Exclusivo: La guerra por el expediente Papá Pitufo que fracturó al Gobierno y desató purga en la Policía

El país no entiende por qué el general Edwin Urrego, un oficial sin tacha y de larga trayectoria, fue expulsado de su cargo sólo porque el presidente Gustavo Petro le dio credibilidad a un anónimo sin sustento alguno. El supuesto informe de “inteligencia”, carente de fuentes verificables, contraste o claridad sobre su origen, acusaba al general de liderar un plan para plantar droga en el vehículo que transportó a Petro durante su visita a Donald Trump.  

Hasta ahora, lo único claro es que Urrego terminó pagando los platos rotos en una puja de poder, envidias y rencillas personales, de la que no es el protagonista sino un simple actor de reparto. Los nombres de quienes están moviendo los hilos para quedarse con el poder absoluto en la Policía y en el arma de inteligencia del Estado incluyen funcionarios del gobierno, como los ministros Armando Benedetti y Andrés Idarraga; el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y director de la UIAF, Jorge Lemus; un misterioso periodista con poder en la sombra en el gobierno, y un puñado de uniformados que responden a órdenes de ese grupo, como el director de la Policía, William Rincon. El hilo conductor que une a todas las piezas del rompecabezas, ni más ni menos, que Diego Marín, denominado el zar del contrabando. CAMBIO revela la historia de cómo este poderoso hombre, conocido también como Papá Pitufo, logró fracturar al gobierno y a la Policía. 

Papá Pitufo: la manzana de la discordia

Esta telenovela empezó en septiembre del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro le ordenó a su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, priorizar la persecución para capturar a Marín. Por esos días, el ministro recibió la llamada de un periodista que le ofreció ponerlo en contacto con el intendente Álvaro Galvis quien, a juicio del comunicador, tenía información valiosa sobre la estructura de contrabando. Velásquez, entonces, citó a Galvis. El intendente llegó a la reunión acompañado de Camilo Gómez, un hombre que trabajó en la Alcaldía de Gustavo Petro, que hoy es candidato al senado por el partido de La U y cuya relación con papá Pitufo está ampliamente documentada en la justicia. El ministro ignoraba, esa tarde, que Gómez había acompañado a Galvis hasta el lugar del encuentro. No lo vio ni lo oyó; Gómez permaneció en el carro mientras la reunión transcurría a puertas cerradas.

Iván Velásquez recibió la información y decidió conectar a Galvis con la general Sandra Hernández, entonces directora de la Polfa, quien, a su vez, lo puso en contacto con la contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol). Desde ese momento, Galvis entró a apoyar al fiscal Andres Marin en la investigación que, desde el 2017, este último lideraba contra la estructura de Papá Pitufo. Meses después, el fiscal decidió convertir Galvis en su agente encubierto. Desde la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), su misión sería infiltrarse en la red del contrabandista y trabajar para él sin levantar sospechas. En marzo de 2023 un juez legalizó esa operación encubierta.

Dos meses después, el 1 de mayo, la coronel Julie Ruiz se posesionó como jefa de contrainteligencia y, casi de inmediato, le puso la lupa a la información que había sobre corrupción en la Polfa de Cartagena. Velásquez y el entonces director de la Policía, general William Salamanca, le dieron la orden de trabajar con el fiscal Marín. 

Mientras eso ocurría, el periodista que había contactado al ministro Velasquez con Galvis volvió a aparecer en escena . Esta vez, buscó al general Salamanca para hablarle sobre las capacidades del mayor Cesar Ortiz en investigación criminal. Cuando se reunieron, Ortiz le mencionó a Salamanca que tenía información de grueso calibre sobre contrabando. El entonces director de la Policía confiaba en el periodista y, además, sabía de su cercanía con el presidente Petro. Por lo anterior, decidió ponerlo en la Dijin y le pidió que se reuniera con la jefa de contrainteligencia, coronel Julie Ruiz, para aportar su información. La coronel se sentó con Ortiz. Sin embargo, cuando supo que el oficial había reunido varias pruebas —seguimientos, análisis de vínculos y otros cruces de información— empezó a desconfiar. A su juicio, él no debía tener acceso a ese material. Para despejar cualquier duda, le exigió una prueba de polígrafo.

El mayor Ortiz perdió la prueba y confesó que la información que tenía era la misma que había sido robada de los archivos de la Dipol en 2019. También aseguró que esa información se la había proporcionado el periodista que lo puso en contacto con el general Salamanca. Aun así, y sin que el general Salamanca estuviera al tanto, el mayor Ortiz —quien en un comienzo había sido asignado a la Dijín— terminó respaldando al director de Interpol, el coronel Mario Durán. Desde entonces, empezó a trabajar en llave con el fiscal Andrés Marín.

