Emergencia en pausa: el fallo de la Corte desbarata el plan fiscal del Gobierno de Gustavo Petro

El Gobierno nacional está, otra vez, en una encrucijada fiscal. La decisión que tomó la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica dejó sin piso el plan del presidente Gustavo Petro y del ministro Germán Ávila de recaudar cerca de 11 billones de pesos con un paquete de impuestos que decretó el Gobierno, amparado en esa figura del estado de excepción.

“Se han negado las fuentes tributarias para la atención del gasto público”, acusó el viernes pasado el ministro. El presupuesto general de este año, por 557 billones de pesos, es el más alto de la historia, pero tiene un hueco de 16 billones que no se sabe cómo se van a financiar.

A finales del año pasado el Congreso de la República le negó al Gobierno la aprobación de su ley de financiamiento, una reforma tributaria con la que buscaban completar ese monto. Por eso el presidente decidió decretar la emergencia económica y así pasar su reforma vía decreto.

El decreto, actualmente suspendido, incluye cambios en el impuesto al patrimonio, una sobretasa de 15 por ciento en el impuesto de renta para el sector financiero, el aumento al 19 por ciento para el IVA de los licores, los juegos de azar y cambios en las tarifas que pagan los productos de lujo. Revive la no deducibilidad de las regalías e incluso cambia el gravamen que se aplica a las compras hechas por plataformas de comercio electrónico.

Ahora, mientras la Corte toma una decisión de fondo sobre si son constitucionales la emergencia y los decretos amparados en ella, el Gobierno vuelve a tener entre sus manos el mismo problema: le falta plata para todo lo que quiere hacer.

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Recortar el gasto, la tarea que incomoda al presidente

Desde finales del año pasado el Gobierno viene impulsando una serie de operaciones de deuda, como la emisión de títulos de tesorería (TES) y bonos globales para ajustar sus cuentas públicas, cada vez más estrechas. Estas emisiones de deuda han sido altamente criticadas por varios expertos.

El ministro Ávila insistió también el viernes en que la manera “adecuada” de financiar el presupuesto general de la nación y los déficit es a través de mayores ingresos tributarios y no con incrementos de deuda: “Es algo que hemos evitado a toda costa”. Pero también abrió la puerta, “si llega a ser necesario”, a usar esta herramienta para solventar el faltante de recursos por la decisión de la Corte.

Desde hace varios meses varios expertos, centros de pensamiento, exministros y académicos, así como contradictores políticos del Gobierno le han insistido en otra opción: ajustar los gastos, una alternativa que no parece cautivar al presidente. 

La economista Astrid Martínez, quien hasta hace pocos días ocupó la presidencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó a CAMBIO que lo que prevé la norma presupuestal es que a inicios del año se decrete un recorte por el monto de la desfinanciación.

“El riesgo de que se diera la inconstitucionalidad de la norma que obligue a recortar no se materializa hasta que la Corte no se pronuncie de fondo. Si la decisión es inexequibilidad, el recorte sería por 11 billones, más 5,3 billones que faltarían para recaudar los 16,3 billones que pretendía la ley de financiamiento”, dice Martínez.

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Las cuentas fiscales del país están alteradas ya. Martínez considera que también podría haber un impacto fiscal si la Corte llegase a declarar que el decreto es constitucional, o exequible. En ese caso, por los impuestos que se dejarían de recibir por cuenta de la medida cautelar de la suspensión del decreto.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un grupo de investigadores dedicados a estudiar la situación de las finanzas públicas del país, considera que este escenario era previsible y que el Gobierno debió optar desde el inicio por una estrategia distinta.

“La utilización de un estado excepcional para introducir modificaciones tributarias que ya habían sido discutidas y rechazadas en el trámite democrático debilita la institucionalidad fiscal. La suspensión decretada por la Corte confirma que la emergencia no era una vía robusta ni sostenible para resolver los problemas de fondo de las finanzas públicas”, asegura Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana.

El académico subraya que el origen de la situación fiscal actual no es un hecho sobreviniente, como lo ha querido presentar el Gobierno, sino el resultado de pronósticos de recaudo excesivamente optimistas que no se han cumplido desde 2024. El Observatorio incluso advierte que el problema fiscal es mucho más profundo que los 16 billones que se buscaban recaudar mediante la emergencia para el presupuesto general en 2026.

“La salida de esta situación pasa por pronósticos de recaudo serios y creíbles, una racionalización efectiva del gasto público y un uso transparente de los recursos”, concluye Salazar.

El lío de devolver los impuestos

Aunque no hay un dato consolidado de cuánto logró recaudar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con los impuestos del decreto 1474, tanto la entidad como el ministro Ávila confirmaron que tan solo por los beneficios tributarios de la normalización de activos a los que se acogieron personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes se alcanzaron a recaudar alrededor de 1,2 billones de pesos.

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Mientras la Corte emite un fallo definitivo en las próximas semanas, y define si declara inconstitucional la emergencia económica, todavía no es claro que pasará con todas las medidas que se implementaron. Juan David Velasco socio de impuestos en la firma Baker McKenzie asegura que la suspensión provisional “tiene como efecto evitar un daño irreparable a los contribuyentes” por la contradicción de la declaratoria del estado de excepción con la Carta Política, y además “refuerza el equilibrio entre los poderes públicos y envía una señal positiva de confianza en el Estado de derecho en el país”, pero en la práctica, devolver los impuestos no es tan sencillo.

Si la Corte invalida finalmente el decreto, lo clave será si la Corte también ordena devolver esos impuestos que se recolectaron durante la emergencia. “Esto plantea desafíos legales y prácticos en torno al reembolso, en particular para los impuestos indirectos”, advierte Andrés Pardo Amézquita, jefe de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments y exviceministro general de Hacienda.

Pardo también explica que, desde una perspectiva macroeconómica, la suspensión tiene implicaciones en la inflación a corto plazo, en particular para el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero.

“Los impuestos temporales sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos ya estaban vigentes desde el primero de enero, y previamente habíamos estimado que estas medidas sumarían entre 18 y 20 puntos básicos a la inflación del IPC de enero. Con la suspensión vigente, se podría restar una magnitud similar al IPC de febrero, ya que estos efectos fiscales se revierten”, dijo.

Pero los efectos de la emergencia no se limitan solo a estos impuestos. La Corte por ahora solo se ha pronunciado sobre el decreto principal y el que introdujo los impuestos, pero continúa estudiando un tercer decreto que empezará a tener impactos esta semana.

Este es el decreto 044 del 21 de enero de 2026, que se emitió hace apenas unos días y propone dos medidas que afectan directamente al sector energético: una contribución parafiscal de 2,5 por ciento sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía y un aporte “en especie”, es decir, transferencias de energía, equivalentes al 12 por ciento de los recursos que venden en la bolsa de energía.

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El objetivo de esa medida es ayudar a solventar la situación financiera de Air-e, la empresa comercializadora de energía que presta sus servicios en La Guajira, Atlántico y Magdalena, y que está intervenida por la Superintendencia Financiera desde septiembre de 2024.

El polémico decreto ha sido criticado por el sector y algunos dicen que es una medida “expropiatoria”. Por ahora ese decreto continúa en firme hasta que la Corte se pronuncie. Sin embargo, el Gobierno aún ve posibilidades con la emergencia.

“Las decisiones judiciales hay que acatarlas cuando entran en vigencia, pero también tienen recursos. Así como entran en vigencia, también entran en revisión los recursos que vamos a colocar ante la propia Corte”, dijo Ávila.