¿Expropiación de energía?: el polémico decreto con el que el Gobierno espera que los generadores subsidien las deudas de Air-e

“Este es un decreto totalmente inconveniente y que raya en lo expropiatorio”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Así, con sorpresa, varios actores del sector energético, exministros y académicos recibieron un nuevo decreto que emitió el Gobierno del presidente Gustavo Petro el cual impone una contribución parafiscal a las empresas generadoras y les exige entregar energía para rescatar a Air-e, la firma comercializadora del servicio de energía eléctrica en tres departamentos del Caribe.

La situación de Air-e es crítica y por eso está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios desde hace 15 meses. Las deudas y los problemas en la prestación del servicio llevaron a la intervención en septiembre de 2024, pero la situación financiera no ha mejorado. Por eso el Gobierno decidió lanzarle un nuevo salvavidas con su decreto.

Aunque las cifras de Air-e no son claras, en el decreto gubernamental reconoció que la empresa tiene una necesidad proyectada de flujo de caja libre superior a 5,44 billones de pesos en un horizonte de más de un año para sostener su operación y ejecutar inversiones mínimas indispensables. Pero no solo es la plata: el rol de Air-e es fundamental para todo el sistema energético del país, pues la comercializadora presta sus servicios en 57 municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira a 1,3 millones de usuarios, entre hogares, pequeñas empresas, entidades o industrias.

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¿Qué dice el decreto?

El decreto 044 del 21 de enero de 2026, firmado por todos los ministros, quedó amparado por el estado de emergencia económica que declaró el Gobierno Petro a finales del año pasado y que hoy está bajo revisión de la Corte Constitucional. Hasta que el alto tribunal no tome una decisión, seguirá vigente este estado de excepción en el país.

La primera medida que introduce es un tributo parafiscal de 2,5 por ciento sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía que se cobrará en dos pagos, cada uno de 1,25 por ciento sobre las utilidades. El primero se cobraría el próximo 2 de febrero y deberá liquidarse con los estados financieros presentados para el año 2024; el segundo sería efectivo el 15 de mayo, cuando ya se tengan los estados financieros consolidados de 2025 ante la Superservicios.

La segunda medida corresponde a un aporte “en especie” a cargo de los generadores hidráulicos durante la vigencia fiscal de 2026. Consiste en la entrega de energía eléctrica “con destinación específica a la garantía de la continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

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El decreto establece que esa energía que deberán entregar los generadores hidráulicos será equivalente al 12 por ciento de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista, que “se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas”. Cabe aclarar que actualmente la única compañía intervenida por la Superservicios es Air-e.

Además, el decreto indica a los generadores que ese aporte no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado. Para compensar a las empresas, ese aporte de energía constituirá un descuento tributario del 50 por ciento sobre el impuesto sobre la renta.

La idea del Gobierno es que esas contribuciones financien “actuaciones necesarias para garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica” y para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El Gobierno justificó estos parafiscales en que las fuentes que conforman ese fondo “resultan actualmente limitadas frente a la magnitud, complejidad y simultaneidad de los procesos de intervención en curso”, y advirtió sobre las necesidades de gasto relativas al proceso de intervención.

“Estamos tomando medidas impopulares pero responsables con el sistema para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. Son medidas difíciles que están contra la utilidad de la empresa, no se trasladan ni a la tarifa ni a los usuarios y son temporales, durante la duración de la emergencia”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Palma defendió que los problemas energéticos en el Caribe existen hace más de 20 años, que son siete las empresas que han tratado de prestar el servicio, y culpó a la “clase política” del caribe colombiano.

Lo cierto es que el Caribe enfrenta una situación crítica y apagarse no es una opción, menos en un año electoral, lo que también podría costarle al Gobierno.

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Expropiación de energía, la queja del sector

La medida gubernamental no le sentó bien al sector y se suma a otros intentos regulatorios que han minado la confianza inversionista y las reglas de juego. De hecho, en abril del año pasado la Superservicios emitió una circular con la que le solicitó a las generadoras suministrar energía a la empresa intervenida Air-e “haciendo honor al principio de solidaridad estipulado en la Ley 142/94, la que regula los servicios públicos domiciliarios”.

