiera, como ministro de Justicia, abrir un debate respetuoso sobre las implicaciones que, en un momento determinado, puede tener esta facultad que la Corte crea por vía jurisdiccional. Yo no quiero entrar en un escenario de impugnación, pero, por ejemplo, se va a presentar el recurso de nulidad frente a la suspensión del decreto de emergencia económica y ahí nosotros aportaremos los argumentos que haya que aportar. 

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La ley se aprueba en el Congreso. Hablamos de leyes ordinarias. El Gobierno la sanciona: el presidente. Pero resulta que ahora cualquier persona puede demandarla, porque en Colombia existe la acción pública de inconstitucionalidad desde 1910, y pedir la suspensión de la ley. Y la Corte, como ya abrió esa puerta, dice: ‘pues entonces suspendamos cualquier ley’. Eso va a producir una enorme inseguridad jurídica, porque la Corte se puede tomar en serio que ellos tienen la facultad de suspender, en un momento determinado, la vigencia de una ley. Eso me parece que es complicadísimo en términos de seguridad jurídica y en términos del proceso legislativo, que finalmente lo consolidan dos órganos de origen democrático: los congresistas y el presidente de la República. Y, de repente, digamos que ahí hay un escenario muy complejo, en términos de teoría constitucional, de separación del principio de poderes, de seguridad jurídica, que creo que no lo estamos tomando en serio si nos quedamos solo mirando si en este caso lo podía hacer o no. Digamos que es una discusión ya más de coyuntura.

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CAMBIO: Y frente a la medida cautelar que adoptó el Consejo de Estado con el decreto del salario mínimo, ¿tiene alguna crítica?

J.I.C.: No. Mi punto, al leer con cuidado el auto del Consejo de Estado, es que tiene cosas buenas, incluso, que le permitieron al Gobierno dar los argumentos. Porque con una lectura, de prisa, uno dice: “el Consejo de Estado se opuso al salario mínimo vital”, cuando realmente no lo hizo. Lo que hizo el Consejo de Estado es decir: “demuéstreme cómo fue que usted llegó a la cifra de 23,7 por ciento”. Sobre todo, demuestre la parte técnica, cómo mezcló, cómo ponderó la productividad, la inflación esperada, la inflación del año pasado y le dijo: “muéstrame de más”. Pero no le puso un límite, no le dijo: “no puede pasar de 23,7 por ciento, ni de otro”. No. Le dijo: “en el margen discrecional que tiene el gobierno, usted puede poner el porcentaje que quiera, pero susténtelo mejor”.

Donde quizás le faltó más fuerza al magistrado fue en la parte resolutiva, porque curiosamente sí lo trata en la parte de los considerandos. La parte que dice que “en la fijación de ese salario debe tenerse en cuenta la protección especial del trabajador y la preservación del salario mínimo vital”. Entonces, al hacer referencia a eso, y a la sentencia de la Corte Constitucional, le dio margen de maniobra para que el Gobierno se mantuviera en la cifra de 23,7 por ciento, pero ya sustentado bajo el criterio del salario mínimo vital, que no es una invención del Gobierno sino que está en la Constitución, y la Corte Constitucional lo reforzó. Si uno mira con cuidado, el Consejo de Estado abrió la puerta para que ese fuera el debate. Y, al analizar el nuevo decreto, el gobierno cumplió con lo que le exige el consejero de Estado de explicar los factores de ponderación.

CAMBIO: A propósito de las emergencias económicas, ¿se está volviendo costumbre en Colombia gobernar bajo la figura de la excepción?

J.I.C.: No, yo creo que no. Eso sí fue muy claro en la Constitución de 1886. De hecho, la Constitución de 1991 establece unos requisitos más exigentes y la Corte Constitucional ha tenido una prudencia muy diciente. Lo que ha pasado los últimos meses es que ha habido ruido con algunas decisiones del gobierno y los temas de emergencia económica. Yo lo interpreto como que el Gobierno, cuando yo no estaba, entendió que, quizás por las derrotas políticas que tenía en el Congreso y por el ambiente, se le estaban agotando las herramientas de gobernabilidad. **Y bueno, eso no es ilegal. Ahí está en la Constitución, ahí están los requisitos. Algunas se las han dejado, algunas se las han tumbado.** El Gobierno, más allá de las de las reacciones, siempre ha acatado los fallos. Incluso estos los acató muy rápidamente, como el auto de las órdenes del magistrado. Yo creo que ahí hay una reflexión más de fondo, un problema más complejo: el modelo de gobernabilidad que tenemos en Colombia. Nuestro régimen es presidencialista: el Ejecutivo tiene unas prerrogativas importantes, como declarar los estados de excepción, nada más y nada menos. El presidente y el Gobierno tienen iniciativa, por ejemplo, para el presupuesto, para el plan de desarrollo. 

