El pulso por la energía: medidas y choques de ‘alta tensión’ entre el Gobierno de Gustavo Petro y los generadores
Crédito: Yamith Mariño - CAMBIO
La política energética impulsada por el presidente Gustavo Petro ha provocado un cortocircuito con los agentes del sector. Mientras el Ejecutivo insiste en intervenir el sistema para reducir tarifas, generadoras y expertos advierten sobre riesgos como inestabilidad, pérdida de inversión y distorsión del mercado.
Por: Jonathan Beltrán
Mientras el departamento de Córdoba flotaba en las aguas de los ríos Cauca, Sinú y San Jorge por la inclemencia de las lluvias, el presidente Petro combinó la atención de la emergencia con un nuevo enfrentamiento con el sector eléctrico. El mandatario sugirió que las inundaciones fueron culpa de la hidroeléctrica Urrá y luego extendió la responsabilidad a Hidroituango por la crisis invernal en Antioquia y Chocó.
El vaivén de señalamientos y descargos al tiempo que el país pedía explicaciones por la emergencia que dejó a más de 160.000 familias en la nada, no fue un hecho aislado. Aunque Petro llegó a la Casa de Nariño con la transición energética como bandera, prometiendo un giro radical hacia un modelo descarbonizado y alejado del extractivismo, la puesta en marcha de esa visión ha estado marcada por medidas y declaraciones que han tensionado la relación con los agentes del sector y han generado incertidumbre sobre la estabilidad del mercado.
Todo comenzó apenas un mes después de que Petro se pusiera la banda presidencial, cuando anunció que su Gobierno evaluaría una intervención a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para frenar las altas tarifas cobradas a los usuarios. “Necesitamos garantizar que las comisiones regulen los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera”, sostuvo Petro en la primera declaración en la que puso en duda la independencia técnica del organismo.
Pese a la retórica, se dio un primer escenario de concertación. En septiembre de 2022, generadores, distribuidores y comercializadores participaron junto al Ministerio de Minas y Energía en una mesa de negociación que se extendió por más de una semana y concluyó con un acuerdo inédito para iniciar un proceso de reducción gradual de las tarifas, especialmente en la costa Caribe.
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El llamado ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ resultó siendo una tregua temporal. En enero de 2023, el presidente Petro endureció su discurso al señalar una aparente contradicción entre los embalses llenos y el encarecimiento del kilovatio. Desde entonces, el primer mandatario ha reiterado que considera que el sistema opera bajo un esquema de oligopolio donde seis empresas generadoras “tienen por el cuello, a través del cobro de las tarifas, a la mayoría de la población”.
Mientras el Gobierno avanzaba en su agenda de primer año, los agentes del mercado advirtieron que las resoluciones emitidas para reducir las tarifas vulneraban la libertad contractual al forzar renegociaciones de contratos privados. Para los voceros del sector, el panorama empeoró con la reforma tributaria de 2022, que impuso nuevas cargas a la generación limpia y desincentivó la transición que el propio Gobierno promovía.
Las disputas por el control de la Creg
La confrontación escaló cuando el presidente Petro, mediante el decreto 0227 de 2023, intentó asumir por tres meses las funciones de la Creg. El mandatario sostuvo que era la única vía para corregir un sistema que calificó como capturado por intereses privados, pero el Consejo de Estado frenó la medida tras ratificar que la regulación de los servicios públicos recae en un organismo técnico independiente y no en la discrecionalidad presidencial.
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El jefe de Estado rechazó la decisión del alto tribunal y sostuvo que Colombia era uno de los países de la Ocde con mayor aumento en los precios de la energía. “Es realmente una transferencia de riqueza de los bolsillos de los colombianos a seis generadoras y dos distribuidoras, premiadas por una fórmula de la Creg absurdamente abusiva". Su postura fue respaldada por el entonces ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que las compañías del sector se quedaban con los subsidios destinados a usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo en diálogo con CAMBIO que este tipo de declaraciones y medidas han erosionado la confianza para garantizar el abastecimiento y reducir las tarifas. Según el líder gremial, la incertidumbre sobre las reglas de juego en los últimos tres años ha afectado las inversiones a largo plazo y ha frenado nuevos proyectos de generación, lo que –afirma– podría comprometer la estabilidad del sistema a mediano plazo.
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"La regulación debe basarse en criterios técnicos y no en presiones políticas. Si se debilita la independencia de la Creg y se modifican las reglas de juego de manera unilateral, lo que terminamos provocando es una parálisis en la inversión que, lejos de bajar los precios, pone en riesgo la seguridad energética del país y la entrada de nuevos proyectos", sostiene Castañeda.
En contraste con los llamados a la estabilidad por parte de voceros del sector, el presidente Petro criticó a finales de 2023 el modelo actual, tras reiterar que proyectos como Hidroituango representan riesgos muy altos en comparación con iniciativas renovables promovidas por su Gobierno. "Hay gente que se está enriqueciendo a costillas de los colombianos, a costillas de las tarifas de los usuarios y usuarias", insistió, a su vez, el entonces ministro Camacho.
