“Nos da la razón”: Ministerio de Educación responde al informe de la Contraloría sobre la desfinanciación de universidades públicas

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la situación financiera de las 34 universidades públicas del país en los últimos años, en el que se advierte sobre una desfinanciación estructural que afecta a estas instituciones. Frente a este panorama, el Ministerio de Educación reconoció las dificultades históricas del sistema y aseguró que ha venido tomando medidas para fortalecer la sostenibilidad financiera de estas instituciones.

El informe analiza cifras correspondientes a los años 2019 y 2022 sobre ingresos, gastos, estructura de costos, solvencia y endeudamiento de las universidades, entre otros aspectos. Los resultados evidencian desigualdades en la asignación de recursos, desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios, presión del pasivo pensional, niveles críticos de endeudamiento, insuficiencia de los aportes estatales y un aumento sostenido de los gastos de personal.

El problema no es reciente. Se trata de un desfinanciamiento estructural acumulado durante más de 30 años, derivado de la Ley 30 de 1992, que estableció un esquema de financiación atado al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin considerar el aumento real de los costos de la educación superior.

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“El reciente informe sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior que publicó la Contraloría, aunque va hasta 2022, le da la razón a lo que venimos diciendo desde el Ministerio de Educación Nacional, lo que ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro, que las universidades públicas sufren un desfinanciamiento estructural de más de 30 años…”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Teniendo conocimiento de la crisis que han enfrentado las universidades públicas por cuenta del modelo de financiación que manejan, el Ministerio de Educación del Gobierno de Petro ha incrementado la asignación de recursos para la educación superior. La inversión para este año alcanza cerca de 15 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 13 billones corresponden a transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

Se ha fortalecido la financiación de la gratuidad en la matrícula, programa que en 2023 contó con una inversión cercana a los 1,8 billones de pesos y que para 2026 alcanza los 3,2 billones de pesos, que benefician a más de 900.000 estudiantes.

De igual forma, el Gobierno puso en marcha un proyecto orientado a transformar la infraestructura de la educación superior pública. Entre 2023 y 2026 se han ejecutado 2,2 billones de pesos en infraestructura física y tecnológica, con más de 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios. Para esta iniciativa se aprobaron vigencias futuras por cerca de 6,7 billones de pesos, lo que garantiza la continuidad de la inversión a diez años.

A estas medidas se suma la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, aprobada por el Congreso, que modifica el modelo de financiación de la educación superior pública al reemplazar el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices). Este cambio permite a las universidades recibir mayores recursos para ampliar cobertura, cerrar brechas y avanzar en la formalización laboral.

“Siempre hubo en Colombia un modelo que priorizaba esquemas de endeudamiento, negocios privados, que les daba a las universidades públicas migajas, recursos apenas atados al IPC, siendo que los costos de la educación superan con creces este índice de precios. Por eso, las medidas que estamos tomando desde el Ministerio de Educación son las correctas”, sostuvo el ministro Rojas.

Sin embargo, el ministerio considera que aunque apoya el control fiscal, el informe de la Contraloría debe incluir información completa y actualizada, pues no incorpora el análisis presupuestal de las entidades públicas ni los recursos adicionales ejecutados a partir de 2023, especialmente aquellos destinados a la política de gratuidad, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades.

Además, según la cartera, el reporte considera como ingresos disponibles recursos asociados a la administración de convenios y contratos de terceros, pese a que entre el 70  y el 92 por ciento de estos tienen destinación específica, lo que limita su uso para gastos institucionales.

En cuanto al pasivo pensional de las universidades públicas, el ministerio explicó que las cifras corresponden a obligaciones de largo plazo proyectadas a varias décadas y no a presiones fiscales inmediatas. La entidad considera que el informe “sobredimensiona su impacto” al comparar el pasivo agregado con el presupuesto total del Estado, cuando la participación de las universidades públicas no supera el 1 por ciento  del gasto pensional nacional.

Por estas razones, el ministerio informó que se encuentra en comunicación con la Contraloría para avanzar en un análisis conjunto del informe.