Al díaGas venezolano para Colombia: ¿por qué el Gobierno descartó que Ecopetrol entre al negocio?

Lo que el Gobierno colombiano presentó como una alternativa energética de urgencia empieza a mostrar sus primeras grietas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó desde Barichara, Santander, que Ecopetrol quedó fuera de la posibilidad de importar gas desde Venezuela, al menos por ahora.

¿El motivo? La operación requeriría una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la entidad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que regula las transacciones con el gobierno venezolano y con PDVSA, y tramitarla tomaría un tiempo que el Gobierno no está dispuesto a esperar.

“Infortunadamente, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción, porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos ahora, y tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado, y a nosotros nos importa el tiempo", explicó Palma.

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La conclusión llegó tras una reunión celebrada en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, convocada para revisar asuntos de interés bilateral. Según el ministro, la prioridad sigue siendo garantizar el abastecimiento interno “de la manera más rápida y más económica posible”, incluyendo la posibilidad de importar gas licuado de petróleo (GLP) para el mercado colombiano mientras se definen otras rutas.

Las advertencias previas sobre la importación de gas venezolano

La noticia confirma lo que CAMBIO anticipó en un análisis previo, cuando el anuncio presidencial de negociar gas con Venezuela era todavía una promesa con aroma de urgencia pero sin mapa de ruta. En ese momento, CAMBIO consultó a expertos del sector y a voceros gremiales, y la conclusión fue que el camino entre el anuncio político y la llegada del primer metro cúbico de gas venezolano a Colombia está lleno de obstáculos.

Uno de los más evidentes era precisamente el regulatorio. La llamada Licencia General 48, emitida por la OFAC el 10 de febrero, autoriza transacciones relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela, pero impone condiciones estrictas, entre ellas que los contratos deben regirse por la ley estadounidense.

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Más allá del laberinto regulatorio, existe un problema físico. El gasoducto Antonio Ricaurte lleva fuera de servicio desde 2015. Construido en 2007 para conectar los dos países, la infraestructura acumula años de deterioro por saqueos y desmantelamiento. Reactivarla implicaría inversiones cuantiosas y plazos que los expertos consultados por CAMBIO estimaron entre nueve meses y dos años, dependiendo del alcance de las obras.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, dijo: “Cualquier iniciativa para traer gas venezolano vía gasoducto requiere desarrollo de infraestructura que, en el mejor de los casos, podría tardar entre uno y dos años. No es una alternativa inmediata”.

Otro de los argumentos del Gobierno, que el gas venezolano sería “muchísimo más barato”, también fue cuestionado con anticipación. La propia Delcy Rodríguez aclaró que Venezuela vendería el energético a precios internacionales, lo que desvirtúa la promesa de una tarifa preferencial. El exministro de Minas Amylkar Acosta explicó que aunque la proximidad geográfica puede reducir costos de transporte, la molécula de gas vale lo mismo que si viniera desde Trinidad y Tobago.

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Con Ecopetrol descartada y el Gobierno buscando rutas alternativas para concretar la operación, el panorama confirma lo que el sector ya sabía: traer gas desde Venezuela puede ser útil como mecanismo de transición frente al déficit que enfrenta Colombia, cuyas reservas probadas alcanzan apenas para unos seis años al ritmo actual de consumo, pero no es una solución estructural ni inmediata.