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En medio de las tensiones, el Gobierno aumentó el porcentaje que nuevas plantas solares y eólicas debían transferir obligatoriamente a municipios, mientras impulsaba su proyecto de ‘Comunidades Energéticas’, que permite a asociaciones de usuarios autogenerar y comercializar energía con apoyo estatal. Voces del sector sostienen que estas decisiones modificaron las reglas de juego, agudizaron la crisis de la opción tarifaria y debilitaron el incentivo a la inversión privada.
El choque por las tarifas de energía
El choque por las tarifas de energía volvió a escalar en 2024, cuando el Gobierno insistió en que la fórmula vigente de la Creg encarece el kilovatio incluso en momentos de alta generación hídrica y anunció nuevas revisiones regulatorias. En medio de sus críticas, el presidente lanzó una frase que encendió la polémica: “Pablo Escobar palidecería ante este negocio”.
La resolución Creg 101 066 de 2024 abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las generadoras. La medida modificó la forma en que se determina el precio de la energía que se negocia a diario en la bolsa, con el argumento de corregir distorsiones. Sin embargo, gremios del sector advirtieron que, en lugar de resolver el problema de precios, podría agravar el riesgo de desabastecimiento en los próximos años.
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Sobre esto, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explica que la resolución altera las señales que han guiado históricamente la expansión del sistema. Según la líder gremial, intervenir la formación de precios en la bolsa también podría profundizar los retrasos en plantas en construcción, afectar la competitividad de tecnologías y aumentar el riesgo de un déficit de energía.
Mientras los gremios hacían un llamado urgente a revisar la nueva normativa para evitar un eventual apagón financiero, el Gobierno volvió a aumentar el tono. El entonces ministro Andrés Camacho afirmó que “algunas empresas están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”. En la misma línea, el presidente aseguró que las regulaciones existentes solo favorecen a las generadoras y habló incluso de “business oscuros manejados por una mafia contra el pueblo”.
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En diálogo con CAMBIO, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta calificó como errática la política energética del Gobierno nacional y sostuvo que algunas de las medidas adoptadas ponen en riesgo la confiabilidad de la prestación del servicio. “Las decisiones y declaraciones tienen sumido al sector eléctrico en una crisis inducida, como lo han advertido los organismos de control, por factores como la billonaria deuda de los subsidios al consumo de energía de estratos 1, 2 y 3”, explica.
La recta final de una relación de ‘alta tensión’ entre el Gobierno de Petro y los generadores
En el último año, el pulso entre el Ejecutivo y los gremios del sector energético no cesó. A través del proyecto de ley de `'Regulación Justa y Democratización del Sector', el Gobierno propuso redefinir la energía como un derecho y no como un servicio público regido por reglas de mercado, para asumir la potestad de fijar tarifas y permitir la integración vertical que durante décadas estuvo limitada para evitar monopolios.
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La tensión alcanzó un nuevo pico tras un decreto emitido durante la emergencia económica, con el que el Gobierno de Petro impuso una contribución parafiscal del 2,5 por ciento sobre las utilidades de las generadoras y un "aporte en especie" del 12 por ciento de la energía de las hidroeléctricas para rescatar a la intervenida Air-e. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se trataba de una medida "impopular pero responsable".
Una semana después de suspender provisionalmente las medidas contenidas en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, la Corte Constitucional también decidió el pasado 6 de febrero frenar los efectos del decreto que dictaba disposiciones para el sector energético. Con una votación mayoritaria de 6 a 2, el alto tribunal decidió que esas medidas permanecerán en pausa hasta que se adopte una decisión de fondo.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explica que este tipo de decisiones, sumadas a la obligación de destinar hasta el 95 por ciento de la energía a contratos de largo plazo, limitan la capacidad de las empresas para gestionar riesgos en bolsa y envían señales adversas a los inversionistas. “Las deudas de Air-e con los generadores ya suman 1,7 billones de pesos”, reitera.
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En su balance de la política energética del Gobierno de Gustavo Petro, el exministro Amylkar Acosta sostiene que el Ejecutivo ha privilegiado la confrontación sobre la estabilidad regulatoria. A su juicio, la acumulación de decretos, reformas y declaraciones ha deteriorado la confianza en el sector, frenado decisiones de inversión y aumentado el riesgo de que el país enfrente un déficit en la oferta de energía.
“El país podría enfrentar un apagón financiero provocado por una morosidad estatal que supera los 5,5 billones de pesos entre subsidios atrasados y las deudas de Air-e. La incoherencia en el discurso oficial se resume en que, mientras en enero de este año celebraba bajas de tarifas, en febrero ha denunciado nuevas “estafas” y “codicia”, explica el ministro.
En promedio, desde agosto de 2022, el presidente y altos funcionarios han cuestionado públicamente el modelo eléctrico, las tarifas y el rol de las generadoras más de una vez al mes. Es una disputa que pasó de los micrófonos a los decretos. Mientras el jefe de Estado insiste en que “ni la cocaína tiene tanta rentabilidad” como el negocio de la energía y los gremios responden con alertas técnicas sobre la inminencia de un apagón, los usuarios permanecen en medio del cortocircuito que amenaza con dejar al país a oscuras a mediano o largo plazo.
