¿Qué pasó con Drummond y por qué una corte de Estados Unidos la absolvió de nexos con paramilitares?

Durante más de dos décadas, el nombre de la empresa minera Drummond ha estado ligado a señalamientos judiciales graves de presuntamente haber financiado estructuras paramilitares para proteger sus operaciones mineras. Una de esas demandas llegó hasta la justicia de Estados Unidos, en donde el pasado 15 de enero un jurado federal del Distrito Norte de Alabama concluyó que esas acusaciones "no tenían sustento". En Colombia, los expedientes siguen abiertos.

La decisión absolvió a la multinacional minera estadounidense y determinó que las denuncias presentadas se habrían construido a partir de testimonios “manipulados”. Según el fallo, el abogado estadounidense Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates promovieron esas acusaciones aun sabiendo que carecían de sustento.

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Según el jurado, los testimonios que durante años circularon en estrados judiciales y medios de comunicación fueron obtenidos mediante pagos ocultos a exintegrantes de grupos paramilitares.

“Según el veredicto y la evidencia presentada, Collingsworth y su organización presentaron declaraciones falsas y difamatorias en cartas enviadas a terceros que estaban diseñadas para dañar la reputación de Drummond y afectar sus negocios. Bajo la Ley RICO, el jurado halló culpable a Collingsworth de soborno y manipulación de testigos con base en pagos no revelados a Jaime Blanco Maya, Jairo de Jesús Charris (alias El Viejo Miguel), entre otros. Los conspiradores aliados de Collingsworth, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, también fueron hallados culpables bajo la Ley RICO”, explicó Drummond en un comunicado.

Con base en esas conclusiones, el jurado le dio la razón a Drummond en dos demandas: una por difamación y otra por extorsión y concierto para delinquir bajo la Ley RICO, que en Estados Unidos se aplica a esquemas criminales organizados. La decisión ordenó el pago de 52 millones de dólares por daño reputacional y 68 millones adicionales por las violaciones a esa ley, una suma que, por disposición legal, se triplica automáticamente y eleva la indemnización total a 256 millones de dólares.

Los casos que aún siguen abiertos en Colombia

Aunque para la justicia federal estadounidense no existió prueba real de que Drummond hubiera tenido vínculos con organizaciones paramilitares, no significa que el caso se cierre en Colombia.

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En la justicia ordinaria y en la Jurisdicción Especial para la Paz siguen abiertos expedientes relacionados con crímenes cometidos en zonas de influencia de la empresa, entre ellos el asesinato de sindicalistas como Cándido Méndez Cochero en los primeros años de la década del 2000. La JEP, de hecho, revisa si algunos de los testimonios utilizados en procesos internacionales hacen parte de un entramado de falsos testigos y cómo eso pudo haber afectado investigaciones sobre violencia en el contexto del conflicto armado.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado oficialmente sobre el fallo. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya se había fijado una postura frente al caso. Cuando se conoció que Drummond había cuestionado al Gobierno colombiano durante el juicio en Alabama, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó en su cuenta de X con este mensaje:

“Drummond no solo financió paramilitares en Colombia; ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad. Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”, tuiteó el ministro el 29 de septiembre de 2025.

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Lo que deja este episodio no es un cierre definitivo, sino un cambio de escenario. Mientras que en Estados Unidos la justicia concluyó que Drummond fue víctima de una campaña basada en mentiras, en Colombia los procesos continúan.