Leonidas Bustos y la deshonra de la justicia
Leónidas Bustos Martínez. Fotoilustración: Kim Vega-CAMBIO.
En 2012, cuando Leónidas Bustos presidía la Sala Penal de la Corte Suprema, empezó a trazar, junto con Francisco Ricaurte, lo que más tarde sería conocido como el infame cartel de la toga. La sentencia que lo condena a diez años de prisión no solo marca su responsabilidad; es un reclamo silencioso contra quien, sin pudor, vendió la función que se le había confiado. Queda un sabor agridulce, pues Bustos vive tranquilo en Canadá, prófugo de la justicia.
De aquella icónica imagen de Leonidas Bustos Martínez sentado en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, escuchando testigos en juicios tan importantes como los de la parapolítica, no queda nada. Tampoco hay rastro del magistrado que se imponía al cruzar los pasillos de la Corte y en los eventos de la rama judicial. El jurista que se creía intocable y trataba con arrogancia hasta a sus propios colegas pasó de estar cabizbajo en la Comisión de Acusaciones en el Congreso, cuando estalló el cartel de la toga, a aparecer por videoconferencia en el juicio en su contra, prófugo de la justicia. Ahora, su foto aparecerá en una circular roja de Interpol.
Bustos llegó a la Sala Penal en 2008 desde la academia. Tolimense, alto, de voz pausada y aguda, el abogado era el mandamás. Su poder escaló rápidamente y lo hacía sentir en la Corte en una época en que la elección de un magistrado que se hacía con 16 votos podía frenarse fácilmente con unos cuantos acuerdos. Fue presidente de la Sala Penal en dos periodos consecutivos —2012 y 2013—, un hecho inédito hasta hoy. En 2015 presidió la Corte Suprema de Justicia.
Eran otros tiempos. La Corte Suprema seguía con los procesos de parapolítica, y estaba adelantando el juicio al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por corrupción, así como otros casos relevantes que hoy parecen historia patria. Han pasado menos de diez años y Bustos Martínez ha sido negado múltiples veces por sus amigos de antaño, mientras que la justicia trata de reparar el daño causado por el escándalo que sacudió desde adentro a la corporación: el cartel del toga.
- Cartel de la toga: condenan a 10 años de prisión a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema
Era el 15 de agosto de 2017. Los periodistas esperaban asentados en el pasillo interno del Palacio de Justicia, junto a la puerta de entrada a la Corte Suprema. Arriba, en la Sala Penal, en la misma mesa sobria ubicada en el tercer piso, deliberaban, y luego abrieron las puertas de ese escenario para pedir a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes que, de manera célere, escudriñara las grabaciones que enlodaban a dos expresidentes de la Corte en un entramado corrupto que ofrecía torcer procesos a cambio de plata.
Se trataba de Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, quien había salido de la Corte en 2016. Semanas después, la propia Corte le pidió la renuncia al magistrado activo Gustavo Malo Fernández en un hecho sin precedentes. Era el principio de un ocaso estrepitoso. Bustos se defendió con todo, negó participación alguna en este cartel, cuyo nombre aún ofende a los funcionarios judiciales del país por haber manchado la toga. Paradójicamente, aquel hombre que se valía de ser la representación de la justicia salió del país el 28 de noviembre de 2018 y optó por no dar la cara.
Justicia al mejor postor
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Los hechos que lo tienen evadiendo la justicia son ampliamente conocidos. Bustos lideró junto con Ricaurte —ya condenado— esa organización ilegal, de la que también hicieron parte Gustavo Malo y Luis Gustavo Moreno, el prometedor abogado que escaló rápidamente hasta la Fiscalía Anticorrupción y cayó preso en Estados Unidos por pedirle plata al exgobernador Alejandro Lyons. Esas charlas que expusieron la corruptela, cabe aclarar, no fueron pesquisas de las autoridades colombianas.
Moreno, quien le decía ‘papá’ a Bustos, dijo que le pidieron 2.000 millones a Musa Besaile y 1.200 a Álvaro Ashton. Ambos eran investigados en ese entonces por parapolítica. El primero fue después condenado y el segundo confesó todo ante la JEP. De hecho, sus versiones originaron una compulsa por la cual es indagado el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda. De esas coimas, Bustos se quedó con al menos 200 millones de pesos y, de paso, se echó al bolsillo la credibilidad de la justicia.
Bustos negó la plata como negó ‘al hijo’. Dijo que Moreno lo buscaba a él en los pasillos de la Universidad y que este se ‘aparecía’ en los lugares que visitaba, como un día en 2012, en Panamá, en un evento académico del que quedó una foto, así como en una cena de Navidad en Miami, Florida, en 2014. Incluso, lo señaló de infiltrar a su cuerpo de escoltas. Dijo que sus versiones eran inverosímiles y que le habían quebrantado su honra y buen nombre. Aseguró que tuvo que irse del país hacia Ottawa, Canadá, por presuntas agresiones, que vive de su pensión y que debe más de 1.500 millones de pesos.
