La Fiscalía develó una red de corrupción en el Ministerio de Defensa relacionada con el billonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17. Crédito: Ejército Nacional de Colombia.
Dejan en libertad a tres exfuncionarios procesados por presunta corrupción en contrato de helicópteros MI-17
Los implicados continuarán vinculados a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por un contrato de 32 millones de dólares, del cual más de 13 millones no habrían sido recuperados por el Estado.
Por: Valentina Giannini
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Una jueza de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a tres exfuncionarios del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional investigados por presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17.
Se trata de Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación 32 del Ejército Nacional.
Las presuntas irregularidades en el contrato por 32 millones de dólares
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los tres exfuncionarios estarían involucrados en irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems Company, por un valor cercano a los 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte habría avalado de forma irregular prórrogas en la presentación de cotizaciones, y participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin el respaldo técnico correspondiente y la idoneidad de la empresa contratista, a pesar de que esta había sido descartada por el comité evaluador.
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En el caso de Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía sostiene que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y modificó requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin contar con indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional.
Por su parte, Hugo Alejandro Mora Tamayo habría suscrito el contrato el 31 de diciembre de ese año, a pesar de conocer presuntas irregularidades en el proceso. Además, habría autorizado una modificación en la forma de pago que permitió un anticipo del 50 por ciento del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
La Fiscalía dijo que, aunque el contrato ya había sido declarado en incumplimiento, el anticipo se terminó pagando en abril de 2025. Según la investigación, el contratista solo habría realizado trabajos por unos 2,6 millones de dólares y, hasta el momento, no se ha devuelto más de 13 millones de dólares que no fueron ejecutados.
