¿Cuánto cuesta ignorar una crisis? La plata que le hace falta al sistema de salud colombiano

A inicios de febrero, Kevin Acosta se cayó de una bicicleta en Palestina, Huila. Tenía 7 años y hemofilia A severa, una condición que le impedía coagular la sangre, pero, con el tratamiento adecuado, le habría permitido vivir tranquilamente. El problema era que Kevin llevaba casi dos meses sin recibir ese tratamiento: el emicizumab, que la Nueva EPS había dejado de entregarle desde diciembre de 2025. Cuando lo llevaron a urgencias por un golpe que tuvo en la cabeza, el hospital le dijo que no había autorización, y cuando finalmente lo trasladaron a Bogotá, ya era demasiado tarde. Kevin murió el 13 de febrero en el hospital La Misericordia. 

El presidente Gustavo Petro dijo en consejo de ministros que un niño con hemofilia no debería montar en bicicleta. Pero expertos e instituciones le respondieron que Kevin no murió por montarse en una bicicleta. Kevin murió, según la Defensoría del Pueblo, porque el Estado colombiano le falló. Y ese fallo no es un accidente ni una excepción: es el síntoma más visible de un sistema de salud que acumula una crisis financiera.

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La Nueva EPS: el espejo que refleja el problema del sistema de salud

Para entender la magnitud del problema, conviene empezar por la entidad que concentra la mayor parte de sus síntomas. La Nueva EPS es la aseguradora de salud más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. También es, en este momento, la más comprometida financieramente. Según un informe de la Contraloría General de la República, su deuda pasó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en marzo de 2025: un crecimiento del 198 por ciento en poco más de dos años. Su patrimonio, que en 2022 era positivo en 485.000 millones, llegó a 2025 en rojo y debiendo 6,25 billones de pesos.

Las consecuencias de ese colapso las viven sus usuarios. Las quejas superan las 500.000, y según reveló la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, más de 120.000 de ellas nunca fueron abiertas en el correo institucional de la entidad.

Pero lo de la Nueva EPS es el reflejo de lo que ocurre en el resto del sistema: 29 EPS del régimen contributivo y subsidiado acumularon en conjunto una deuda de 32,9 billones de pesos, según la Contraloría. Los hospitales públicos del país facturaron 18,8 billones de pesos en 2024, pero solo recibieron pago por 15,7 billones. Además, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras estimó que más de 2.000 personas murieron en 2025 por falta de atención. Estas no son proyecciones: son registros.

La muerte de Kevin causó que otros casos similares se conocieran públicamente. Por ejemplo, el de Robinson Farid, de 9 años, quien padece leucemia y lleva cinco semanas sin tratamiento. También el de Hendrick Samuel Díaz Castillo, un bebé de 17 meses, quien padece de hemofilia severa y lleva 41 días sin medicamento. Estos son niños a quienes el Estado no les garantiza su derecho a la salud. 

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El problema tiene nombre: UPC

Para entender por qué el sistema se quedó desfinanciado, es necesario entender cómo funciona su principal fuente de ingresos: la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se trata del pago que el Estado le transfiere a cada EPS por cada afiliado, y que debe cubrir todos los servicios de salud que esa persona pueda necesitar en el año. Es, en la práctica, el motor financiero del sistema. Y ese motor lleva varios años girando más despacio de lo que el sistema necesita, según expertos.

Cada año, el Ministerio de Salud define el porcentaje de incremento de la UPC usando una metodología actuarial que supuestamente refleja el aumento real del costo de la salud. El problema, según los expertos, es que ese cálculo ha estado sistemáticamente por debajo de la realidad. La Corte Constitucional lleva advirtiendo fallas en esta metodología desde 2011. En enero de 2025, mediante el auto 007, el alto tribunal le ordenó al Ministerio corregir el cálculo retroactivo de la UPC desde 2021. Esa orden fue desacatada.

En diciembre de 2025, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, al concluir que el ajuste del 9,03 por ciento fijado para 2026 en el régimen contributivo y de 16,49 por ciento para el subsidiado no correspondía a las necesidades reales del sistema.

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La Andi calculó que se necesitaba mínimo el 15,6 por ciento, y advirtió que cada punto porcentual por debajo de ese umbral significaba retirarle al sistema cerca de 890.000 millones de pesos en recursos vitales. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) estimó un 17,33 por ciento. A pesar de todo esto, el Gobierno lo fijó en el 9,03 por ciento.

El indicador de siniestralidad, que mide cuánto gasta una EPS en atenciones respecto a lo que recibe por UPC, pasó del 100,8 por ciento en 2021 al 109,5 por ciento en 2024. Dicho en otras palabras: por cada peso que el sistema recibe, gasta 1 con 9 centavos. Y esa diferencia, ese faltante, se acumula, mes a mes, año a año, hasta que se convierte en la deuda que hoy paraliza hospitales, interrumpe tratamientos y mata pacientes.