Declarado indigno en 2018 tras juicio político en el Congreso, el proceso de Bustos le tocó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que se creó en ese año. Sus magistrados fueron claros y advirtieron que “es una utopía suponer que el juez puede encerrarse en una urna en donde se aísle totalmente de esa ola mediática”, pero que eso no les afecta su imparcialidad. De ahí, pasaron a señalar, en 395 páginas, varios elementos de responsabilidad.
La nuez: Bustos fue hallado responsable por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, no solo por ser partícipe sino por liderar el cartel de la toga, un entramado que, contrario a lo que quiso argumentar el exmagistrado, sí existió. La condena dice que Ricaurte y Bustos **“empezaron a gestar la creación de una empresa criminal” desde 2012; es decir, cuando Bustos era presidente de la Sala Penal, para “**vender la función jurisdiccional”.
También afirma que fueron ellos quienes vincularon a Gustavo Moreno (y no al revés), porque los magistrados no podían ser vistos públicamente con los ‘clientes’ y que con la empresa en marcha se sumaron personas como Gustavo Malo y Camilo Andrés Ruiz, exmagistrado auxiliar que luego se sumó al cartel para permear la Sala Penal junto a Alfredo Bettín. El cartel era una estructura jerárquica, con Ricaurte como uno de los líderes, Moreno haciendo el trabajo sucio, y Malo y Bustos cumpliendo la tarea en la Sala Penal.
“Es indiscutible, asimismo, que la asociación delictiva tuvo por finalidad cometer tantos delitos como congresistas y otros aforados acudieran a sus servicios y tuvo vocación de permanencia en el tiempo, pues de acuerdo con las pruebas que obran en este proceso, sus actividades se idearon a partir de 2012 y se desplegaron entre 2013 y 2017, esto es, hasta cuando las autoridades norteamericanas la pusieron en evidencia”, dice el fallo.
La justicia le dio plena credibilidad a Moreno, testigo que narró en detalle cómo funcionó esta organización ilegal, que fue condenado por este caso y hoy tiene vía libre para litigar. Moreno contó que, por orden de Bustos, lo llamó Gerardo Torres, conocido como Yayo, esposo de Luz Mabel Parra, magistrada auxiliar del magistrado, para invitarlo a trabajar con él en una oficina de abogados. Pero como no lo dejaban intervenir en la repartición de honorarios, Moreno se quejó y Bustos lo mandó a donde Francisco Ricaurte. Buscaron oficina en un sector exclusivo de Bogotá y desde allí se buscaron los clientes.
Moreno narró el modus operandi, las personas que buscaron, y lo que tenía que hacer cada quien. No solo fueron Musa y Ashton, también Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Gallardo Archbold, Juan Carlos Abadía (quien llegó a ser representado por la esposa de Bustos), entre otros. Bustos “asumía el compromiso de respaldar las decisiones” que tomara el magistrado Gustavo Malo, quien era el ponente de la mayoría de las investigaciones que les interesaban dentro de la Sala Penal para afianzar su credibilidad entre los colegas.
Un elemento relevante de esta sentencia es que la Sala de Primera Instancia le da un rol clave a Martha Cristina Pineda, esposa de Bustos, “para concretar los acuerdos ilícitos y realizar el reparto del botín”. ¿Cómo? Las reuniones del cartel se hacían en su casa en Ciudad Salitre, así como en la de Ricaurte.
Las influencias
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Este fallo solo tiene en cuenta los casos de Musa y Ashton, pero la existencia de otros clientes por los que fueron condenados Ricaurte, Moreno, Camilo Tarquino y Luis Ignacio Lyons, fueron indicativos para acreditar que este cartel sí existió y que hubo otras entregas de dinero.
Por ejemplo, se indica que Moreno le pidió 1.500 millones de pesos al exalcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro, quien quería presentar una demanda de casación contra una condena de 40 años que le habían impuesto por homicidio. Hubo múltiples reuniones y el abogado las usó para decirle a Chaparro que había estado en reuniones con Bustos, Torres y Cristina Pineda, y que la suma de dinero debía ser así de elevada para conseguir, al menos, la admisión de la demanda. El exalcalde no aceptó.
Hay otra revelación: Moreno dijo que el entonces representante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo Archbold tenía un proceso en el despacho de Bustos que estaba para alegatos pre-calificatorios; es decir, a punto de lo que llamaran a juicio. Gallardo buscó a Moreno y este habló con Bustos, quien, según la declaración de Moreno, le exigió entre 250 y 300 millones de pesos.
