Defensoría del Pueblo alerta sobre posibles confrontaciones entre grupos armados en el sur de Bolívar

Una de las zonas estratégicas para la movilidad y logística de organizaciones armadas ilegales en el sur de Bolívar es el corredor conformado por los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, pues por allí se facilita el transporte de economías ilícitas.

La presencia de las estructuras ilegales ha originado una creciente afectación humanitaria que impacta la vida cotidiana de las comunidades, marcada por el miedo, la imposición de normas armadas y severas restricciones a la movilidad.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el escenario de riesgo se configura por la disputa de rentas asociadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Este contexto se agrava luego de la suspensión del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que provocó su repliegue hacia la serranía de San Lucas –considerada su retaguardia histórica en la región–; además, de manera paralela, la expansión del Clan del Golfo hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras.

La entidad advirtió particularmente sobre la incidencia del bloque Arístides Manuel Mesa Páez, subestructura frente Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, así como del frente de guerra Darío Ramírez Castro y la subestructura Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Igualmente, se reporta la presencia de grupos disidentes de las extintas Farc, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos armados y represalias contra la población civil.

Hechos violentos en el sur de Bolívar

Ante las posibles afectaciones a la población civil, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como por el uso de drones para lanzar explosivos, con impactos directos sobre bienes y personas civiles.

En labores de seguimiento, la entidad registró un accidente con minas antipersona que causó la muerte de un ciudadano en el corregimiento El Paraíso, jurisdicción de Montecristo, en julio de 2025. Un mes después, se presentó otro hecho similar en la vereda Altos de las Brujas, del mismo municipio, que dejó una persona fallecida y cinco más heridas. En octubre de ese mismo año, se reportaron ataques con drones cargados de explosivos que impactaron una cancha de fútbol y una vivienda en una zona rural del municipio.

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Así mismo, se reportaron confinamientos masivos que afectaron a más de 3.205 familias en 23 comunidades rurales de Montecristo. También se documentaron secuestros y prácticas de trabajo forzado, que incluyeron la coacción a miembros de la comunidad para trasladar personas heridas o los cuerpos de quienes murieron durante enfrentamientos armados.

La Defensoría también alertó sobre homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados. En el corregimiento Caimital, en Río Viejo, se registró un ataque que dejó a un menor de edad herido, en medio de amenazas y la circulación de listas de personas señaladas como objetivos. En el caserío La Sábana, de Norosí, se reportó un secuestro, mientras que en el corregimiento Buena Seña, del mismo municipio, dos pobladores fueron torturados y asesinados con arma de fuego, presuntamente por integrantes del ELN.

Riesgo para menores de edad

La Defensoría del Pueblo advirtió, además, un endurecimiento del control social ejercido por los actores armados, evidenciado en la instrumentalización de algunas juntas de acción comunal (JAC), la estigmatización, las amenazas contra liderazgos sociales, comunitarios y servidores públicos, así como la imposición de normas de conducta bajo presión.

“De forma particular, el riesgo es crítico para niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes están expuestos al reclutamiento, uso y utilización, así como a violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, en un entorno donde el temor y el dominio armado dificultan la activación oportuna de las rutas institucionales”, señala la alerta temprana.

La Defensoría también advirtió sobre el impacto en la educación rural, debido a amenazas que han provocado el desplazamiento de docentes y la interrupción del servicio educativo en sectores de Norosí y Montecristo.

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Acciones coordinadas y urgentes

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 18 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida, coordinada y con enfoque de seguridad humana.

Entre las medidas propuestas se encuentra la convocatoria urgente de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), del Ministerio del Interior. Igualmente, la entidad considera fundamental reforzar las acciones de protección y control territorial en cabeceras municipales y corredores rurales priorizados, así como implementar herramientas tecnológicas para prevenir y mitigar ataques con drones.

Finalmente, la Defensoría insistió en la necesidad de fortalecer los subcomités de prevención y protección, adoptar medidas específicas para la protección integral a los menores de edad, ejecutar acciones urgentes de demarcación y educación sobre el riesgo de minas antipersona, priorizando la atención y asistencia humanitaria a las víctimas.