Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre-. Crédito: Colprensa.
Bernardo Moreno tendrá que pagar de su bolsillo una millonaria indemnización por las chuzadas del DAS
El Consejo de Estado condenó al exdirector del Dapre durante el Gobierno de Álvaro Uribe a pagar 354 millones de pesos por una indemnización que recibió un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, víctima de interceptaciones ilegales. Detalles del fallo y de un embargo que afronta por otro proceso en la alta corte.
Por: Ana María Cuesta
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a pagar 354 millones de pesos a favor de la Nación, dentro de una demanda presentada por la entidad para que Moreno asumiera con sus propios recursos una de las sanciones económicas derivadas del escándalo de las ‘chuzadas’ ocurrido durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En 2019, el Dapre presentó una demanda de repetición con la que buscó que Moreno asumiera directamente el pago de la indemnización que el Tribunal de Cundinamarca había ordenado a favor del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo Espinosa Pérez, por los “seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales” que se cometieron contra él y contra varios de los integrantes de su familia.
Moreno fue condenado a ocho años de prisión en 2015, por decisión de la Corte Suprema, un fallo que la misma entidad ratificó el pasado mes de mayo: diez años después. Por esa razón, el Consejo de Estado advirtió que está probado que Moreno ordenó las ‘chuzadas’ de las comunicaciones personales del exmagistrado Pérez, a través de su compañera María del Pilar Hurtado, entonces directora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Según los fallos de la Corte Suprema, las interceptaciones ordenadas arbitrariamente por Moreno, entre los años 2007 y 2008, pretendieron la obtención de las sesiones reservadas de su Sala Penal, a través de infiltrados; la indagación sobre un viaje que hicieron en 2006 varios magistrados a la ciudad de Neiva, relacionado con el empresario Asencio Reyes, y la posterior filtración pública de datos con propósitos de desprestigio. Todo ello en una coyuntura marcada por el “notorio enfrentamiento del presidente de la República con el alto tribunal”, señaló la Corte.
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“Declárase la responsabilidad patrimonial personal del señor Bernardo Moreno Villegas. Como consecuencia, condénase al señor Bernardo Moreno Villegas a pagar en favor de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos ($354.074.968,34)”, indica el fallo con ponencia del consejero de Estado Fredy Ibarra.
La otra demanda por la indemnización que recibió Iván Velásquez
En el Consejo de Estado, justo en el despacho del magistrado Fredy Ibarra, avanza otra demanda contra Moreno con la que el Dapre pretende que él devuelva los 187 millones de pesos con los que indemnizaron al exmagistrado auxiliar Iván Velázquez, quien se desempeñó como ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro y quien para la época de las ‘chuzadas’ fue considerado el investigador estrella en la Corte del fenómeno criminal de la ‘parapolítica’.
La Sección Tercera del Consejo de Estado en 2023 admitió la acción judicial relacionada con Velásquez. Con ella, el Dapre pidió que se decretara, como medida cautelar, el embargo y secuestro de una finca en Armenia, de un apartamento y de tres garajes en Bogotá que figuran a nombre de Moreno.
El 30 de mayo de 2024, el magistrado Ibarra decretó el embargo y secuestro sobre los mencionados bienes, ratificando su determinación el 15 de agosto del mismo año. El año pasado, las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos fueron notificadas de las órdenes sobre los bienes del exalfil del uribismo.
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En el pasado, el Consejo de Estado falló a favor de Moreno
Pese a las recientes decisiones judiciales contra Moreno -la condena económica y el embargo de sus bienes-, en el Consejo de Estado no siempre le ha ido mal.
En 2019, la alta corte tumbó una sanción de destitución e inhabilidad por 18 años que la Procuraduría General de la Nación había impuesto en su contra, en el año 2010, por haber organizado una reunión con el DAS y la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) para indagar sobre el empresario Ascencio Reyes, el supuesto organizador de un homenaje al que asistieron magistrados de la Corte en Neiva en el año 2006.
El fallo a favor de Moreno, adoptado con la ponencia del entonces magistrado William Hernández Gómez, consideró que él sí tenía facultades legales para reunirse con el DAS y la Uiaf para obtener la información de Reyes, contrario a lo señalado por el entonces procurador general Alejandro Ordóñez, quien catalogó dicho encuentro como una “extralimitación”.