El 7 de agosto de 2023 el fiscal Marín volvió a reunirse con la coronel Julie para hablar del caso de Papá Pitufo. Durante la reunión, Marín aseguró tener información sensible sobre corrupción al interior de la Policía y mencionó nombres de oficiales de altísimo rango, presuntamente comprometidos con la estructura. El poder del contrabandista llegaba a tal nivel que, según Marín, había influido en la conformación de la terna para fiscal general. En ese mismo espacio, el fiscal aludió a la existencia de un contacto directo entre su agente encubierto, el intendente Álvaro Galvis y Pitufo. Con el paso de las semanas, los investigadores establecieron que ese enlace era Camilo Gómez, el mismo que había acompañado a Galvis a su primer encuentro con el ministro Velasquez. 

En el entretiempo, la Dipol había avanzado lo suficiente en sus pesquisas sobre corrupción en la Polfa de Cartagena como para ordenar una intervención directa en esa unidad. La operación se ejecutó en la última semana de ese mes y lo que encontraron encendió todas las alarmas: varias fuentes internas señalaron al intendente Álvaro Galvis —quien actuaba como agente encubierto del fiscal Andrés Marín— de avisar sobre la intervención de contrainteligencia. Según esos testimonios, Galvis no solo conocía anticipadamente los operativos, sino que, al parecer, en realidad trabajaba para la misma estructura que debía infiltrar. Lo normal en estos casos es que los agentes encubiertos posen como integrantes; lo anormal, que filtren las operaciones contra la estructura. 

La coronel Julie contactó de inmediato al fiscal Andrés Marín y le contó de los señalamientos contra varios policías, entre ellos el intendente Galvis. En ese momento, la contrainteligencia desconocía que era el agente del fiscal. La reacción de Marín fue inesperada. En lugar de profundizar en las denuncias, cuestionó cómo la contrainteligencia había obtenido esa información y expresó preocupación por la exposición de su fuente. Desde ese momento, la relación entre el despacho del fiscal Marín y la Dipol se fracturó de forma irreversible. Contrainteligencia continuó la investigación por su cuenta, convencida de que dentro del propio proceso judicial se estaban produciendo filtraciones en favor de la estructura criminal. El fiscal, por su parte, continuó sus pesquisas con Interpol (coronel Durán y mayor Ortiz).

A comienzos de septiembre de 2023, el general Salamanca advirtió que el mayor Ortiz había llegado a Interpol y estaba apoyando la investigación de Andres Marin. El movimento le disgustó, pues se había hecho sin consultarlo. Salamanca había perdido la confianza en Ortiz y buscó la manera de sacarlo de Interpol. Habló con el general Jorge Luis Ramírez, entonces director de la Dijín. Este le respondió que no podían mover a Ortiz porque era pieza clave para el fiscal Marín.

Las dos investigaciones contra la estructura de Diego Marin –la de Interpol y la de contrainteligencia– continuaron de manera paralela. La coronel Julie y su equipo detectaron que el mayor Mario Sarmiento, secretario del entonces director de la Polfa, general Héinar Puentes, era el encargado de reclutar para la estructura de Pitufo a todos los policías que llegaban a los puertos. 

Las pruebas recolectadas por los oficiales muestran que, en septiembre del 2023, el mayor Sarmiento fue quien puso en contacto a los recién nombrados jefes de Polfa en Cartagena y Pereira, capitán Peter Steven Nocua y el teniente coronel Abdon Melo, respectivamente, con Papá Pitufo. La contrainteligencia los dejó actuar y, un mes después, a comienzos de octubre, los llamó para proponerles un negocio que no podían desperdiciar: cárcel o colaboración. Los oficiales aceptaron la propuesta de convertirse en agentes encubiertos, no sin antes advertir que quien llegara a esos cargos sería incapaz de denunciar a sus superiores y a un hombre como Pitufo.

Con el aval de la entonces vicefiscal, Martha Mancera, y del fiscal anticorrupción, Edwin Alirio Calderón, la contrainteligencia formalizó su investigación el 23 de octubre, en un radicado oculto, marcando el paso definitivo de la inteligencia a la judicialización del caso. La fiscal Paola Londoño quedó como líder del proceso.

Ese mes ocurrió uno de los sucesos que más se le ha reprochado públicamente a la contrainteligencia. El 10 de octubre se llevó a cabo una reunión de alto nivel de la que terminó fugándose información a Pitufo. Al encuentro asistieron el ministro de Defensa, Ivan Velasquez; la coronel Julie; el fiscal Marin y su superior, el fiscal Leonardo Quevedo, que ha sobrevivido varias administraciones como Director de Delitos Fiscales. Aunque había varios puntos críticos de la investigación, el principal desencuentro fue la ubicación de Papá Pitufo. El fiscal Marín aseguró que tenían evidencia de que estaba en Colombia. Incluso presentó un video para respaldarlo. Los oficiales de contrainteligencia replicaron que, según los registros migratorios oficiales, no había rastro de su ingreso al país. 