Alejandro Castañeda, el presidente de Andeg, cuestionó la creación del impuesto sobre las utilidades con destinación al Fondo Empresarial de la Superservicios para que la misma entidad, con esos recursos, honre las acreencias que tiene Air-e con el sector.  

“Hoy en día, estas deudas con los generadores por parte de la empresa Air-e suman 1,7 billones de pesos, y en particular para los generadores térmicos son 1,1 billones. Esto es un autopago, por lo que decimos que es expropiatorio”, cuestionó.

En la práctica, las empresas generadoras de energía le vendieron un servicio a Air-e, hoy en cabeza del Gobierno nacional a través de la Superintendencia, y ahora el Gobierno les está cobrando un impuesto directo para pagar esa deuda.

Castañeda también se quejó del “aporte en especie”, que, aunque funciona como un trueque por impuestos, “distorsiona la forma en que funciona el sector eléctrico”, que se ha caracterizado por relaciones formales de contratos o de negociaciones en bolsa.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) también expresó su preocupación: “Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos”.

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El gremio fue claro: La situación de la costa Caribe “no constituye un hecho súbito ni imprevisible” como el propio decreto lo admite, y por ello la Asociación comentó que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptada.

Una fuente cercana al sector, que prefirió no ser citada, aseguró que, tras conversar con algunos inversionistas del sector, las empresas le están dando “una lectura expropiatoria al decreto”, pues obliga a que parte de la producción se suministre a título gratuito, y eso afecta los estados financieros.

La inversión, el activo que hay que proteger.

El sector energético se prepara para una nueva subasta de cargo por confiabilidad este año. Estas señales podrían pasarle factura.  

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta considera que esta medida, sumada a otras regulaciones del sector, además de desincentivar la inversión, agrava la inseguridad jurídica y “espanta y paraliza” a los inversionistas.

“Me parece absurdo que sean las propias empresas acreedoras de Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, las que paguen la contribución parafiscal para que este tenga liquidez para pagarle a ellas mismas lo que les debe. Eso es el perro dando vuelta a la redonda tratando de morderse la cola”, criticó Acosta.

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Desde lo jurídico, el decreto también presenta varias observaciones. Manuel Gómez, director de Energía e Industrias Reguladas en la firma de abogados Cuatrecasas considera que no hay una justificación lo suficientemente detallada y sustentada sobre la garantía de los servicios públicos esenciales y la energía. “Esto es un tema estructural y crónico, que no es imprevisible ni cumple con los elementos para adoptar medidas de emergencia”, advierte el abogado.

Gómez advierte además que el decreto puede ir en contravía del principio de “suficiencia financiera” de la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y “puede poner en riesgo que las empresas recuperen los costos de prestación del servicio y tengan una utilidad razonable de acuerdo al riesgo que asuman”. 

Incluso, voces académicas han llamado la atención sobre la medida que está impulsando el Gobierno: “Hay que salvar al sector, pero ¿dónde está el papel regulador y vigilante del estado para no llegar a estos puntos en que se tenga no que optimizar los servicios sino ser más punitivos para generar impuestos?”, cuestionó Clara Inés Pardo, doctora en economía y políticas energéticas.

Para la académica, estas medidas que golpean directamente los estados financieros de las empresas generan incertidumbre regulatoria y pueden provocar frenos en la inversión en nuevos proyectos en una coyuntura en la que el país enfrenta riesgos de energía en firme para los próximos años.

“Estas medidas pueden frenar la expansión del sistema. Cada vez hay más demanda y si no expandimos el sistema podemos vernos enfrentados a costos en el futuro”, comentó la experta, quien aseguró que posiblemente le llegarán demandas al Estado por implementar estos impuestos vía decreto.

La intervención de Air-e, por la que han pasado tres superintendentes y cuatro agentes interventores, no ha sido sencilla, pero no se puede endilgar la responsabilidad al sector, y a los mismos afectados por las acreencias de la empresa. El Gobierno de Gustavo Petro está en los últimos meses de su administración, mientras el país se alista para las elecciones. Aunque se están jugando las últimas cartas, el costo de estos decretos parece ser la seguridad jurídica, e incluso, la sostenibilidad financiera y operativa de todo un sector.