¿Cuánto dinero falta exactamente en el sistema de salud? Los expertos hablan

CAMBIO consultó a varios expertos y centros de pensamiento especializados en finanzas del sistema de salud para conocer exactamente cuánta plata es que le falta al sistema. Todos coinciden en el diagnóstico: están en números rojos.

Fabián Díaz Garzón, director de los programas de salud de la Universidad EAN, explicó que las cifras cambian constantemente porque las deudas entre actores del sistema son objeto de auditorías, conciliaciones y negociaciones permanentes. “El faltante, el déficit operativo anual, implica lo que falta para poder operar en un año. La brecha se calcula en el orden de los 10 billones de pesos”.

Esa sería, en principio, la plata que le falta al sistema de salud para operar adecuadamente; sin embargo, eso es solo el primer nivel del problema. El segundo es el déficit operativo acumulado: aquellas prestaciones que no se ejecutaron en un período y que se trasladan al siguiente, creando una deuda que crece progresivamente, no solo entre EPS e IPS: “La Anif habla de un déficit acumulado de 19,8 billones de pesos entre 2022 y 2024”, explica Garzón.

El tercero es específicamente la plata que el Estado o EPS les deben a las IPS: “La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reportó una deuda de 24 billones de pesos a junio de 2025”, explica Garzón. Finalmente está el cuarto nivel, lo que le debe el Estado a todo el sistema por fijar un UPC menor: “Acemi sustenta una deuda actuarial de la nación hacia el sistema de salud entre 26,4 y 33,4 billones de pesos, sustentados en una Unidad de Pago por Capitación”.

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La advertencia del observatorio Así Vamos en Salud

El observatorio financiero del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, uno de los más rigurosos y de mayor trayectoria en el seguimiento al sistema, coincide parcialmente con las cifras. Según explicaron, el patrimonio neto del sistema, a noviembre de 2025, es negativo en 15,9 billones de pesos. Las pérdidas operacionales han venido aumentando de manera sostenida: pasaron de -4,6 billones en 2023 a -6,8 billones en 2024. Además, en valores acumulados, entre 2023 y noviembre de 2025, el sistema registra pérdidas por 18,7 billones de pesos.

Sin embargo, lanzan una advertencia importante: “Estas cifras aún no son definitivas, debido a que existe incertidumbre frente a la situación de la nueva EPS, que no reporta información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud desde la vigencia 2024. Las cifras señaladas podrían ser incluso mayores”, explicó el observatorio.

Para 2026, el panorama no mejora. Dado que el incremento del UPC fue inferior al esperado, el observatorio calcula que actualmente hay una insuficiencia de recursos de entre 2,7 y 3,1 billones de pesos “como punto de partida o como mínimo requerido”. A eso se suma el efecto del alza del salario mínimo del 23 por ciento para 2026, que el cálculo inicial del sector no había considerado.

“La liquidez inmediata del sistema está comprometida; el patrimonio negativo de las aseguradoras, las pérdidas operacionales crecientes y las deudas acumuladas en el sistema amenazan con agravar el acceso a los servicios en salud, las interrupciones en la atención y la desconfianza institucional. Como medidas de corto y mediano plazo, es necesario estabilizar de inmediato el sistema con mayor liquidez, partiendo de criterios técnicos que permiten definir la necesidad de recursos para este propósito”, concluyó la entidad.

La magnitud del problema: 2 puntos del PIB

Camilo Arias, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, ofrece una perspectiva que permite dimensionar el problema en relación con el tamaño total de la economía colombiana: para él, el sistema ya no está en modo de reforma, está en modo de supervivencia.

“El principal problema en el corto plazo es la suficiencia de recursos. El sistema se encuentra en modo de supervivencia y sanear su financiamiento es un prerrequisito para abordar los demás problemas estructurales, como las desigualdades regionales en el acceso efectivo y los problemas de calidad en todo el país”, aseguró.

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Arias reconoce que determinar la cifra exacta del faltante es difícil, pero ofrece un umbral mínimo que resulta ilustrativo por su magnitud: “Es difícil determinar con precisión cuántos recursos adicionales se requieren para que el sistema funcione adecuadamente, pero podrían situarse, como mínimo, en el orden del 2 por ciento del PIB.”

Así las cosas, el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis que no tiene una sola cifra, sino varias, apiladas una sobre otra. Un hueco que creció en silencio durante años, entre advertencias ignoradas y cálculos convenientes, y que hoy se mide también en vidas.