Tribunal ordena posesionar a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional: ¿qué sigue?

Han pasado casi dos años desde que la controversia por la designación del rector de la Universidad Nacional generó una serie de manifestaciones que provocaron incluso un paro indefinido. Sin embargo, las disputas por la dirección de la institución de educación superior más importante del país mantienen en vilo a la comunidad académica, que ahora deberá ajustarse a un nuevo giro en el proceso.

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En noviembre pasado, la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional por considerar que en el proceso en el que fue designado Peña no se presentaron irregularidades. En su decisión, la alta corte determinó que el máximo órgano de la institución pública desconoció la legalidad del nombramiento inicial.

El fallo del Consejo de Estado dio luz verde para que el Consejo Superior Universitario (CSU) avalara el retorno de Peña al más alto cargo de la institución pública. No obstante, en contraste con las pretensiones del profesor, los miembros del órgano colegiado decidieron designar a Andrés Felipe Mora como rector encargado.

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Tras varias horas de discusión, los miembros del CSU decidieron que quien hasta noviembre pasado se desempeñó como vicerrector estuviera al frente de la institución mientras avanza el proceso de escogencia del rector en propiedad. Desde entonces, Mora fue designado como responsable de garantizar la continuidad académica y administrativa en la universidad.

Una reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá volvió a sacudir el tablero del poder en el interior de la institución. En respuesta a una tutela interpuesta por Peña, la Sala Tercera Laboral revocó el fallo de primera instancia que había negado la acción legal y ordenó al CSU adoptar, en un plazo de 48 horas, las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del profesor.

Las razones por las que se ordenó posesionar a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

El Tribunal Superior de Bogotá detalló que el acta mediante la cual el CSU eligió a José Ismael Peña como rector para el periodo 2024-2027 sigue vigente. En su decisión, la Sala Tercera Laboral explicó que ese acto administrativo no fue anulado ni suspendido, por lo que conserva su presunción de legalidad y debe ser cumplido en el menor tiempo posible.

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En criterio de los magistrados, el Consejo Superior hizo una lectura inadecuada de un fallo previo del Consejo de Estado al asumir que existía una imposibilidad jurídica de posesionarlo y declarar una supuesta vacancia. Al no existir una decisión judicial que invalidara el acto de elección, la administración estaría obligada a respetar sus efectos.

El tribunal también sostuvo que impedir el ejercicio de la rectoría, pese a la vigencia del acto, vulneró derechos fundamentales como el acceso y desempeño de funciones públicas, el debido proceso y el trabajo. Por eso recordó que, cuando no existe una decisión judicial que anule o suspenda una designación, el elegido tiene derecho a posesionarse y desempeñar efectivamente el cargo.

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“El derecho previsto en el artículo 40 de la Constitución protege no solo el acceso formal al cargo, sino también la posesión y el ejercicio efectivo cuando se han cumplido los requisitos legales y no existe decisión judicial que prive al elegido de tal condición”, explicó el Tribunal Superior de Bogotá en su decisión de este 17 de febrero.

Finalmente, la Sala subrayó que la autonomía universitaria no habilita a desconocer un acto administrativo válido ni a neutralizar sus efectos por vías distintas al control judicial. Con ese argumento, revocó la sentencia de primera instancia, concedió el amparo y ordenó al CSU adoptar en 48 horas las medidas necesarias para garantizar que Peña ejerza el alto cargo.

¿Qué sigue para la Universidad Nacional tras la decisión sobre la elección de Ismael Peña?

Diego Torres, exrepresentante de los docentes ante el CSU de la institución pública, explicó a CAMBIO que es posible que el órgano colegiado decida dejar en el cargo como rector encargado a Andrés Mora. Sin embargo, juristas consultados plantean que desatender la providencia podría configurar el delito de prevaricato por omisión.

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CAMBIO conoció que este 17 de febrero se realizaría una sesión del CSU, en la que se atendieron otros asuntos institucionales y no se discutió sobre la orden de posesionar a Peña como rector para finalizar el periodo 2024-2027. No obstante, fuentes cercanas al órgano señalaron que en las próximas horas deberá convocarse una reunión extraordinaria para dar cumplimiento al fallo, si se tiene en cuenta el plazo otorgado.

“Lo que debería hacer el rector encargado es renunciar de manera irrevocable y darle la entrada y el paso al profesor Peña. No renunciar es, a mi juicio, una afrenta contra la academia. Y la academia los va a recordar por siempre si no cumplen con la decisión del tribunal”, explicó Torres, quien ha tenido múltiples disputas con otros miembros del CSU.

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El rector encargado de la universidad pública ha reiterado que los líos jurídicos en torno a la elección del rector de la institución serían muestra de la necesidad de democratizar la estructura de gobierno interna. En diálogo con CAMBIO, Mora había manifestado en diciembre pasado que no tenía entre sus planes aspirar a la rectoría para el próximo periodo.

En el plano institucional, el eventual regreso de Ismael Peña obligará a redefinir el encargo de Andrés Felipe Mora y a ajustar la hoja de ruta de la Mesa Constituyente Universitaria, un proceso orientado a modificar normas que regulan la vida universitaria. En ese sentido, voces en el interior de la universidad coinciden en que la institución entrará, otra vez, en una fase de transición con la que espera concluir con las controversias jurídicas y administrativas que iniciaron en abril de 2024.