Denuncian ante la Procuraduría a superintendente Beatriz Gómez por presuntas injerencias en EPS y hospitales, pese a impedimento

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso informó que este 5 de febrero, junto con Andrés Salcedo, candidato a la Cámara por Bogotá de la coalición Dignidad Mira, radicó ante la Procuraduría una denuncia contra Beatriz Gómez, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, cargo que ejerce desde septiembre de 2022. Según la denuncia, presuntamente, Gómez utilizó su puesto para intervenir en decisiones para las que se encontraba impedida.

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Según la denuncia, aunque Gómez presentó en abril de 2023 un impedimento por conflictos de interés a causa de su relación matrimonial con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, (aprobado en julio de ese mismo año), posteriormente habría participado activamente en diferentes decisiones dentro del sector salud.

“Su firma y su cargo aparecen en procesos de intervención donde su propio impedimento le prohibía estar”, dijo Pedraza.

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El documento que contiene la denuncia expone que Gómez habría participado en las intervenciones forzosas del Hospital Nazareth, en Uribia, y del Hospital María Inmaculada, en Florencia. Así mismo, habría emitido un concepto favorable para el nombramiento de la agente interventora de este último hospital.

Pedraza y Salcedo adjuntaron a la denuncia las resoluciones correspondientes de las intervenciones. En el documento del hospital de Uribia aparece, al final, el nombre de Gómez entre los funcionarios que revisaron el acto administrativo, mientras que en el de Florencia se indica que aprobó la decisión. Para el concepto favorable, se adjuntó el memorando respectivo.

De acuerdo con la denuncia, la superintendente también habría posesionado al interventor del Hospital Local de Cartagena de Indias, Julio César Pileros Cruz, y al del Hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura, Édgar Eduardo Villa. Para sustentar estos hechos, anexaron los documentos de los actos de posesión de dichos funcionarios.

Por otra parte, la funcionaria habría intervenido en discusiones relacionadas con la intervención de EPS, como la aprobación de la terna para el interventor de Sanitas, proceso del cual también se tienen documentos.

“La ley es clara (Ley 1952 de 2019): los servidores no pueden intervenir en asuntos con interés directo o indirecto. El manejo de la salud en las regiones y la Amazonia no puede quedar bajo la sombra de la duda por nexos familiares en la cúpula del poder”, dijo Pedraza.

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Ante estos hechos, Pedraza y Salcedo solicitaron a la Procuraduría abrir una indagación preliminar disciplinaria contra la superintendente por “presuntas extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones, el abuso indebido del cargo, la vulneración de los principios de moralidad administrativa y la posible infracción al régimen de impedimentos y conflicto de intereses”.

Además, pidieron que se determine la posible responsabilidad disciplinaria por “incumplimiento de deberes funcionales y violación de prohibiciones disciplinarias”, derivadas de “presuntas conductas de intimidación, coacción, trato irrespetuoso, extralimitación de funciones y obstrucción del cumplimiento de deberes de otros servidores públicos”.

Así mismo, solicitaron que se vincule a la indagación preliminar a los servidores públicos de la Superintendencia Nacional de Salud que tuvieron conocimiento, competencia o intervención en los hechos denunciados y que, de encontrarse mérito suficiente, se ordene la apertura de un proceso de responsabilidad disciplinaria contra quienes resulten responsables.

En abril de 2025, Pedraza ya había denunciado a Gómez por presuntas presiones indebidas en la compra de un buque hospital para el Amazonas, revelado ese año por El Reporte Coronell. La denuncia gira en torno a una supuesta presión ejercida por Gómez para forzar la firma de un contrato por 55.000 millones de pesos destinado a la construcción de un buque para el Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas. El proyecto, que debía beneficiar a comunidades rurales e indígenas de la región, presuntamente no cumplía con los requisitos legales. 

Esa vez, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Beatriz Gómez Consuegra; sin embargo, no se conocen los detalles sobre el avance del caso.