El presidente Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuando anunciaron el aumento del salario mínimo vital de 23 por ciento.
Foto: Presidencia de la República- Ovidio González
Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo vital en Colombia
La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijó el salario mínimo en 1.750.905 para 2026.
Por: Juan David Cano
La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro fijó el último aumento del salario mínimo de su mandato en 23 por ciento, dejando el mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos.
“Decreta la suspensión provisional de los efectos del acto demandado y ordena a las entidades demandadas la fijación sustitutiva del salario mínimo para la vigencia 2026 como decisión administrativa transitoria”, señaló el Consejo de Estado.
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Esto significa que la suspensión aún no es definitiva, pero sí tiene consecuencias inmediatas: el decreto deja de producir efectos mientras el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa estudia si cumple todos los requisitos legales.
La decisión fue adoptada dentro de un proceso que reúne múltiples demandas contra el decreto. Dado que la Ley 278 establece parámetros concretos que deben considerarse cuando no hay concertación en el aumento, los demandantes sostienen que el decreto no explicó con claridad los factores que condujeron al porcentaje final adoptado.
También cuestionan el uso del concepto de salario vital y señalan que no está expresamente previsto en la norma que regula la fijación del salario mínimo.
Cabe recordar que el Gobierno Petro adoptó este concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite calcular cuánto es el ingreso mínimo que necesita una persona y su familia en un país determinado para vivir dignamente en condiciones materiales adecuadas.
El decreto estableció que el país tenía una brecha importante entre el salario mínimo vigente en 2025 y ese nivel de suficiencia. Por ello, además de considerar la inflación, la productividad y el crecimiento de la economía, incluyó este criterio como parte de una decisión de justicia social orientada a beneficiar a las poblaciones que históricamente han sido marginadas en materia salarial por decisiones del Estado.
¿Cuándo fue la última vez que la justicia anuló un decreto de salario mínimo?
No es la primera vez que el Consejo de Estado suspende un decreto de salario mínimo. En 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el decreto que fijó el aumento también fue demandado, aunque por razones distintas: en esa ocasión se alegó que el incremento del 7 por ciento no cumplía con los parámetros legales.
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En ese caso, el máximo tribunal anuló el decreto al considerar que no se habían explicado adecuadamente los argumentos técnicos que sustentaban la decisión.
Sin embargo, la decisión no tuvo efectos prácticos, pues cuando fue adoptada ya había transcurrido un año desde la expedición del decreto. En consecuencia, no se modificó el salario fijado ni se impartieron órdenes sobre el monto que debía establecerse. Sin embargo, el fallo dejó un precedente claro: los gobiernos deben justificar técnica y jurídicamente los aumentos del salario mínimo.
¿Qué ha dicho el Gobierno?
Por ahora, el primero en pronunciarse sobre la decisión fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la suspensión provisional como una determinación de carácter político. Según el funcionario, la medida no obedece únicamente a consideraciones jurídicas, sino a una disputa de fondo sobre el alcance del llamado “salario mínimo vital” y su impacto social.
Benedetti sostuvo que la decisión afecta directamente a los sectores de menores ingresos y señaló que el debate no será solo jurídico sino también político. A su juicio, el episodio tendrá repercusiones en el escenario electoral y en la discusión pública sobre el papel de las altas cortes y la relación entre las decisiones judiciales y las políticas sociales del Gobierno.
“Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el salario mínimo vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”, dijo.
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