Violencia armada y grupos criminales, el tormento que padecen los arauqueños desde hace décadas

El patrullero Esmely Manrique Valencia y su compañero Wilmer Antonio Aguilar hicieron una parada rápida para comer en un restaurante a la salida del municipio de Toledo, en Norte de Santander. Su objetivo era llegar temprano a Yopal, Casanare, donde los esperaba el senador Jairo Castellanos.

El trayecto, de cerca de cinco horas, debía atravesar el departamento de Arauca, una zona de alto riesgo por la presencia de la columna Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del frente 28 de las disidencias de las Farc. Conscientes del peligro, aceleraron el paso para evitar cualquier contratiempo.

Los dos escoltas también acompañaban a tres funcionarios del equipo del senador, quienes se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca que transitaba a pocos metros detrás, intentando seguirles el ritmo.

En la vía que conecta a Fortul con Tame, en un sector conocido como Mata de Cacao, cuatro integrantes del ELN abrieron fuego durante varios minutos contra la camioneta. El ataque dejó como saldo la muerte de los dos escoltas del senador.

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“Me masacraron a mis muchachos”, expresó Castellanos tras el atentado, en un video en el que relató que llevaba años trabajando con ellos: uno desde hace una década y el otro desde hacía dos años. “Hacían parte de nuestra familia”, agregó. El senador envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y destacó que “ofrendaron su vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”.

La acción terrorista generó el rechazo de dirigentes políticos de todo el país, entre ellos el ministro Armando Benedetti, quien afirmó: “Hablé con él, estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas”.

Desplazamiento, reclutamiento y confinamiento: las consecuencias de la violencia en Arauca

El departamento de Arauca ha registrado un aumento significativo de la violencia en los últimos tres años, con al menos 652 homicidios entre 2022 y 2025. Esta situación está relacionada, principalmente, con la disputa territorial entre la columna Domingo Laín del ELN y las disidencias de las Farc.

Los enfrentamientos entre estas estructuras ilegales obedecen al control de corredores estratégicos para el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores de edad.

Para el analista Andrés Valenzuela, la porosidad de la frontera con Venezuela facilita la movilidad de los grupos armados ilegales y dificulta las operaciones de las autoridades contra sus cabecillas.

“La presencia de ambos grupos ilegales ha provocado el desplazamiento forzado de familias, el confinamiento de comunidades rurales y el reclutamiento de menores”, explica el analista.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional por avanzar en acuerdos de paz con estos grupos armados, la población civil continúa en alto riesgo. Las autoridades locales y nacionales enfrentan el reto de garantizar la seguridad, la movilidad y el respeto por los derechos humanos.

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Las recomendaciones de la Defensoría se centran en establecer rutas de acción prioritarias para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía araucana y disuadir de manera efectiva el accionar violento contra la población civil, incluidos líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

**“**Por lo tanto, y teniendo en cuenta los escenarios de riesgo actuales, las autoridades competentes de los niveles nacional, departamental y local deben poner en marcha medidas de prevención, atención y protección. El accionar de los grupos armados no estatales ha derivado, pese a las advertencias de esta entidad, en graves afectaciones a la vida, integridad, seguridad y libertad de distintos grupos poblacionales”, señala una alerta temprana de la Defensoría.

Según la entidad, las dinámicas del conflicto armado han impactado de manera severa a los municipios de Arauquita y Tame, así como a Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena, Fortul y la capital departamental, Arauca. “Esta situación dificulta el normal desarrollo de las labores de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgo social y comunitario, tanto en zonas urbanas como rurales”, advierte el organismo.

Presencia de grupos ilegales en Arauca

El grupo con mayor presencia en el departamento es el frente Domingo Laín Sanz del ELN, cuyo cabecilla es alias Dumar, quien tendría bajo su mando a cerca de 200 hombres armados y más de 600 integrantes de redes de apoyo.

En la región también opera la comisión Martha Elena Varón, perteneciente a la misma estructura ilegal, liderada por alias Napo, con injerencia en varias veredas del municipio de Tame.

El control de la zona rural de Fortul estaría bajo el mando de alias Yordy, cabecilla de la comisión Omaira Montoya Henao, integrada por cerca de 100 hombres armados que buscan dominar el corredor fronterizo.

En el municipio de Saravena las autoridades han identificado la presencia de la comisión Ernesto Che Guevara, comandada por alias Boyaco, que mantiene una fuerte confrontación con el frente 28 de las disidencias de las Farc.

En la zona rural de Arauquita opera la comisión Camilo Cienfuegos, al mando de alias Aguilar, dedicada al secuestro, los ataques contra el oleoducto y el reclutamiento forzado de menores.

Igualmente, se ha identificado la injerencia delictiva de alias Danny, cabecilla indígena de la comisión Compañero Tomás, con operaciones entre Fortul y Saravena.

Finalmente, las autoridades alertan sobre una nueva estructura denominada comisión Pedro Montañez, que también seguiría órdenes de alias Danny y delinquiría entre Tame y el departamento de Casanare, así como la comisión Rafael Villamizar, con presencia en Arauca capital y Cravo Norte.