“Hay un riesgo inminente”: Contraloría alerta sobre millonarias deudas para la implementación del Acuerdo de Paz y la reparación a víctimas

La Contraloría General de la República, que por lo general supervisa y advierte sobre lesiones al patrimonio público, esta vez sentencia lo contrario: hacen falta 101.858 millones de pesos para cumplir con las sanciones propias incorporadas en los dos primeros fallos de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz, que el año pasado sancionó al último secretariado de las extintas Farc por el macrocaso de los secuestros, y que también sancionó a 12 exintegrantes del batallón La Popa sobre el macrocaso de los falsos positivos, hoy solo cuenta con 20.000 millones de pesos para cumplir con los proyectos restaurativos incorporados en las sentencias.

Lo anterior se suma a que de los bienes entregados por las Farc para el momento de su desarme solo se han podido monetizar 42.000 millones de pesos, destacando que únicamente se ha recibido un inmueble de los 722 que ofrecieron, que solo se cuenta con 31 vehículos de 319 que prometieron y que aún faltan lingotes de oro y joyas en el inventario de sus compromisos.

Las anteriores conclusiones hacen parte de una auditoría que la Contraloría practicó a las instituciones del sector justicia, relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016, sobre su gestión entre los años 2023 y el primer semestre de 2025. Hay 28 hallazgos con presuntas irregularidades y 20 de ellas apuntan a incumplimientos en las recomendaciones que entregó, el 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad.

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Las metas incumplidas en la identificación de cuerpos

La auditoría del ente de control advierte otros hallazgos preocupantes como el hecho de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) solo haya avanzado 10 por ciento en la meta que se trazaron para identificar y restituir, con prioridad, 25.000 cuerpos de un universo de más de 135.000 personas que se presumen desaparecidas con ocasión del conflicto armado. 

“De los 25.000 cuerpos no identificados distribuidos en diferentes lugares del país y entregados al INMLCF –Instituto de Medicina Legal– por la UBPD y la JEP, menos del 10 por ciento han sido identificados y restituidos, lo que evidencia una baja ejecución de la meta sobre aspectos que recomendó la Comisión de la Verdad en su informe final que no se estarían cumpliendo”, señaló la auditoría. 

Este compromiso aparece en una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. “Ya han transcurrido más de tres años y el avance de esta recomendación debería estar cerca del 60 por ciento, dado que, las recomendaciones a mediano plazo deben realizarse en un tiempo de cinco años, sin embargo, el avance no está siendo efectivo”, señaló el ente de control.

Se cuestiona, también, que los convenios interadministrativos que han suscrito la Fiscalía, la JEP, la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal no han acelerado la meta de la identificación de los 25.000 cuerpos, que en su mayoría se encuentran en cementerios y osarios administrados por entidades locales o eclesiásticas.

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Pérdida de recursos y recomendaciones incumplidas

La auditoría también advierte que en 2022 se habrían perdido 1.730 millones de pesos por recursos no ejecutados en el programa de ‘Fortalecimiento de la reincorporación de los exintegrantes de las Farc-EP’, a cargo de la Agencia para la Reincorporación Nacional, que solo ejecutó 856 millones, el 33 por ciento de lo que le habían asignado. “Los recursos no ejecutados de la vigencia 2022 debieron ser devueltos al Tesoro Nacional”, le señaló el organismo a la ARN.

Por otro lado, cuestionaron que, transcurridos tres años de la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo del informe final de la Comisión de la Verdad, “a la fecha no existen resultados del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones a corto plazo establecidas en el informe final de la Comisión de la verdad, como consecuencia de la falta de indicadores de seguimiento y mediciones a las mismas”.

“En los cuatro informes de seguimiento y monitoreo publicados por el CSM, no se evidencia que las recomendaciones a corto plazo se encuentran ejecutadas y finalizadas, siendo que transcurrió el plazo establecido”, sentencia la Contraloría. 

‘Hago un llamado al Gobierno actual y al gobierno que vendrá’: contralora delegada Jenny Lindo

CAMBIO dialogó sobre los pormenores del informe con la contralora delegada para el sector justicia, Jenny Lindo, autora del informe de auditoría.

CAMBIO: ¿Por qué está desfinanciado el cumplimiento de las sentencias propias de la JEP?

Jenny Lindo: Nosotros en la Contraloría General de la República desde el año pasado hemos venido alertando sobre esta situación de financiación de las sentencias de la justicia transicional. En diciembre terminamos una vigilancia y un seguimiento permanente a los bienes que las Farc se comprometieron a entregar, en el marco del Acuerdo de Paz, con el fin de reparar a las víctimas del conflicto.

Comparando nosotros lo que efectivamente ellos registraron en 2016, en la firma del acuerdo, y lo que han venido entregando en estos diez años, pues no llegamos al 10 por ciento de los compromisos, lo que hace que la Contraloría General tenga que advertir, puesto que lo que está en riesgo es que efectivamente la justicia que están impartiendo Justicia y Paz y la JEP, pues efectivamente puedan ser implementadas y no se queden en decisiones o en sentencias únicamente de papel.