Pero cuando uno mira, ese régimen presidencial está acotado, para bien, para efectos en el contexto de una democracia y un Estado social de derecho. Entonces el Congreso, en un momento determinado, en un sistema político tan fragmentado, muchas veces puede bloquear las iniciativas. Mire que, por ejemplo, en los modelos bipartidistas es más fácil la negociación. Pero en el caso nuestro, el sistema político es fragmentado, con 27 o 28 partidos y movimientos políticos con los que hay que negociar. Eso es una dificultad para cualquier gobierno; para este y al siguiente. Quién llegue, se va a encontrar con un Congreso fragmentado. 

La negociación es muy desgastante, muy compleja, y el Gobierno tiene que entregar soluciones y en un momento dice: “bueno, me estoy quedando sin margen, ¿qué hacemos?”.  Entonces dice: “ahí están esos estados, saquémoslos a ver cómo nos va”. Y se los tumba la corte, en el marco sus competencias. Y se va generando un escenario como de ingobernabilidad democrática, si se me permitiera decir, que amerita que hagamos una reflexión. Si nos comparamos con Estados Unidos, Trump y los anteriores presidentes han gobernado a través de órdenes ejecutivas. No tengo el dato a la mano, pero son más de 500 órdenes ejecutivas del Gobierno Trump con el propósito de eludir el debate parlamentario […] La discusión política, y algunas decisiones de la Corte, le han ido reduciendo el margen de acción y discrecionalidad a los gobiernos: algunos reaccionan de una manera y otros de otra.

CAMBIO: Para usted, ¿hay o no hay bloqueo institucional?, como repiten muchos compañeros suyos del Gobierno...

(en esta pregunta hubo un largo silencio)

J.I.C.: Yo no creo que haya un bloqueo institucional con la intencionalidad de tener un bloqueo institucional, ¿me entiende? Yo creo que se deriva de las condiciones y que, en el Congreso especialmente, se deriva de la fragmentación de nuestro sistema político y de la crisis de los partidos. Entonces, cuando el Gobierno se sienta, como se dice coloquialmente, a conseguir los votos, si usted tiene tres o cuatro partidos, es muy fácil la negociación. Pero usted va allá y encuentra 27 partidos. Entonces los gobiernos se encuentran en que la negociación es muy compleja y pueden pasar muchas cosas, como transacciones non sanctas que terminan en casos como la UNGRD, que son complejas; o que es difícil conseguir los votos en un contexto, digamos, de polarización. Y el resultado es que no se aprueban las leyes. Y, como usted dice, mis compañeros de Gobierno han interpretado ese resultado como un bloqueo institucional. Yo creo que no puede hablarse de que hay una intencionalidad para eso, pero esa es una interpretación.

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Si uno mira, en el primer año, el Gobierno aprobó el plan de desarrollo, aprobó una reforma tributaria, aprobó presupuesto, ha sacado algunos proyectos interesantes. Sacó en su momento la ley estatutaria de jurisdicción agraria; la otra, la ordinaria, iba avanzando. También el acuerdo de Escazú. Es decir, cuando creo que el Gobierno se ha puesto la tarea de hacer una buena gestión legislativa, ha obtenido logros. Lo que pasa es que en el último año las cosas se ponen más complejas, los congresistas están pensando en otras cosas, los gobiernos ya dicen “este gobierno ya se va”. Entonces, esas dificultades de aprobar leyes en el Congreso no solo las vive este Gobierno sino otros, solo que este Gobierno le agrega, digamos, una interpretación de que hay un escenario político adverso, no sé, por razones ideológicas, y eso sí ya queda un poco más para el análisis de los de los analistas políticos, uno de los cuales era yo. Y ahora soy ministro de Justicia, no comentarista del acontecer nacional. 

