Saqueo en la Triple A: juez declara la extinción del dominio de casa vinculada con Ramón Navarro

El Juzgado Penal Especializado de Extinción de Dominio del Circuito Judicial de Barranquilla declaró la extinción del dominio de una casa ubicada en la exclusiva urbanización Lomas de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, ligada a la familia de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla. 

Según el expediente, se trata de una casa que compró su esposa Janeth Margarita Lux de Navarro en el año 2014 y por 237 millones de pesos, vivienda de la que posteriormente se declaró una construcción por 423 millones de pesos, que en 2017 fue registrada como patrimonio familiar y que, según la Fiscalía, habría sido adquirida con los millonarios recursos que el exgerente de la Triple A saqueó de su entidad.

En 2018, Navarro aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad documental, en el marco de un escándalo de corrupción transnacional que se destapó en España por las operaciones fraudulentas de la sociedad Canal Isabel Segunda para lograr un desfalco de 23 millones de euros a través de transacciones con sus filiales en Latinoamérica. 

En Colombia, según la Fiscalía, dicha operación fue ejecutada a través de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), compañía española que figuró como la mayor accionista de la Triple A. Las empresas asociadas suscribieron un contrato de asistencia técnica en el año 2.000 en el que la Triple A debía remunerar con un 4,5 por ciento del total de su recaudo a Inassa, a cambio de ciertos servicios que esta le suministraría, como un software. Pero se pagaron 236.000 millones de pesos, por lo menos durante 17 años, sin que la española cumpliera sus compromisos, configurando un saqueo.

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Ramón Navarro fue señalado por la Fiscalía de haberse apropiado, junto a otros funcionarios de la Triple A y de Inassa, de 27.879 millones de pesos de los recursos de la empresa barranquillera que presta los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado. Dicha apropiación ilegal se ejecutó a través de al menos 60 operaciones ficticias entre los años 2012 y 2015.

Fiscalía: la casa se compró con recursos del ‘latrocinio’

Aunque la defensa de Janeth Margarita Lux de Navarro asegura que la vivienda familiar en el exclusivo condominio Lagos de Caujaral fue adquirida con recursos lícitos, la Fiscalía plantea que “parte de los recursos con los que se compró y se construyó este inmueble provienen de los recursos derivados del latrocinio de la empresa Triple A SA ESP, apropiados por el señor Ramón Navarro”.

El apoderado de Janeth Lux aseguró que ella compró la casa en Puerto Colombia con sus ingresos por concepto de “salarios, pensión, retiro de recursos de Leasing Bancolombia, ingresos producto de las inversiones en la compañía Navarro Lux e hijos de 2013 a 2017 y el préstamo de la empresa Diseños y Telas SA, todo lo cual se halla debidamente documentado”.

La defensa de la cónyuge de Navarro también alegó que contra ella no existen investigaciones por enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía pretende trasladar en su contra elementos de los procesos penales de su marido y que las actividades ilícitas de este último no le generaron frutos económicos a la familia pues, según ellos, de esos recursos se apropiaron otros.

“Todo el dinero producido por la defraudación ejecutada con la participación de Ramón Navarro Pereira contra los recursos de la empresa Triple A fue transferido a través de la firma Recaudos & Tributos al grupo empresarial del que formaba parte INASSA, sin contaminar el patrimonio de la familia Navarro Lux”, señaló la defensa de la esposa de Navarro.

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El veredicto: la casa fue comprada con recursos de Ramón Navarro

El juez Milton Joel Bello desvirtuó los argumentos de la esposa de Ramón Navarro advirtiendo que un informe que ella presentó para demostrar la procedencia lícita de la casa "revela inequívocamente que la mayor parte de los recursos económicos para su compra y construcción fue aportada por el señor Ramón Navarro Pereira”, a través del patrimonio líquido en efectivo que era consignado en sus cuentas.

La decisión judicial citó un testimonio de Navarro de 2023 en el que reveló cómo hicieron para adquirir su casa. “Yo le compro esto al señor Enrique Casas Mendoza. ¿A través de quién? A través de un señor que es corredor de bien raíz. Tiene una empresa de compra y venta de… y gana su, su comisión, que es un señor que se llama apellido Senior, creo que es. Bueno, Senior. Con Senior hablamos con Casas Mendoza y Casas Mendoza tenía un terreno grande que se dividió en cuatro, de 1,600 metros cada uno. Yo compré el mío y conseguí socios para los otros tres terrenos. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar, porque no alcanzaba la plata. Entonces bajo ese esquema yo me hice al lote donde está situada la casa que está a nombre de mi mujer. (…) Este lote yo lo compré… Aunque se compró con dineros básicamente míos y de mi señora, se puso a nombre de mi señora”, señaló el exgerente de la Triple A.

El juez aseguró que cuando una persona recibe dinero ilícito todo su patrimonio líquido representado en efectivo se mezcla con el dinero ilegal sin poder diferenciarse. “De conformidad con el orden jurídico colombiano expedido en materia de extinción de dominio, cuando bienes lícitos se mezclan con recursos ilegítimos se faculta al Estado para que, al no poder separar la porción lícita de la ilícita, extinga el dominio sobre todos los bienes, incluso a sabiendas de que una parte es legal, como fórmula para impedir el enriquecimiento producido por actividades ilegales”, señaló el fallo.

Por otra parte, la decisión judicial tampoco le dio credibilidad a Navarro que ha advertido durante varios años que él actuó siguiendo las directrices de sus superiores, producto de una subordinación que tuvo con Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa. 

“Al tomar en consideración las credenciales académicas y profesionales del señor Ramón Navarro Pereira, así como su vasta experiencia financiera, se colige que tales afirmaciones resultan ser simples argumentos de defensa, pero sin ninguna credibilidad. Además, no se puede soslayar en este caso que la ignorancia sobre aquellos asuntos que tenía el deber de conocer como presidente de la compañía genera responsabilidad y que, por llevar a un inmenso fraude sobre el capital de la empresa de servicios públicos de Barranquilla, tales actos son de naturaleza delictual”, señaló el juez de extinción de dominio en su fallo.

Finalmente, en esta decisión el juez Bello cuestionó a la Fiscalía por presuntas omisiones al no haber concentrado sus esfuerzos investigativos en la situación económica del matrimonio Navarro, enfocándose sólo en la casa familiar que pasará a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una vez quede en firme el fallo notificado el pasado 10 de diciembre.

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