El doble problema que creó el alza del salario mínimo en las pensiones y los seguros y que golpea el ahorro pensional

Los aportes a jubilación y las futuras pensiones de millones de colombianos se están viendo afectados por dos decisiones que tomó el Gobierno de Gustavo Petro en las últimas semanas. La primera, el aumento de 23 por ciento del salario mínimo, muy por encima de los criterios técnicos habituales, y la segunda, un decreto que modifica el parámetro de deslizamiento del salario mínimo, un criterio fundamental para el cálculo actuarial de algunas mesadas pensionales en el país.

En Colombia, las pensiones no pueden estar por debajo del salario mínimo, y así quedó estipulado en la Ley 100 de 1993. Eso implica que cada vez que aumenta el mínimo, también se ajustan las mesadas de los pensionados que devengan ese valor. Por eso, este año cerca de 1,2 millones vieron un ajuste de 23 por ciento.

Y si bien para muchos esto fue una buena noticia, ese porcentaje —18 puntos por encima de la suma de la inflación y la productividad— está causando estragos no solo para los fondos de pensiones, sino también para las aseguradoras, quienes advierten que en adelante las personas tendrán que ahorrar mucho más para poderse pensionar con un salario mínimo en el sistema privado de pensiones y que el aseguramiento en casos de invalidez o de viudez será más complejo.

“La discusión no está en los pensionados de hoy, sino en los afiliados que tienen una expectativa de pensionarse y cuya pensión se alcanza con ahorro y rendimientos y en adelante necesitarán ahorrar mucho más”, advierte Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda).

Pero, ¿qué tienen que ver las pensiones y los seguros?

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La renta vitalicia y las pensiones de invalidez y supervivencia

En el sistema pensional en Colombia existen dos regímenes: el de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individual, que corresponde a los fondos privados. Generalmente, se tiene la idea de que estas entidades pagan las pensiones. Aunque mucha gente no lo sepa, las aseguradoras en Colombia también pagan pensiones en el régimen privado.

Cuando una persona cumple las semanas de cotización requeridas y desea pensionarse en un fondo privado, se le presentan dos opciones según los ahorros que tenga: el retiro programado o la renta vitalicia.

En el retiro programado, el fondo de pensiones realiza mensualmente el pago de la pensión y los ahorros pensionales se mantienen en una cuenta individual a nombre de la persona, mientras que el fondo lo sigue administrando. En la renta vitalicia, por el contrario, el fondo de pensiones transfiere los ahorros de la cuenta individual de la persona a una aseguradora que se encarga de administrarlos y pagar las mesadas.

¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las principales están en que el retiro programado constituye un pago variable que puede subir o bajar según la rentabilidad y los ahorros alcanzados, y en ese esquema los ahorros de las personas pueden heredarse. Por el contrario, en la renta vitalicia se pacta un valor fijo con la aseguradora como resultado de un cálculo actuarial y de riesgo y ese monto se ajusta por el IPC o el incremento del salario mínimo según el caso. En ese caso, esos recursos no pueden heredarse.

Las aseguradoras se hacen cargo de las pensiones cuando las personas escogen pensionarse por el esquema de renta vitalicia, y también en casos de pensiones de invalidez, en lo que se conoce como los seguros previsionales, lo mismo que en las pensiones de viudez, también llamadas pensiones de sobrevivientes.

Los fondos de pensiones pagan una prima a las compañías de seguros, pero si las pensiones son más altas, la prima que deben pagar los fondos de pensiones también se incrementa.

“Si el salario mínimo aumenta 23 por ciento, el pago que hacen las compañías de seguros también sube. Todo esto se paga con las cotizaciones que hacen los colombianos que aportan a los fondos de pensiones”, explica Morales.

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En Colombia, el aporte pensional obligatorio es del 16 por ciento sobre el Ingreso Base de Cotización. De ese 16 por ciento, el 11,5 por ciento se destina al ahorro y el 3 por ciento del excedente va para pagar la comisión del fondo de pensiones y del seguro previsional. Esa fórmula es la que genera otro problema con el incremento del salario mínimo de 2026.

“La ley le dice al fondo de pensiones que debe manejar el ahorro, cumplir los gastos de administración, una utilidad y un seguro previsional para esos riesgos de invalidez y supervivencia, y todo eso tiene que salir de máximo el 3 por ciento de la cotización. Con un aumento del salario mínimo de 23 por ciento, esa prima se irá por encima del 3 por ciento, pero la ley prohíbe pagar por encima de eso, y ahí está el principal impacto del aumento del salario mínimo”, cuestiona Morales.

Además, las aseguradoras pagan pensiones por la vía de riesgos laborales y eso implica un peso adicional.

“El impacto no está solo en el aumento de lo que hay que cubrir, sino en que las aseguradoras deben hacer reservas gigantescas para garantizar la plata para pagar las pensiones en el futuro. Ese dato de 23 por ciento implica crecer esas reservas. Ese es el verdadero impacto”, dice el representante de las aseguradoras.

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, comenta además que el incremento del mínimo también agrava el problema fiscal del país, pues supone un esfuerzo adicional no solo para las administradoras de pensiones, sino también para Colpensiones.

“Los fondos de pensiones actúan según proyecciones previsibles, y ese incremento de 23 por ciento se sale de toda previsibilidad”, dice la docente. Y llama la atención no solo sobre el efecto en las pensiones equivalentes al mínimo, sino también sobre aquellas que están por encima de ese monto, pero tampoco son muy altas.  

“Las pensiones que están en los márgenes se van acercando al mínimo y eso hará que en adelante se empiecen a liquidar sobre el mínimo, y no según el IPC, porque no pueden quedar mesadas por debajo de ese valor”, dice.