El congresista sí entregó 200 millones con el objetivo de conseguir una preclusión del caso. Moreno le dio una parte a Bustos, pero el magistrado terminó acusándolo porque el congresista se negó a atender las sugerencias jurídicas que le estaba enviando a través de Moreno para defenderse. Por cuenta de ello, Moreno le devolvió la plata a Gallardo, pero tuvo que hacerlo con un préstamo, porque Bustos no le habría devuelto su parte. Hay testimonios que afirman que esto no es cierto; sin embargo, la Sala de Primera Instancia compulsó copias a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes para que adelante las pesquisas correspondientes y determine si hay lugar a un nuevo proceso judicial.
Igualmente, Moreno mencionó otro episodio en el que no hubo pago irregular pero sí se habría dado un acto de corrupción: un proceso del exgobernador Lucas Segundo Gnecco Cerchar en el que se habrían comprometido a demorarlo. Acá lo relevante era la influencia y un intercambio de favores, ya que Ricaurte “tenía aspiraciones políticas y Bustos necesitaba el apoyo del Congreso para su compañera Martha Cristina Pineda, quien había sido postulada por el presidente de la República para ocupar un cargo de magistrada en la Comisión de Disciplina Judicial y requería el respaldo de toda la clase política para su aspiración”.
El poder de Bustos era enorme y su expediente también incluía supuestas influencias indebidas ante Eduardo Montealegre, entonces fiscal general, para que este firmara un contrato a favor de Moreno como asesor del despacho y así poder sufragar los gastos de la oficina de abogados que compartía con Ruth Marina Díaz y Ricaurte. Moreno declaró que esto se intentó y entregó un contrato que se firmó el 16 de junio con la Fiscalía por Marcela Yepes (esposa de Carlos Felipe Córdoba), quien era directiva en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión de la entidad.
El contrato era por 139 millones de pesos para prestar asesoría. Esto demuestra, dice la Corte, que Montealegre sí gestionó ante Yepes la suscripción del contrato a favor de Moreno. Lo que no se pudo probar con certeza es que Bustos haya tenido relación alguna con esta gestión, sino que se la achacó a Ricaurte.
El indigno ocaso de Leonidas Bustos
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Bustos quedó condenado a 10 años y 2 meses de prisión, una pena que los críticos ya consideraron baja ante la gravedad de los hechos. También deberá pagar una multa de 133 millones de pesos y se libró de manera inmediata la captura con notificación roja de Interpol. El expresidente de la Corte podrá argumentar que esta es una sentencia de primera instancia, que la puede apelar ante la Sala Penal y que eso mantiene intacta su presunción de inocencia. Si bien esto es cierto, no hace menos ‘duro’ el golpe tremendo que acaba de recibir. La sentencia de primera instancia insiste en su capacidad académica, el rol de liderazgo que tuvo en la Sala Penal y en la Sala Plena y públicamente como vocero de la Corte Suprema de Justicia.
Su conducta, lo afirma bien la Sala de Primera Instancia, fue “demostrativa del nulo respeto que tenía por la institución de la que hacía parte, ante la cual juró dar estricto cumplimiento del orden jurídico, pero del que se apartó tan pronto sus compañeros de Sala depositaron en él su confianza al elegirlo y reelegirlo como su presidente, voto que reiteraron al elegirlo vicepresidente y luego como presidente de la Corporación”.
La decisión firmada por Blanca Nélida Barreto, Ariel Torres y Jorge Caldas insiste en que Bustos actuó “con la deleznable finalidad de incrementar exponencialmente su propio patrimonio económico, sin importarle el grave daño que irrigaba no solo a la entidad que depositó en él su confianza, sino en general a toda la rama judicial, que se vio menoscabada en su credibilidad, buen nombre y prestigio adquirido durante décadas de arduo trabajo luchando contra la criminalidad”. Bustos conocía sus deberes. Sabía que de los magistrados se espera decoro, honradez, moralidad, probidad, responsabilidad y transparencia y seguir la ley, sin reparo alguno.
El expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla le dijo a CAMBIO que el cartel de la toga es una triste página para la historia de este país que ahora la Corte, por fin, reivindica. “Es una tranquilidad para el pueblo colombiano que la misma Corte pone por encima el valor de la justicia, de la ley y hace justicia incluso contra alguien que fue parte de la misma. La Corte ha hecho justicia”, señaló.
Se trata de una sentencia que aun en primera instancia envía el mensaje de que sí es posible reivindicar la manchada toga de los jueces, pero que también tiene un factor agridulce: Bustos logró salirse con la suya y está tranquilo viviendo en Canadá, a pesar de tener orden de detención que, en adelante, tendrá impreso el sello rojo de Interpol.