Lo cierto es que los datos de la reunión llegaron a Pitufo, quien salió del país días después. Tras un breve regreso el 29 de octubre, partió definitivamente el 19 de noviembre rumbo a Madrid. Allí fue capturado meses más tarde. Es extraño que, a sabiendas de que le pisaban los talones, Pitufo hubiera regresado a Bogotá a finales del mes. La filtración, en todo caso, no podría atribuirse sólo a la contrainteligencia cuando –desde el principio– el agente encubierto del fiscal Marin era de absoluta confianza de Camilo Gomez, íntimo de Pitufo. Ahí empezó la guerra.

Enfrentamientos sin tregua

Eran obvios los enfrentamientos de los grupos y que cada uno de ellos tenía el respaldo de un poderoso del gobierno: contrainteligencia, el del máximo líder del sector Defensa, el ministro Velásquez; la Interpol, el Andrés Idárraga que, según las fuentes, como secretario de transparencia, pedía información sobre los desarrollos del proceso y apoyaba los adelantos del fiscal Marin. Salamanca, hasta ese momento, estaba en la mitad. 

En medio de esa guerra, los rumores para desprestigiar un lado de la investigación empezaron. En diciembre del 2023, al director de la Policía el informaron que Interpol tenía pruebas de que un sobrino del ministro Velasquez hacía parte de la estructura de Pitufo. El tal sobrino era Camilo Gómez, que no es familiar del ministro. Aunque fuentes advierten de la cercanía de Gómez con otros altos funcionarios del gobierno, como Idárraga, el secretario de Transparencia aseguró que no lo conoce.

En todo caso, los equipos aceleraron sus procesos, pero concluyó más rápido el de la contrainteligencia y, a principios de marzo del 2024, la fiscal Paola Londoño logró las órdenes de captura contra Pitufo y los otros líderes de su organización: Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, conocido como el zar del contrabando; Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millo, conocido como el zar de los cigarrillos; el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, secretario privado de la POLFA en el 2023; coronel (r) Alexander Galeano Ardila, y el exintendente José Helí Álzate Moncayo, alias Alejo. 

Semanas después, el 1 de abril, el fiscal Marín trató de pedir las órdenes de captura de su proceso, dentro de las que estaba la de Pitufo y la de Nocua, el agente encubierto de la contrainteligencia. La audiencia fue interrumpida por una llamada que recibió el funcionario en plena diligencia en la que le notificaron que, por orden de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, debía entregar ese proceso a la fiscal Londoño. Ese episodio fue registrado en CAMBIO. Luego, en una entrevista con este medio la fiscal Camargo dijo que lo hizo porque Marin fue “inoperante” con esa investigación.

En todo caso, hasta ese momento, las autoridades no habían dado con la cabeza mayor de la organización: Pitufo. Varias fuentes consultadas por este medio aseguron que ocurrieron ciertas extrañezas en Interpol que generaron la desconfianza tanto del director de la Policía como del ministro de Defensa. Hasta la fecha, nadie entendía por qué no se había emitido la circular roja que permitiría la captura de Marín en el extranjero. El general Salamanca tuvo que pedirle a un funcionario ajeno a la Interpol que la subiera. Así, pudieron capturar a Pitufo en España con ayuda de la Guardia Española. El episodio determinó la salida del coronel Durán y el mayor Ortiz de la institución. 

Fuentes le dijeron a CAMBIO que, en ese momento, Idárraga llamó al menos a tres personas para frenar la salida del coronel Durán y el mayor Ortiz. En diálogo con este medio, el secretario de transparencia negó esa intermediación. A finales de ese año se produjeron dos movimientos en el gobierno que terminaron inclinando la balanza a favor de la investigación de Andrés Marín. Según confirmaron altas fuentes del Gobierno a CAMBIO, el fiscal logró reunirse con el presidente Gustavo Petro para exponerle los avances de su expediente, construido en coordinación con Interpol y al margen de la línea que venía trabajando contrainteligencia. Ese acercamiento no fue el único. En paralelo, Marín sostuvo un encuentro con Andrés Idárraga, entonces alto funcionario del Ejecutivo, a quien le dijo sentirse objeto de presiones dentro de la propia Fiscalía y le solicitó respaldo institucional. 

