Procuraduría pide detención domiciliaria para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

Este lunes 15 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, continuó la audiencia en la que se definirá si los exministros del interior y de hacienda del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, serán cobijados o no con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, como solicitó la Fiscalía, mientras transcurren las investigaciones en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

Los exministros fueron imputados el pasado primero de diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ambos fueron señalados por el ente acusador como los presuntos líderes de una “empresa criminal” que presuntamente direccionó irregularmente 79 proyectos por 612.237 millones de pesos, provenientes del Invías y de la UNGRD, para tranzar el voto favorable de varios congresistas para dos reformas cruciales que tramitaba el gobierno entre mayo de 2023 y febrero de 2024.

En la diligencia, el delegado de la Procuraduría Mario Enrique Gómez respaldó la solicitud de la Fiscalía y le solicitó a la magistrada Aura Alexandra Rosero que envíe a detención domiciliaria a los exministros salpicados en el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro. “Una medida de aseguramiento no es una condena”, expresó.

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“La solicitud de la medida y los fines constitucionales a los que se ligan pretenderían evitar el relacionamiento de quienes hoy no ostentan un cargo oficial, pero tienen, dice la Fiscalía, una influencia política de tal magnitud que puede incidir en los funcionarios o contratistas que hoy se encuentran pendientes de vinculación formal a la investigación. La medida en su residencia con restricción de visitas y comunicaciones resultaría idónea y sería necesaria”, señaló el procurador.

En la diligencia, el abogado del exministro Bonilla se opuso a la solicitud de privarlo de la libertad. “¿Cuál es la urgencia de una medida de aseguramiento que convierta el domicilio del profesor Bonilla en una prisión para él cuando ha pasado un año y medio y no se ha tomado ninguna determinación y no ha existido ningún elemento o manifestación que haga urgente ninguna medida de aseguramiento”, señaló el penalista Mauricio Pava.

El apoderado del exministro de hacienda aseguró que desde que estalló el escándalo de corrupción de la UNGRD su cliente no se ha comunicado con ninguno de los involucrados. “¿En un año y medio el profesor Bonilla se ha comunicado con alguien de las personas investigadas? Para poder determinar una medida de aseguramiento que priva de la libertad debe ser un pronóstico hacia el futuro”, puntualizó Pava.

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A su turno, la apoderada del exministro del Interior, Rosa Helena Suárez, criticó la labor de la Fiscalía al advertir que no han realizado un trabajo riguroso pues, en su criterio, han presentado versiones “maleables, ajustadas y acomodadas, una y otra vez, para quienes buscan beneficios procesales”.

“Es jurídicamente inadmisible convertir un acto unilateral de corrupción, ejecutado por Olmedo López en concurso con Sneyder Pinilla y otras personas, en un supuesto indicio de concierto liderado por el ministro Bonilla”, añadió la penalista.

“Lo que la Fiscalía presenta como direccionamiento ordenado por Velasco se reduce únicamente a las palabras de un declarante interesado. La Fiscalía deja de lado algo elemental: el dicho de un imputado carece de eficacia para estructurar si no se encuentra corroborado por elementos externos. Aquí esa corroboración no existe”, puntualizó la defensora de Velasco.