Ahí es donde entra el segundo concepto clave en el problema que hoy enfrentan los fondos de pensiones y las aseguradoras: el deslizamiento del salario mínimo, que corresponde a esa diferencia entre la inflación más el dato de productividad —los conceptos que por ley definen el aumento del salario mínimo— y el aumento que finalmente se define en la mesa de concertación o decreta el gobierno.

En palabras de Morad, el deslizamiento es básicamente el riesgo que asumen las aseguradoras en la modalidad de renta vitalicia en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), un riesgo que, por lo general, el mercado asegurador no asume porque es imprevisible.

“Esto lleva a preguntarnos quién va a asumir en el RAIS el riesgo entre la diferencia existente para pagar una pensión en el mínimo según la proyección esperada, y ahora que se requiere el capital para pagar una pensión de un mínimo que subió 23 por ciento. Y lo debería asumir la nación”, dice la académica.

El mecanismo de deslizamiento, la clave técnica del problema

Las aseguradoras y fondos de pensiones no solo están enfrentando un problema por el aumento atípicamente alto del salario mínimo, sino también por el decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, que emitió el Gobierno en vísperas de Año Nuevo y modifica el mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo.

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En 2009, por medio de la Ley 1328, y también gracias a una serie de decretos emitidos entre 2015 y 2017, se definieron los criterios y mecanismos de cobertura para que las aseguradoras puedan cubrir los riesgos de ese componente de política pública que hace parte de la discusión del incremento salarial.

“El tramo incierto del salario mínimo no es asegurable por definición. Por eso, desde hace varios años, el Gobierno decidió hacerse cargo de ese segmento del incremento del salario mínimo que no pueden calcular las aseguradoras. Como ahora les cuesta mucha plata, decidieron usar una fórmula distinta que aumenta el riesgo para la aseguradora”, explica Gustavo Morales, el presidente de Fasecolda.

En el decreto, el Gobierno sostiene que en la última década ha aumentado significativamente la brecha entre la inflación y el salario mínimo y que ese parámetro “no constituye un estimador adecuado ni representativo de las fluctuaciones económicas que inciden sobre las rentas vitalicias cubiertas por el mecanismo de deslizamiento del salario mínimo”.

Por eso, en su decreto cambió esa fórmula para que se base en el promedio de la productividad de los últimos 10 años y un porcentaje del 35 por ciento de la inflación en ese mismo periodo. El problema, advierten los expertos, es que este cambio en el mecanismo termina afectando a los colombianos que hoy cotizan en el sistema.

Un estudio del centro de estudios económicos ANIF advierte que este cambio “incrementa el capital requerido para financiar rentas vitalicias asociadas a la pensión mínima”, en la medida en que reduce la porción del crecimiento real del salario mínimo reconocida en el cálculo actuarial.

“El decreto no elimina el riesgo asociado a incrementos reales del salario mínimo, sino que lo transfiere”, concluye ANIF. Los investigadores explican que, cuando el salario mínimo crece por encima del parámetro definido, el diferencial debe ser cubierto con mayor capital o mayores primas, por lo que el riesgo se termina trasladando a los afiliados, y afecta tanto la viabilidad de las rentas vitalicias como el costo y la sostenibilidad del seguro previsional.

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Según ANIF, lo que sucederá es que los cotizantes que cumplen la edad legal de pensión, pero no alcanzan las semanas exigidas, podrán enfrentar insuficiencia de ahorro, lo que los obliga a optar por el retiro programado o a postergar su jubilación. A diferencia del sector, ANIF sí ve un efecto en los pensionados actuales, aquellos que están bajo la modalidad de retiro programado, pues según el centro de estudios económicos, enfrentarán una descapitalización más rápida.

Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), considera que tanto el decreto del salario mínimo como el que modifica el mecanismo de deslizamiento encarecen las pensiones.

“Con el decreto de deslizamiento, el Gobierno se quita la responsabilidad de haber definido un salario mínimo por encima de lo que debió hacerlo desde el punto de vista técnico y, cuando se quita esa responsabilidad, deja de compensar a las aseguradoras y le transfiere ese costo a las personas que se van a pensionar”, dice Velasco.

Según Velasco, en términos prácticos, con el cambio del mecanismo de deslizamiento, el ahorro necesario para una pensión mínima ya no sería de alrededor de 350 millones de pesos y empezaría a costar 500 millones de pesos. En general, Asofondos calcula que los cotizantes que ahorran para su pensión en los fondos privados “van a perder cerca del 30 por ciento del valor de su pensión” y menos personas podrán alcanzar los ahorros necesarios para pensionarse “a punta de capital”.

Velasco le confirmó a CAMBIO que los gremios están trabajando en una demanda contra el decreto de deslizamiento. “Si ese decreto se echa para atrás, el Gobierno tendrá que asumir las consecuencias de ese aumento del salario mínimo que haga. El aumento fue muy alto y este año el Gobierno decidió no hacerse cargo de esa diferencia. Las dos cosas combinadas son muy graves”, cuestiona el presidente de Asofondos.

Estas implicaciones técnicas no solo inciden en el acceso efectivo a la pensión mínima, sino también en el equilibrio financiero y social del sistema pensional en el país. En la práctica, un salario mínimo más alto no solo impacta el mercado laboral y los costos de las empresas, como vienen advirtiendo desde hace semanas varios sectores, sino que también reconfigura silenciosamente la fórmula pensional, mientras que amplía las obligaciones futuras sin una fuente adicional de financiamiento.