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CAMBIO: En las últimas horas usted compartió tarima con el presidente Petro, quien expresó lo siguiente: “No es una amenaza, los poderes constituidos tienen que hacerle caso al poder constituyente”. ¿A qué se refirió?

J.I.C.: Esa es una pregunta de altísima filosofía política y de teoría política que no sé si la podemos resolver en una pregunta. Pero lo primero: este Gobierno, a diferencia de los otros, y especialmente el presidente, tiene un estilo de interpretar que la participación ciudadana no solo puede ser promovida por los propios ciudadanos, que era, por decirlo así, a lo que estábamos acostumbrados. Los ciudadanos se movilizan generalmente para protestar contra los gobiernos. Pero cuando uno mira la Constitución y la ley de participación ciudadana, en ninguna parte está prohibido que el Gobierno promueva su propia movilización, ¿sí? Y que promuevan a sus bases. Es raro, no está en nuestra cultura democrática tradicional. Pero eso no es ilegal. Obviamente dirán: “ah, pero es que salen contratistas, obligados”. Eso está ahí en la discusión. Pero yo creo que los gobiernos sí pueden promover movilizaciones ciudadanas en la defensa de sus políticas. Hasta ahí está muy bien. Claro, hago parte del gabinete y tengo que cumplir con, los llamo yo, unos deberes institucionales. Hay unos perfiles dentro del Ministerio mucho más cercanos al activismo político y social. Y yo he dicho que no vengo de allí, yo vengo de la academia, con unas lealtades básicas y esenciales con este gobierno en cuanto a principios, inclusión, igualdad de oportunidades, acceso a la justicia para todos y todas”. Y eso es lo que yo creo que es perfectamente compatible con este Gobierno.

Claro, ya en las expresiones dichas ahí, yo tengo que mirar qué me sirve y qué no me sirve como ministro de Justicia, ¿sí? Entonces, a su pregunta concreta, claro, la tesis del presidente es: “¿cuáles son los poderes constituidos?: El Estado”. Entonces hay poderes constituidos, elegidos democráticamente, como el Congreso de la República y el propio presidente. Las cortes y la rama judicial son poderes constituidos que no son elegidos directamente por vía democrática, salvo los magistrados de la Corte Constitucional que, por ser elegidos en el Senado, tienen ahí una variable de todo eso. Entonces, digamos, hay un principio básico que es que los poderes constituidos tienen que cumplir la Constitución. Y si el fundamento de la Constitución es la soberanía popular, pues es lógico decir que los poderes constituidos se deben a la soberanía popular. Eso no es la revolución, eso está en la Constitución. Por ejemplo, una forma como el poder constituyente le exija al poder constituido está en el litigio estratégico, la tutela, el desacato y los jueces que ordenan que entreguen medicamentos.

CAMBIO: Y a propósito del poder constituyente, ¿ya firmó la planilla que están impulsando sus compañeros para impulsar la constituyente?

J.I.C.: No, no la he firmado y no creo que la firme. 

CAMBIO: ¿Y por qué no la va a firmar?

J.I.C.: No, porque yo insisto, en mi rol como ministro de Justicia, en que tengo que ser muy cuidadoso en cómo moverme también. Que no afecte mis principios y mis convicciones, pero que no afecte las acciones del gobierno. Esta constituyente la promueve un grupo de ciudadanos. El hecho de que la firmen otros ministerios no la vuelve un proyecto oficial. Eso sigue siendo promovido por un comité ciudadano, usted puede decir: “Sí, cercano al gobierno”. Yo no he recibido ninguna orden del presidente, y no va a pasar, de que eso hay que hacerlo. Dentro del gobierno hay margen y eso lo he descubierto en estos seis días de apreciación. Que los ministros tenemos cierta autonomía frente a este tema. Entonces yo, como Ministro de Justicia, ¿qué pienso sobre esto? Ya está en marcha la Constituyente, ya el Consejo de Estado, incluso, sacó un auto diciendo que querían tumbar el comité promotor y lo aceptó. Se están recogiendo las firmas, se presenta el 20 de julio y el 20 de julio el Congreso dirá si, de acuerdo con la Constitución, se aprueba o no la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, promovida en este caso por ciudadanos.

