¿Es viable traer gas de Venezuela para cubrir el déficit de Colombia o es otro salvavidas de corto plazo?

El anuncio de que Colombia negociará con Venezuela para traer gas de ese país llegó como suelen hacerlo las promesas energéticas en Colombia: con tono de urgencia, aroma a salvación y un enemigo difuso al fondo: la “codicia”, la “especulación” y el costo de la importación. Con ese tono y esas justificaciones, el presidente Gustavo Petro pidió aplicar la medida en un consejo de ministros.

“Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una. Y si gringos, venezolanos y nosotros ganamos, ¿qué esperamos? Si se hubiera podido conectar el gas de Venezuela, se acababa el miquito de la codicia, no hubiera pasado tan grave”, afirmó el jefe de Estado.

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Quien le dio el sello institucional a la iniciativa fue el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al señalar: “Con licencia OFAC, como alguna vez dijimos, empezamos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica. Es clave que este tipo de licencias se amplíe para los temas eléctricos y así poder reanudar rápido las interconexiones entre ambos países”.

El ministro pisa sobre terreno jurídico concreto: Estados Unidos acaba de emitir una licencia que precisamente le permite a Venezuela, en medio de su transición política y energética, comercializar gas a otros países, con algunas excepciones.

Qué autoriza y qué prohíbe la OFAC con la Licencia General 48

El 10 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la ‘Venezuela License No. 48’, dentro del régimen de sanciones que tiene el gigante norteamericano sobre el país suramericano.

En términos sencillos, la licencia autoriza transacciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para suministrar desde Estados Unidos bienes, tecnología, software o servicios para exploración, desarrollo o producción de petróleo o gas a Venezuela, incluso cuando el negocio involucre al Gobierno venezolano o a PDVSA. Ese gas que produzcan lo necesitan sacar y vender por algún lado, y es ahí donde Colombia podría tener alguna oportunidad. Sin embargo, esa nueva puerta abierta viene con cerrojos.

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Los contratos deben regirse por la ley de Estados Unidos y los pagos a personas bloqueadas por ese país deben canalizarse por fondos designados por el Tesoro. Por otro lado, hay prohibiciones explícitas como no autorizar pagos en oro o criptoactivos, ni transacciones con países como Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte.

En otras palabras, la licencia no es un cheque en blanco para que la región conecte gasoductos como quiera y vuelva a la Venezuela productora de hace años. Es una habilitación acotada y condicionada, y bajo ese marco regulatorio deberán operar los eventuales acuerdos entre Caracas y Bogotá.

El punto de partida colombiano: déficit, reservas limitadas y el reloj corriendo

El gas dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una preocupación doméstica que atraviesa hogares, transporte e industria. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que al cierre de 2024 las reservas probadas de gas natural eran de 2.064 gigapies cúbicos (Gpc), con un horizonte estimado de 5,9 años al ritmo actual de producción.

En términos prácticos, el país no cuenta con reservas suficientes para sostener la demanda en el mediano plazo. Ante un déficit que comienza a vislumbrarse, Colombia debe se intenta proyectar a 2030 para evitar que el gas se convierta en un problema estructural.

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Infraestructura, tiempos y precios: las advertencias del sector

Y es en este escenario que la pregunta de fondo es si importar gas desde Venezuela resultaría viable y si esa decisión impactaría —o no— el precio que pagan los usuarios colombianos. En entrevista con CAMBIO, varios expertos abordaron esta pregunta. Uno de ellos es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, quien aterriza el debate con este mensaje: Venezuela puede ser una opción, pero no una inmediata, como pide el Gobierno.

“La importación de gas desde Venezuela es una alternativa que ha sido discutida y no se puede descartar, pero su materialización enfrenta retos técnicos, de infraestructura, contractuales y legales, por lo que tomaría tiempo”, explica. Y agrega: “cualquier iniciativa para traer gas venezolano vía gasoducto requiere desarrollo de infraestructura que, en el mejor de los casos, podría tardar entre uno y dos años. No es una alternativa inmediata”.

Pearl también menciona un punto crítico: el campo Perla, ubicado al noreste del golfo de Maracaibo: “actualmente abastece la demanda residencial, termoeléctrica e industrial de la zona, está conectado a redes de distribución en el oriente del lago de Maracaibo, cercanas a la frontera que transportan menos cantidad y, por tanto, reducen las cantidades exportables a Colombia a través de gasoducto Antonio Ricaurte, el cual, en el lado colombiano tiene tramos desmantelados, además de que la estación receptora no se encuentra operativa”. 

