La millonaria movida detrás de la prórroga entre la Alcaldía de Barranquilla, el Concejo y la Triple A
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, propuso al Concejo aprobar el uso gratuito de la infraestructura por parte de la Triple A.
La cesión gratuita del uso de la infraestructura pública a la Triple A, aprobada de manera exprés, abrió serias preguntas jurídicas y financieras. El distrito podría dejar de recibir miles de millones que terminarían beneficiando a socios privados, según los críticos.
Por: Rainiero Patiño M.
La noticia fue vendida como una ganancia para la ciudad. El propio alcalde, Alejandro Char, anunció de manera efusiva que el Concejo de Barranquilla había aprobado a la empresa Triple A el uso de la infraestructura pública de acueducto y alcantarillado por un periodo de 20 años más, a partir de 2033. Pero detrás del anuncio hay una letra menuda que da vía libre para que los barranquilleros dejen de recibir miles de millones de pesos y buena parte de estos se vayan a los bolsillos de unos pocos particulares, según alertan los críticos.
A simple vista, la intención de garantizar la infraestructura para que la empresa de servicios públicos de Barranquilla siga funcionando no tendría por qué generar críticas suspicaces. Pero el trasfondo de la movida política tiene varias implicaciones jurídicas y administrativas, al no haber claridad sobre el nuevo modelo de negociación ni sobre el inventario de bienes autorizados para usar. Así las ‘aguas’ no parecen tan cristalinas como las pinta Char.
El comunicado oficial de la Alcaldía de Barranquilla calificó la aprobación del Concejo como un paso decisivo para asegurar la continuidad y la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad. Char dijo que esto también “asegura más inversiones y una ciudad pensada a largo plazo, para que los servicios esenciales sigan acompañando el crecimiento y el bienestar de nuestra gente”.
Es cierto que el distrito de Barranquilla es el accionista principal de Triple A, por lo que fortalecer su capacidad de gestión y de inversión también significa proteger un activo público estratégico. Pero en el medio están también los intereses de los socios privados. Y el hecho de que la aprobación del uso gratuito de la infraestructura haya sido de manera exprés en el Concejo no dejó un buen mensaje en la ciudadanía.
“Vuelve y juega”
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Región Caribe, dice que lo extraño es que el alcalde Char le haya propuesto al Concejo prorrogar a la Triple A el uso de la infraestructura por 20 años más en 2026 si el contrato se vence solo hasta 2033.
Aunque el hecho no es nuevo, porque la Alcaldía de Barranquilla y el Concejo ya hicieron una movida similar en 2000, cuando la concesión se vencía hasta el año 2013, es decir, cuando faltaban 13 años para que se le devolviera al distrito todos sus activos de infraestructura.
Según Alarcón, con un análisis inicial se puede hablar de un posible detrimento contra los intereses del distrito; y, en segundo lugar, hay que preguntarse por qué se entrega el uso de la infraestructura de manera gratuita.
Esta entrega sin pagos parece una decisión ilógica si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos, Barranquilla ha recibido, en promedio, 50.000 millones de pesos anuales por las acciones que tiene la ciudad en la empresa, según datos informados por la Alcaldía a la Liga de Usuarios. Monto que debía subir este año, si se tiene en cuenta la nueva composición accionaria.
“A partir del año 2033, chao dividendos. Lo que consideramos que es un despropósito porque el distrito le va a dar a la Triple A una infraestructura en forma gratuita como si no tuviera utilidades, cuando las utilidades de la Triple A en los últimos años ha sido alrededor de los 150.000 millones de pesos anuales”, detalla el representante de los usuarios.
¿Un acuerdo incumplido?
Otra de las preguntas que se pueden hacer alrededor de la decisión y que es negativo para los intereses de los barranquilleros es: ¿por qué la Alcaldía no ha hecho que se cumpla el acuerdo que firmó el alcalde Jaime Pumarejo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en febrero de 2023?
La historia es que antes la mayoría de las acciones de la Triple A estaban en manos de Inassa, una holding de Canal Isabell II, una compañía pública de Madrid, que tenía el 82 por ciento de la empresa barranquillera. Los ibéricos fueron los amos de la empresa durante 20 años, bajo lo que hoy es considerado un contrato leonino.
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Según las cuentas de la Liga de Nacional de Usuarios de la Región Caribe, con información de la Fiscalía, los barranquilleros perdieron un poco más de 300.000 millones de pesos bajo la administración de los españoles, quienes salieron en medio de un escándalo de corrupción de este y de aquel lado del océano. Entre otras cosas, los europeos cobraban un contrato de asesoría del 4,5 por ciento del recaudo bruto mensual.
