Condenan a 35 años de cárcel al mayor (r) del Ejército Alirio Urueña, por su responsabilidad en la masacre de Trujillo

A finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990, decenas de campesinos fueron secuestrados y asesinados en fincas convertidas en centros de tortura en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca). Más de 35 años después, un juez dictó sentencia condenatoria en contra de uno de los altos mandos del Ejército Nacional implicados en la masacre. 

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga condenó al mayor (r) Alirio Antonio Urueña por su participación en múltiples violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de comunidades rurales. La decisión marcó el cierre de un extenso proceso judicial que permitió reconocer la participación de miembros de la fuerza pública en crímenes sistemáticos.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representó a las víctimas de la masacre en el caso, destacó que el fallo declaró a Ureña como responsable de homicidio agravado con fines terroristas por la muerte de al menos 25 personas. Además, el exoficial también fue hallado responsable por los delitos de secuestro agravado y concierto para delinquir.

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“La sentencia reafirma que la violencia en Trujillo respondió a una lógica contrainsurgente, en la que la población civil fue tratada como enemiga interna, y en la que la sospecha de colaboración con la guerrilla bastó para justificar secuestros, torturas y asesinatos”, explicó Cajar sobre la sentencia con la que se reconoció la verdad histórica de los crímenes.

En el desarrollo del proceso contra Ureña, se determinó que los asesinatos y desapariciones se cometieron entre miembros de la fuerza pública y estructuras paramilitares que operaban en la región. Además, se confirmó que el mayor en retiro participó directamente en la ejecución y planificación de los delitos investigados en el proceso.

El rol del mayor (r) Alirio Urueña en la masacre de Trujillo

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1988 y 1994 se reportaron 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada en Trujillo. Por eso, organizaciones de víctimas destacaron la condena contra el Urueña como un paso histórico en la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el noroccidente del Valle del Cauca.

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Uno de los elementos más destacados de la sentencia contra el mayor en retiro del Ejército corresponde a los detalles sobre su rol en la ejecución de vulneraciones sistemáticas a los derechos de la población civil. El Juzgado Segundo Penal de Buga determinó que Urueña no solo ignoró advertencias, omitió funciones o actuó como observador, sino que ejerció control sobre algunas operaciones.

El colectivo Cajar explicó que el juez del caso reconoció que Urueña condujo interrogatorios en los que fueron torturados campesinos y coordinó con miembros de grupos al margen de la ley aspectos logísticos para cometer los crímenes. Asimismo, se determinó que su participación no fue circunstancial, sino que formó parte de un plan sistemático de violencia.

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“En estos hechos en concreto se determina que existió un concierto para delinquir de carácter agravado por cuanto se concertó con los narcotraficantes y paramilitares de las regiones para cometer los crímenes, que son de naturaleza agravada y crímenes de lesa humanidad”, explicó el cofundador de Cajar, Eduardo Carreño Wilches.

En su sentencia, el juez advirtió que las víctimas de asesinatos, torturas y secuestros fueron trasladadas a fincas del municipio tras ser obligadas a salir de sus residencias o abandonar sus puestos de trabajo. Por eso, el funcionario judicial concluyó que se presentó una división de actividades criminales para conformar un patrón de violencia que se repitió en diferentes zonas durante la década de 1990.

Juez ordenó la captura inmediata del mayor (r) Alirio Urueña

El despacho concluyó en su decisión que los hechos fueron cometidos con extrema sevicia para generar temor entre los pobladores de Trujillo. En algunos casos, las víctimas fueron trasladadas a una finca conocida como Las Violetas, donde se reportaron múltiples muertes violentas de ciudadanos que fueron arrojados al río Cauca para ocultar los cuerpos e impedir su identificación.

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Una de las víctimas reconocidas en el proceso contra el exoficial del Ejército Nacional es Tiberio de Jesús Fernández Mafla. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue castrado, decapitado y mutilado en uno de los hechos más violentos de la masacre de Trujillo, por lo que se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la violencia paramilitar en la región.

El cierre del proceso contra Urueña se logró tras varias décadas de exigencias y acciones impuestas incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese proceso ante la instancia internacional permitió que el Estado reconociera la responsabilidad del Estado en los crímenes por la acción u omisión de servidores públicos.

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Cajar destacó que, pese a que la sentencia del Juzgado Segundo Penal de Buga es de primera instancia, el juez ordenó la captura inmediata de Urueña debido a la gravedad de los hechos investigados. Para el funcionario judicial, el mayor (r) representa un riesgo para la sociedad y es necesario adoptar medidas para evitar que intente evadir a la justicia.

En la siguiente etapa del proceso, el colectivo Cajar y las víctimas de Trujillo esperan que se ratifique la decisión inicial contra el mayor en retiro involucrado en la masacre. Por el momento, la sentencia de primera instancia establece una multa superior a los 6.900 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por los próximos 20 años.