Las razones por las que la ONU advierte sobre “tragedia de derechos humanos” en la Sierra Nevada de Santa Marta

La más reciente misión enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Sierra Nevada dejó un diagnóstico preocupante: grupos armados en expansión, disputas por el control territorial y una respuesta estatal insuficiente. El informe coincide con las recientes alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre vulneraciones a los derechos humanos. 

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El representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Scott Campbell, advirtió que en los días previos al inicio de la misión de verificación se registró el asesinato de una lideresa social. Además, confirmó que se han documentado nuevos casos de masacres, homicidios selectivos y reclutamiento forzado.

“Me alarma que un día antes de nuestra llegada a la región fuera asesinada en su casa, en la comunidad de La Laguna, Elizabeth Mojica, profesora indígena wiwa y defensora de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Condeno este homicidio y urjo al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, indicó Campbell en la presentación del informe.

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En su encuentro con representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, el funcionario también alertó sobre el atentado contra el líder ambiental Misael Socarrás, que se registró el pasado 12 de diciembre. Según Campbell, ese intento de asesinato se suma a otras agresiones que reflejan un deterioro de las garantías para quienes defienden el territorio y los recursos naturales en la región.

La oficina reveló que las labores de verificación realizadas en el territorio permitieron establecer que persisten patrones de confinamiento, amenazas, control armado de la movilidad y restricciones ilegales impuestas por grupos criminales. En ese sentido, la organización advirtió que esas prácticas han provocado miedo generalizado en la zona.

Los hallazgos de la ONU sobre riesgos humanitarios en la Sierra Nevada

La ONU alertó sobre el aumento de violencias basadas en género contra mujeres indígenas, tras advertir sobre la falta de respuesta institucional que garantice investigación, sanción y reparación. Campbell insistió en que los derechos de las mujeres y las niñas siguen sin ser reconocidos plenamente en el territorio y que las sobrevivientes de agresiones enfrentan barreras para denunciar y recibir atención.

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El informe también advierte sobre la ausencia de rutas efectivas de protección para menores de edad frente al reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados. La ONU pidió que el Estado prohíba de manera explícita la incorporación de menores como condición central en los diálogos con estructuras ilegales y que la liberación de niños y niñas se lleve a cabo sin condiciones.

La organización detalló que otro punto crítico corresponde a las constantes presiones e intimidaciones de grupos armados, autoridades étnicas y defensores ambientales. Según la ONU, al cierre de 2025 las comunidades enfrentan amenazas asociadas a la defensa del agua, la alimentación y los territorios ancestrales, lo que incrementa el riesgo de desplazamientos forzados.

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En las labores de monitoreo también se identificaron restricciones impuestas por estructuras ilegales sobre la movilidad, la comunicación y el acceso a la información. Campbell explicó que en las últimas semanas se han recopilado reportes de controles a celulares, horarios obligatorios, retenciones arbitrarias y la presencia de artefactos explosivos improvisados.

En su análisis territorial, la oficina concluyó que las condiciones actuales agravan la discriminación histórica contra pueblos indígenas y afrodescendientes. Para la ONU, en lo corrido de 2025 se han mantenido las dificultades para garantizar los derechos colectivos, reducir los factores humanitarios de riesgo y evitar nuevas vulneraciones.

Las recomendaciones urgentes de la Defensoría para frenar la violencia en la Sierra Nevada

La Defensoría del Pueblo recordó que, a través de la Alerta Temprana 020, ya había advertido sobre el riesgo extremo que enfrentan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la Sierra Nevada. El documento planteó escenarios de posible escalada de la violencia armada y pidió acción inmediata del Gobierno para impedir que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.

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Entre las principales recomendaciones está el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas donde solo operan actores criminales. La Defensoría insiste en que las intervenciones deben ir más allá del despliegue militar e incluir fiscalías itinerantes, comisarías de familia, puestos de salud y mecanismos de atención para víctimas.

El órgano de control también exigió mayor articulación entre Fuerzas Militares y Policía para evitar que los grupos armados sigan captando rentas ilegales, controlando corredores estratégicos y ejerciendo presión sobre autoridades locales. Según la alerta, la falta de coordinación ha permitido el avance de economías criminales y la imposición de normas de facto en veredas y resguardos.

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En materia de protección de las comunidades, la Defensoría pidió crear rutas específicas para líderes indígenas, autoridades tradicionales y guardianes ambientales. El llamado incluye medidas para salvaguardar el ejercicio de gobierno propio y evitar que quienes denuncian operaciones ilegales sean blanco de represalias, desplazamientos o confinamientos prolongados.

Finalmente, la entidad instó a que todas las instituciones adopten un enfoque diferencial para atender a pueblos indígenas y afrodescendientes, con participación directa de las autoridades étnicas en el diseño de las medidas. Para la Defensoría y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sin coordinación comunitaria no habrá garantías reales de seguridad ni de permanencia en el territorio.