CAMBIO: ¿Quién debe responder por la monetización fallida de los bienes que entregaron los exFarc y por los millonarios recursos que hacen falta?

J.L.: Los 101.858 millones que hace referencia que hacen falta son, por ahora, tan solo de las dos primeras sentencias que dictó la JEP en 2025. Y en este año y los años venideros van a venir más sentencias. Precisamente lo que estamos advirtiendo es: no hay todavía para las dos primeras sentencias los recursos y el respaldo que se requiere. Y las sentencias que vendrán entonces, ¿Qué van a poder pasar? 

Y los que deben entrar aquí a tomar las decisiones de fondo, por supuesto, es el Gobierno nacional con una visión de Estado, en el sentido en que no es solamente estas dos primeras sentencias, sino todas las decisiones que la justicia está empezando a dictar en materia del conflicto armado.

Entonces, el Gobierno nacional es como el primer llamado a responder y, por supuesto, el Estado, no es solamente una administración puntual. Esto es un tema de Estado que hay que entrar a revisar y a tomar decisiones de fondo para garantizar que el Acuerdo de Paz y que los procesos de paz cumplan con su objetivo. 

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CAMBIO: Vemos 20 hallazgos relacionados con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasó con ellas?

J.L.: Esas recomendaciones van a ser presentadas ante toda la Comisión. Hay diferentes entidades que hacen parte del sistema de paz y ellos ya han sido notificados, y se les va a presentar uno a uno el detalle. Nosotros revisamos casi 65 recomendaciones: cuáles se habían verificado, cuáles se habían cumplido y cuáles no. A cada una de estas entidades les vamos a requerir el responsable de los tiempos, las formas y un plan de mejoramiento que tienen que presentar ellos ante la Contraloría General para dar cumplimiento al informe.

CAMBIO: ¿Lo que encontraron es que, básicamente, varias recomendaciones de la Comisión de la Verdad hoy no se están cumpliendo?

J.L.: Sí, también. No es el único llamado, pero es uno de los principales, por supuesto. El hecho de que las recomendaciones, los acuerdos, las acciones a las cuales se comprometió el Estado dentro de los procesos de paz, se tienen que cumplir y se tienen que realizar conforme a lo pactado. El hecho de que los procesos de paz y acuerdos de paz tengan posibles desafíos en su cumplimiento puede pasar, pero la Contraloría General no quiere pasar inadvertida la situación del riesgo inminente que hay, en este caso, para cumplirles a las víctimas.

CAMBIO: Otro hallazgo fue por mayores valores pagados en un contrato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Qué pasó? 

J.L.: Nosotros dejamos este hallazgo y es porque los auditores pudieron verificar que este contrato posiblemente tuvo unas inconsistencias en sus pagos. Nosotros lo que hicimos fue notificarles este hallazgo y lo remitimos a la delegada de responsabilidad fiscal de la Contraloría General para efectos de que ellos puedan verificar, investigar y constatar, sí o no, lo preliminarmente observado por los auditores.

CAMBIO: También se habla sobre inconsistencias en información reportada sobre la identificación de personas dadas por desaparecidas. ¿Qué situación se presentó?

J.L.: Ellos tienen una meta, se trazaron una meta de cuántos son los cuerpos a los que ellos tenían que identificar, buscar y encontrar. Esa meta no ha sido cumplida, razón por la cual nosotros estamos alertando es ese punto: ustedes tienen una meta de unos cuerpos que tienen que ir a encontrar e identificar, que han sido obviamente informados durante las conversaciones del proceso, y dentro de las audiencias judiciales, y este objetivo todavía no se ha cumplido.

CAMBIO: Se habló de 25.000 cuerpos por identificar y que menos del 10 por ciento de ese trabajo se ha cumplido.  

J.L.: Correcto. Correcto, así es. 

CAMBIO: ¿Qué llamado hace? 

J.L.: Aquí es un tema de gerencia transversal. No solamente de una entidad y en eso hemos hecho énfasis. Es un tema de gerencia de la ejecución del Acuerdo de Paz como tal. Y acá debe haber un seguimiento, pero además debe haber acciones correctivas rápidamente.

El seguimiento permanente tiene que ser muy riguroso y tiene que ser visualizado en una estrategia transversal de todo el Estado colombiano. Creo que ese es en general toda la preocupación casi que prioritaria: cómo administrar de la mejor forma posible el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Este es un llamado a las entidades, por supuesto, a sus directivos, al Gobierno nacional actual y, por supuesto, al gobierno que seguramente vendrá. Que puedan asumir esta tarea como una de sus prioritarias: tomar decisiones de fondo sobre cómo hacer para garantizar la reparación de las víctimas.