Leonidas Bustos.
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Cartel de la toga: condenan a 10 años de prisión a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema
La decisión la tomó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que insistió en la orden de captura, incluso con circular roja de Interpol, contra Bustos quien vive en Canadá. Detalles.
El otrora todopoderoso José Leonidas Bustos Martínez, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2015, acaba de ser condenado a 10 años de prisión por su participación en el peor escándalo de corrupción que ha tocado la justicia colombiana: el cartel de la toga.
La decisión la tomó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, corporación que adelantó el juicio en contra de Bustos, quien fue acusado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Bustos Martínez, quien fue dos veces presidente de la Sala Penal de la Corte y un conocedor en detalle de la justicia, optó por salir del país y vivir en Canadá. Tiene una orden de captura vigente en su contra y ahora, en el fallo condenatorio, la Sala ordenó librar nuevamente la orden de detención, “incluyendo la notificación Roja a Interpol”.
“Teniendo en cuenta que de acuerdo con registros migratorios el procesado salió del territorio nacional con destino a Canadá el 28 de noviembre de 2018 y a la fecha no registra ingreso al país, se dispone oficiar a la Oficina Central Nacional INTERPOL para activar el trámite de publicación de una notificación Roja ante la Secretaría General de ese organismo, con el propósito de lograr la captura
con fines de extradición del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez”, dice el fallo de 395 páginas.
El origen del caso y el rol de Bustos
La condena se emitió por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Este caso involucra a Luis Gustavo Moreno Rivera, un abogado que había ascendido rápidamente en su carrera, y quien pasó de defender a personajes de la talla de Luis Alfredo Ramos y de escribir un libro sobre los 'falsos testigos', a ser jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General.
Moreno fue detenido por las autoridades de Estados Unidos luego de que, en una reunión en ese país, le pidiera una coima al entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Ese expediente reveló la existencia de un entramado ilegal que buscó direccionar procesos en la Corte Suprema a cambio de millonarias sumas de dinero que se conoció públicamente como el ‘cartel de la toga’.
Por este caso ya fueron condenados Moreno, los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández. En el caso de Bustos, este fue investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y declarado indigno y acusado el 18 de junio de 2021 por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
Bustos fue condenado por haberse concertado con múltiples personas para participar en este entramado que acudió a políticos procesados para pedirles dinero y tratar de frenar las investigaciones en su contra como Musa Besaile y Álvaro Ashton. En este caso, Besaile confesó que 2.000 millones de pesos y a Ashton se le cobraron 1.200 millones de pesos. Sus casos estaban en el despacho de Gustavo Malo.
Moreno, convertido en testigo, dijo que él le entregó a Bustos 200 millones de pesos, que eran del anticipo de 600 millones que pagó Ashton. A eso se sumó un reloj Cartier Ballon Bleu avaluado en 42.969.977 millones que se compró en efectivo.
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Una dura condena
La sentencia en su contra fue firmada por los magistrados Blanca Nélida Barreto, Jorge Caldas y Ariel Torres quienes enfatizaron en la gravedad de los hechos y en el daño que esto generó tanto en la sociedad como en la administración de justicia. Eso se tuvo en cuenta a la hora de graduar la pena en su contra.
“(…) máxima intensidad del dolo en la comisión del punible, pues creó una organización criminal con un exmagistrado de la misma Corporación y del Consejo Superior de la Judicatura, quienes junto con otro magistrado titular (Gustavo Malo Fernández) y abogados litigantes acordaron aceptar promesas remuneratorias para favorecer a dos congresistas (…) la necesidad de la pena para que esta clase de conductas jamás se vuelvan a repetir, dado el pésimo mensaje enviado al conglomerado social que perdió la credibilidad en el más alto tribunal de la Justicia ordinaria y de contera en los demás administradores de justicia”, dice el fallo.
La sentencia dice que Bustos actuó con dolo, que fundó una asociación delictiva para torcer a la justicia, sin importarle el gravísimo daño reputacional que esto implicaba para la Corte Suprema de Justicia y en general a la administración de justicia.
“No hay duda de que la intensidad del dolo con el que actuó Bustos Martínez fue máxima, pues aprovechando que tenía a su cargo el trámite de las actuaciones que se adelantaban en la Sala de Casación Penal contra los miembros del Congreso de la República que estaban siendo investigados por parapolítica, aceptó la promesa remuneratoria de dos senadores que resultaron favorecidos con su conducta omisiva, por cuanto dichas investigaciones se paralizaron durante algún tiempo y si bien no lograron el objetivo final de beneficiarse con la prescripción de la acción penal, ello obedeció al descubrimiento por parte de las autoridades de los Estados Unidos de la actividad delictiva que se estaba llevando a cabo”, insiste el fallo.
La decisión de la Corte Suprema compulsa copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investigue los bienes que Bustos recibió “como producto directo o indirecto de las actividades ilícitas objeto de condena”.
Igualmente, compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que se investigue a Bustos por el mismo escándalo pero por otro hechos, específicamente en el caso de Julio Eugenio Gallardo Archibold. Esto, ya que según declaración de Luis Gustavo Moreno Rivera habría acudido al ‘Cartel de la Toga’ en busca de una decisión de preclusión a favor en un caso que Bustos tenía como ponente.
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus manifestó ante la Fiscalía General de la Nación que el exmagistrado Camilo Tarquino le exigió el pago de una considerable suma de dinero para ayudarlo en los procesos penales que dicha entidad adelantaba en su contra, arguyendo que parte de esos dineros estarían presuntamente dirigidos a Bustos.