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CAMBIO: Ciudadanos, no precisamente. He escuchado a Armando Benedetti y Antonio Sanguino promoviendo la constituyente…

J.I.C.: Pero ellos lo hacen en el ejercicio de ciudadanía, porque ahí aparece el nombre de ellos con su cédula y ahí no dice Ministro del Interior. Ahí dice, Armando Benedetti, su número de cédula y ya. Claro, es el ministro del Interior, pero los ministros no pierden su condición de ciudadanos y él es libre de apoyarlo y de firmar la planilla. Pero, por ejemplo, nosotros no hemos recibido ninguna orden de que hay que firmarla. Eso está en la libre autodeterminación de cada quien.

CAMBIO: ¿Y en qué quedó el proyecto que se impulsó desde aquí el Ministerio de Justicia con su antecesor Eduardo Montealegre? ¿Eso era personal? ¿No es institucional?

J.I.C.: Eso no era institucional, pues, cuando él era ministro y lo promueve, claro que era institucional. Pero él obtuvo un liderazgo ahí frente al tema, ¿sí? Y ese tema no está en la agenda de este Ministerio mientras yo sea ministro. 

CAMBIO: Entonces, para cerrar este tema de la constituyente, no hay una orden y el gabinete y los funcionarios están en libertad de apoyar o no la Constituyente. 

J.I.C.: Correcto.

CAMBIO: El presidente Petro también dijo ayer que algunas sentencias se están haciendo al acomodo de los lobistas**. ¿Usted comparte esa apreciación?** 

J.I.C.: No sé, habría que mirar caso a caso. En una sentencia participa muchísima gente. Usted mira una sentencia y la lee y hay intervinientes en la sentencia. Entonces, por ejemplo, uno dice: “¿Quiénes demandaron el decreto de salario mínimo?” Lo demandaron algunos gremios. Fenalco lo demandó; la ANDI no. Fenalco lo demandó y contrató abogados prestigiosos, incluso magistrados auxiliares que fueron magistrados de la Corte Constitucional. Uno dice, “¿Será que esos son los lobistas**?”. Yo no lo sé. Pero, digamos, ¿puede un gremio contratar a un abogado que fue magistrado de la Corte Constitucional para demandar un decreto? La respuesta es sí.** Está en el ámbito de su actuación. Pero lo que uno tiene que ver es el fallo final, si realmente ese fallo favoreció o no intereses. Lo mismo pasa con las leyes, ¿me entiende? Entonces yo miraría cada caso. Me parece una expresión genérica a la cual yo tomo nota para revisar qué hay frente a esto. 

CAMBIO: Le quedan cinco meses al gobierno. ¿En qué se enfocará?

J.I.C.: Hay muchos desafíos. Primero, no quiero irme sin sin que quede aprobada la ley de ordinaria de la jurisdicción agraria y avanzar, hasta donde más se pueda, en el famoso marco jurídico para la paz, que no se va a alcanzar a aprobar en esta legislatura, pero ojalá encontremos una forma de que eso quede bien. Segundo, dejar normalizadas las relaciones entre el gobierno y la rama judicial. Tercero, ocuparme de alguna de las cosas del sistema penitenciario, hay tres desafíos muy importantes. Un primer desafío es lo relacionado con el bienestar mismo de las personas privadas de la libertad, los temas de acceso a la salud. La directriz del Ministerio de Salud es que ellos vuelvan al aseguramiento y que la prestación de los servicios esté en cabeza de la Nueva EPS. Y creo que eso hay que hacerlo con cuidado, con gradualidad, con en Porque ahí no nos podemos equivocar (...) El tema que más me gusta el Ministerio de Justicia, pero es el que menos tiene brillo en los medios, es todo lo relacionado con el acceso a la justicia de los ciudadanos, con más jueces en los territorios, más jueces cercanos. Pensar en cosas novedosas que hay en países de América Latina como la justicia itinerante. Por ejemplo, yo creo que el tema de virtualidad es una es una potencialidad que tenemos.

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