Venezuela como medio, no como destino

Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, coincide en que Venezuela no puede presentarse como la única solución, pero sí como una pieza útil si se entiende como un puente.

A diferencia de la ACP, para él el tiempo de ejecución del proyecto sería un poco menor, aunque igual requerirá millonarias inversiones: “No es un proyecto de corto plazo y tomará por lo menos de 9 a 12 meses reactivar las operaciones e inversiones por lo menos de 30 millones de dólares”. Y añade: “El gasoducto se diseñó con una capacidad de hasta 500 millones de pies cúbicos por día. Sería un gran logro tener importaciones alrededor de los 120 millones de pies cúbicos por día, por lo menos en los próximos dos años”.

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La discusión estratégica: importar sin descuidar la autosuficiencia

Para Vera, es un hecho que Venezuela es una opción, pero no confía en la narrativa triunfalista del Gobierno, es decir, no concuerda con que una sola decisión salvará al país de quedarse sin gas. Por eso, asegura que lo mejor es tener varias puertas de entrada, dado que aún no está claro cuál sería el precio del gas y “si las importaciones por ducto serán más competitivas que por barcos”.

Su opinión concuerda con la de Pearl, de la ACP, quien dice que: “Colombia debe tener presente que esta alternativa no sustituye la prioridad ineludible de desarrollar nuestros propios recursos energéticos. El país debe recuperar la autosuficiencia en gas, tanto por razones de seguridad energética como de competitividad y sostenibilidad. Es fundamental avanzar en la exploración y desarrollo del potencial nacional, de los proyectos costa afuera como Sirius, el Valle Inferior del Magdalena, Sinú-San Jacinto y los yacimientos no convencionales, entre otros”.

¿Será más barato el gas de Venezuela?

Quizás esta sea la pregunta más frecuente entre los usuarios colombianos —si efectivamente sería más barato como promete el Gobierno Petro, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta agrega un elemento adicional a la discusión: el precio.

Según ha manifestado Delcy Rodríguez, Venezuela vendería el gas a precios internacionales, lo que no garantiza que sea más barato para Colombia. “No es posible establecer con precisión tiempos y volúmenes de gas a transportar desde Venezuela. Lo único claro es que se vendería a precios internacionales. No se puede dar por sentado que sería mucho más barato; quizá lo favorezca la proximidad del transporte, pero la molécula vale igual que traerla desde Trinidad y Tobago, como se hace actualmente”, afirma Acosta.

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Su opinión es compartida por Inés Elvira Vesga, socia en Holland & Knight: “A nivel tarifas, nunca va a ser más barato importar que producir localmente. El gas importado es costoso no solo por el valor de la molécula sino por su transporte desde el punto de importación hasta el centro de consumo. Eso recae directamente sobre el costo de la factura que paga el usuario final. Ahora bien, se ha dicho que estas importaciones serían a un precio inferior al de GNL (gas natural licuado). De ser esto cierto, el impacto en las tarifas sería inferior, pero no por ello insignificante”. declaró.

ACP también baja las expectativas, aunque pone una serie de condiciones que son necesarias para que la reducción efectivamente ocurra: “Sin volúmenes adicionales, cronogramas ciertos e inversiones comprometidas en infraestructura, exploración y desarrollo, no es posible hablar de estimaciones y mucho menos de ahorros”, dijo Pearl.

Una opción que puede ser útil, pero con prudencia

En síntesis, traer gas de Venezuela puede ser viable como mecanismo de transición para enfrentar un déficit puntual. Pero hoy lo que existe es un permiso condicionado por Estados Unidos y una voluntad política. La infraestructura requiere inversiones, el precio es incierto y el riesgo regulatorio persiste.

“La esperanza de recuperar la autosuficiencia de gas natural está fincada en proyectos como Sirius, hacia 2030. Entre tanto, el próximo gobierno deberá revisar la moratoria a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para asegurar la autosuficiencia futura”, recalca Acosta.

Por su parte, Vesga concluye: “la política energética no puede basarse en la dependencia de otros países, máxime cuando en Colombia hay recursos en el subsuelo. La decisión de no explorar no es sensata, porque no estamos listos para vivir de las renovables y estamos dando a otros países lo que podríamos generar internamente. Las importaciones de gas son necesarias porque no tenemos suficiente producción local. Pero la solución estructural y de largo plazo es incrementar la exploración y diversificar, para no perder autosuficiencia y soberanía energética”.