Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, asesinado en 1994. Crédito: Colprensa.
Corte Interamericana se pronuncia sobre los asuntos pendientes en la condena por el crimen de Manuel Cepeda Vargas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución en la que advierte que continúa abierta la supervisión al Estado sobre la orden que le impartieron para que juzgue y sancione a los responsables de la “ejecución extrajudicial” del exsenador y reconocido dirigente de la Unión Patriótica.
Por: Ana María Cuesta
En la mañana del 9 de agosto de 1994, el senador de la Unión Patriótica -UP- Manuel Cepeda Vargas fue asesinado a tiros, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, mientras se desplazaba en su vehículo desde su casa hacia el Congreso de la República. Tenía 64 años. El crimen del dirigente del Partido Comunista Colombiano, quien también ejerció como periodista en el Semanario Voz, se produjo cuando recién había sido elegido en el Senado para un periodo que culminaría en 1998.
En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- había dictado medidas cautelares para procurar la protección de Cepeda Vargas y de otros dirigentes de la UP que se encontraban en estado de riesgo ante el exterminio político que inició contra su colectividad desde el año 1984. Pero dichas medidas no pudieron parar el baño de sangre contra el partido que emergió de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Belisario Betancourt y la entonces guerrilla de las Farc.
Por el asesinato de Cepeda, en el que quedó probada la participación de dos sargentos retirados del Ejército -condenados por el crimen que cometieron en alianza con paramilitares y otros agentes del Estado que aún siguen por identificarse-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2010 al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y derechos políticos del reconocido dirigente de izquierda.
En dicha sentencia, la Corte impartió 11 órdenes a las autoridades colombianas entre ellas que se garantice la seguridad y la atención psicológica de las víctimas acreditadas en el expediente -entre los que figura el actual senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, hijo de Manuel Cepeda-; también ordenó la realización de un documental y otras acciones de memoria y un mandato para que el Estado avance en las investigaciones para dar con las otras personas implicadas en el crimen.
Aunque Cepeda Vargas perteneció a la Unión Patriótica, su caso no fue analizado dentro del expediente que cursó en la Corte Interamericana por el genocidio de su partido. El caso de Cepeda, que provocó una de las primeras condenas internacionales contra el país por un crimen de Estado, fue abordado de manera individual en el sistema interamericano.
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Los pendientes del Estado colombiano sobre la sentencia por el crimen de Cepeda
Periódicamente, la Corte realiza un examen sobre el cumplimiento de las múltiples órdenes que dicta en sus condenas estatales. En el marco de dicha supervisión, el pasado 9 de diciembre notificaron una resolución en la que advierten que el Estado colombiano continúa aún en deuda con dos puntos de la sentencia sobre Manuel Cepeda Vargas: encontrar, juzgar y sancionar a los responsables de su muerte y garantizar que sus familiares reciban seguridad del Estado y no deban acudir al exilio.
La Corte advirtió que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la octava orden de la sentencia que insta a las autoridades colombianas a “conducir eficazmente las investigaciones para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda Vargas”.
Y que también mantendrá la supervisión sobre la novena orden de “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas, y prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución en su contra con posterioridad a la notificación de la Sentencia”.
En la última supervisión que se realizó de la sentencia, en el año 2020, la Corte reiteró las mismas órdenes. Y es que el Estado colombiano no ha podido esclarecer, 31 años después de la ejecución del crimen, qué otras personas estuvieron detrás del mismo, como lo pidió la Corte Interamericana. Por este crimen solo hay dos condenas que fueron dictadas en el año 1999: la de los sargentos (r) Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, sentenciados a 43 años de cárcel.
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“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del Senador Cepeda Vargas no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales”, señaló la Corte en su sentencia en el año 2010.
La instancia internacional instó nuevamente al Estado para que adopte, “en definitiva y a la mayor brevedad posible, las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las medidas de reparación” relacionadas con la seguridad y las investigaciones de los demás responsables del asesinato.
Las víctimas no desean la atención psicológica ordenada en la sentencia
En la última resolución que analizó el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia, la Corte Interamericana dio por cumplidas las órdenes relativas a la realización de una publicación y de un documental audiovisual sobre la vida política y periodística del senador Cepeda Vargas, y la orden relacionada con la atención médica y psicológica para las víctimas.
La Corte expresó que la familia del exsenador Cepeda Vargas no desea recibir la atención ordenada. “El 18 de febrero de 2022, los representantes de la familia del Senador Manuel Cepeda Vargas […] informaron que ‘actualmente, la familia no desea hacer parte de la atención’”, le señaló un representante del Ministerio de Salud a la Corte.
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“El Tribunal observa que la presente medida de reparación ha estado bajo supervisión de cumplimiento por más de diez años en el marco de la supervisión conjunta, sin que los representantes hayan presentado información o solicitudes específicas relativas a su implementación para alguna de las víctimas del presente caso”, señaló la Corte.
Han pasado tres décadas desde el asesinato sin que la justicia colombiana tenga certeza sobre la identidad de otros implicados en el crimen y también han pasado 15 años sin que el Estado colombiano termine de cumplir con todo lo ordenado por el tribunal internacional.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar-, que ha representado a la familia Cepeda, advierte que la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado significativamente en la investigación para llegar a los autores intelectuales del crimen, puesto que se han presentado “estrategias dilatorias como el cambio reiterado de fiscales, impidiendo el acceso a la verdad y la justicia”.