‘El castillo de naipes’ se derrumbó después de que, en España, Edmundo Rodríguez Sobrino, el principal dirigente, cayó preso por corrupción y terminó contando todo lo que ocurría en Barranquilla. Así, después de la intervención de la Fiscalía General de la Nación, ese 82 por ciento de las acciones fueron embargadas por la SAE con fines de extinción de dominio en 2018. El distrito tenía el 14,5 por ciento de las acciones en ese momento.
Esto dio pie para el acuerdo entre el entonces alcalde Pumarejo y la SAE, según el cual el distrito de Barranquilla compraba el 82 por ciento de las acciones embargadas a los españoles, a través de la figura de enajenación temprana, que está en la ley de extinción de dominio.
Pero el problema es que el distrito no compró de manera directa esas acciones, sino a través de K-Yena SAS, que es la empresa de alumbrado público de Barranquilla, en la cual la Alcaldía tiene el 65 por ciento de las acciones y un grupo de empresarios privados el 35 por ciento.
“En esta empresa están empresarios como los hermanos Daes (dueños de Tecnoglass) y el finado William Vélez, entre otros importantes. El acuerdo también estipulaba que esos privados tenían que vender esas acciones al sector público para que se quedara con el ciento por ciento, pero no se ha cumplido”, dice Alarcón. Lo que quiere decir que, con la nueva prórroga gratuita para la Triple, los privados son de los más beneficiados ya que les dan infraestructura por 20 años sin pagar nada.
Según datos suministrados por la misma Alcaldía de Barranquilla a la Liga de Usuarios, hoy el distrito tiene el 68 por ciento de las acciones, los privados de K-Yena tienen el 28 por ciento y hay un remanente de un 3,4 por ciento en manos de accionistas minoritarios, en su mayoría usuarios.
“Pero la actual administración distrital y la Triple A no han hecho nada para que se cumpla ese acuerdo. Lo que puede ser objeto de una demanda de acción de cumplimiento. De eso no dicen ni una palabra, el alcalde ni los concejales. Prácticamente los únicos que hemos hablado de eso somos los de la Liga de Usuarios”, insiste Alarcón.
“Nadie sabe lo que se le va a entregar, ni bajo qué figura”
La prórroga a la Triple A fue aprobada en la plenaria del Concejo de Barranquilla el pasado 28 de enero. De los 21 concejales activos, solo dos votaron en contra del proyecto presentado por Char. Uno de estos fue Antonio Bohórquez (Polo Democrático), quien dice que parece que ni la propia Alcaldía sabe cuál es la infraestructura que se le va a entregar a la empresa.
Bohórquez dice que los funcionarios que presentaron el proyecto en el Concejo no supieron responder esa pregunta y que si fuese dinero, por ejemplo, debería aparecer en el presupuesto. “¿Cuánto y qué es lo que vamos a entregar?, ¿cuánto vale?, ¿estamos hablando de tuberías, estaciones, subestaciones, tanques, megatanques y todo lo demás? Eso fue lo que pregunté y nunca se me respondió”, señala.
Hay otro elemento que parece no fue tenido en cuenta en el momento de la decisión y es que no se tiene claro cuántas comunidades o barrios en Barranquilla han entregado recursos propios para poder hacer algunas de esas obras de la infraestructura, a través de programas como ‘Barrios a la obra’, que incluyeron mejoras en redes de acueducto y alcantarillado.
Otro de los enredos que tiene la decisión del Concejo, según Alarcón, es que se pasa de una figura legal de concesión a “un negocio jurídico diferente” y el motivo parece ser que el término concesión es sinónimo de regalías.
“Yo he ganado varias acciones populares, donde le pido a la Triple A que haga nuevas redes, porque la mayoría del sur de la ciudad tiene alcantarillado de asbesto cemento y siempre responden que no lo hace la empresa sino con plata del distrito. Esas regalías también han servido para nutrir el fondo de distribución de solidaridad y redistribución. ¿De dónde van a salir esos miles de millones de pesos? Cuando la ley me dice claramente que es si tú cambias la fuente de recursos, tú debes decirme por dónde va a entrar la plata”, agrega Alarcón.
Las cifras de la empresa están bien documentadas. Según su informe público, Triple A cerró 2024 con un Ebitda de 340.934 millones de pesos, cumpliendo el 103 por ciento de su presupuesto y logrando un crecimiento del 13,4 por ciento en ingresos respecto a 2023.
Por lo que el vocero de los usuarios dice que con la nueva prórroga van a salir beneficiados los particulares y nadie parece interesarle aclarar los detalles de la millonaria movida.