Casualmente, en febrero del 2025, por orden del presidente Petro, el general Salamanca salió de la Policía. Semanas después, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, renunció. Salamanca fue reemplazado por el general Carlos Fernando Triana, quien duró menos de ocho meses en el cargo. Ese año, de manera sorpresiva, el mayor Ortiz fue reencauchado como asesor de contrainteligencia de la DNI, que era dirigida por Jorge Lemus. Fuentes dijeron que en ese nombramiento también medió el periodista, con quien CAMBIO se contactó y que negó cualquier tipo de intermediación con Velásquez, Salamanca y Lemus. Sea como sea, no sería ilegal que el periodista teja puentes entre sus fuentes y el gobierno. 

La llegada del general William Rincon, el poder de Idarraga, los escoltas de Abelardo y la purga de la Policía

Siempre que nombran a un nuevo director de la Policía ocurren movimientos naturales. Sin embargo, con la llegada del general William Rincón se desató una purga sin precedentes, no solo por el tamaño sino por la cuestionable motivación de los traslados y retiros que el ordenó. Pocos días después de su llegada, Rincón terminó con la comisión al exterior a la que había sido enviada la coronel Julie Ruiz, mientras que a los miembros de su equipo de contrainteligencia, los trasladó a Arauca, Norte de Santander y Cauca. No fueron los únicos. 

• Traslados castigo: la jugada del nuevo director de la Policía

A finales de diciembre de 2025, el coronel Jorge Mora —exdirector anticorrupción de la Dijin y pieza clave en las investigaciones contra la estructura de Papá Pitufo— fue notificado de que, por decisión del director de la Policía, se daba por terminada su comisión en el exterior. La medida no es menor. En la práctica, como ocurrió con la coronel Julie Ruiz, ese tipo de decisiones suelen anticipar la salida definitiva de la institución en cuestión de meses. El ruido de los movimientos se agudizó con la decisión del presidente de retirar de la Policía al reputado general Edwin Urrego, el mismo que estuvo en la Dijin cuando se expidió la orden de captura contra Papá Pitufo y cuando salieron de la Interpol el coronel Durán y el mayor Ortiz. 

Sin embargo, tras la salida de Urrego se esconde una novela de envidia, intrigas y chismes. El tema va mucho más allá del anónimo que acusaba a Urrego de fraguar un plan para plantar droga al presidente.

Fuentes dijeron a CAMBIO que hubo dos desencuentros del general Urrego con el gobierno. El primero, semanas después de la muerte de Miguel Uribe, cuando el candidato Abelardo de la Espriella le pidió reforzar su esquema de seguridad porque su esposa había sido perseguida. Urrego, de inmediato, dispuso cuatro uniformados de la Policía para cuidarlo. El candidato también tocó las puertas de la Dirección de Protección, que dispuso otros siete oficiales para su protección Es decir, de la Espriella terminó con once policías cuidando su espalda. 

El esquema robusto no pasó inadvertido para el ministro del Interior, Armando Benedetti, vecino del candidato en la lujosa urbanización Lagos de Caujaral en Barranquilla. Urrego confirmó a CAMBIO que supo de la molestia del ministro por el tamaño del esquema de seguridad del candidato de La Espriella en comparación con el suyo. No fue el único desencuentro entre Urrego y el ministro.

El punto de quiebre ocurrió el 11 de noviembre del 2025, cuando la magistrada Cristina Lombana allanó la vivienda del ministro con apoyo de la policía de Barranquilla, comandada por Urrego. Esto, dicen las fuentes, desató la ira del ministro. Un mes más tarde, apareció el anónimo contra el general.

Así las cosas, el general Urrego acabó sumando una serie de episodios que hoy, sin haber cometido falta alguna, lo tienen por fuera de la institución: haber estado al frente de la Dijin cuando se capturó a Diego Marín, se desmontó la línea de Interpol y se hizo el operativo contra alias Calarcá; sus choques por el esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella, y el allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti. Ninguna de las anteriores justifica que el presidente lo haya retirado. 

Los movimientos de los oficiales hacen parte de una recomposición del poder dentro de la Policía y de las agencias de inteligencia, en las que el expediente Papá Pitufo se convirtió en el eje de una confrontación silenciosa que terminó fracturando el gobierno. El exdirector de la DNI, Jorge Lemus, aceptó en los medios de comunicación que, desde mediados del 2025, estaba detrás de la decisiones sobre ascensos, traslados o retiros. En ese momento, a Lemus ya lo asesoraba el mayor Cesar Ortiz, que salió con cuestionamientos de narcotráfico y contrabando y estuvo del lado de la investigación de Interpol contra el contrabandista de la que quedaron más dudas y filtraciones a la prensa que judicializaciones. El único ganador en esta historia sigue siendo el contrabandista.