Al díaInversión, salud, seguridad y energía: la hoja de ruta que proponen los centros de pensamiento para el próximo gobierno

Este 18 de febrero, seis centros de pensamiento del país presentaron una hoja de ruta con cambios y estrategias que debería adoptar el próximo gobierno que se instale en la Casa de Nariño, con el fin de mejorar el desempeño y dinamizar el desarrollo económico y social de Colombia.

El documento, titulado Estrategias para el desarrollo económico y social de Colombia: recomendaciones para el periodo 2026-2030, reúne aportes de expertos del Consejo Privado de Competitividad, Anif, Centro Regional de Estudios de Energía, Así Vamos en Salud, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y la Fundación para el Estado de Derecho.

La hoja de ruta no pretende proponer un plan de gobierno integral, pero sí plantea medidas puntuales en el marco de la iniciativa Colombia Progresa 2026-2030, en áreas como el sector financiero, la competitividad y la inclusión financiera, la energía, la salud, la seguridad y distintos frentes regulatorios.

Colombia necesita más inversión para crecer de manera sostenida

En cuanto a la economía del país, Anif explica que, aunque la nación ha mostrado dinamismo después de la pandemia, ese crecimiento descansa sobre bases frágiles. ¿La razón? El consumo de los hogares aumentó 25 por ciento, mientras que el gasto público creció 16 por ciento. La inversión, en cambio, continúa rezagada, con una disminución de 5 por ciento si se compara con el último trimestre de 2019, el año prepandemia.

“Un modelo de crecimiento soportado en el consumo, con bajo ahorro e inversión, es insuficiente para generar empleo formal, aumentar la productividad y sostener el crecimiento potencial. El sistema financiero y el mercado de capitales son actores clave para revertir esta tendencia, pero enfrentan desafíos en acceso, uso efectivo de productos financieros, liquidez y participación de nuevos emisores e inversionistas”, explica Anif el problema de fondo.

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Es sobre esa base frágil que el centro de pensamiento propone una serie de ajustes que permitirán atacar varios frentes. El primero tiene que ver con el acceso formal al crédito. Solo un tercio de los adultos del país cuenta con al menos un producto de crédito activo y la razón detrás es la aún baja oferta por parte de entidades financieras que operan con mesura debido a los riesgos y, en especial, a la tasa de usura, que los limita a ciertos rendimientos. Ajustar esa tasa permitiría que las entidades se animen a ofrecer más créditos.

En segundo lugar están los pagos digitales y las barreras de uso del sistema financiero. Siete de cada diez pagos en el país son en efectivo, lo que afecta la eficiencia del sistema y aumenta costos operativos. Aunque Bre-B surgió como una solución a este problema, no debería ser la única. Anif propone eliminar de forma gradual el 4x1.000 a los movimientos financieros, esa reducción de costos daría mayor confianza a los usuarios para formalizarse y digitalizar sus pagos sin sentir que están perdiendo en el proceso. Aunque este proceso debe estar acompañado por educación financiera y programas de mentoría.

Pero estas no son las únicas estrategias. Expandir el acceso a seguros, lanzar la reforma al mercado de capitales, crear licencia de asesor independiente e incrementar la participación de las pymes en el mercado de capitales son otras medidas que el próximo gobierno debería considerar para garantizar que la inversión llegue donde debería de llegar y de forma sostenida y creciente.

“El crecimiento sostenido e inclusivo de Colombia requiere un marco financiero moderno, competitivo y orientado a la inversión. Para lograrlo se necesitan reglas claras, menos barreras normativas y administrativas, mayor competencia, mejor acceso a información, que permitan al mercado movilizar el ahorro hacia la inversión productiva”, concluye Anif.

¿Cómo estabilizar y transformar el sistema de salud colombiano?

Otro de los aspectos que es transversal en la agenda pública nacional es la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. Así Vamos en Salud hizo un diagnóstico y encontró un “paciente” en urgencias, con riesgos de insostenibilidad. Un ejemplo de ello es el patrimonio negativo de algunas EPS, las pérdidas operacionales crecientes y las deudas acumuladas que amenazan con agravar el acceso a servicios de salud y medicamentos, mientras la desconfianza institucional se incrementa.

Para atender esta emergencia, la organización propone establecer tres objetivos en el corto plazo: inyectar liquidez de manera urgente, reconstruir la confianza entre actores del sistema e instalar nuevos mecanismos de transparencia.

Para el primer punto, por ejemplo, proponen usar vigencias futuras y reservas técnicas, cambiar la dirección de algunos gastos ya planificados en el presupuesto general y acelerar el proceso de reconocimiento de pagos del Presupuesto Máximo. Pero antes de esta decisión, es necesario crear mesas de trabajo que definan cuáles son esos sectores específicos que requieren de inmediato recursos y cuáles podrían esperar.

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En el mediano y largo plazo, Así Vamos en Salud asegura que es necesario preservar el modelo de aseguramiento en salud como vía para garantizar el acceso de la población, sin embargo, concuerdan con un punto con el Gobierno: es necesario redefinir el rol de las EPS. Para la entidad, las nuevas agencias deben concentrarse en la gestión integral del riesgo de los colombianos, la representación de sus usuarios y la articulación con redes de servicio. “Se plantea que estas entidades puedan ser públicas, privadas o mixtas, reguladas bajo criterios estrictos de solvencia, desempeño y transparencia”, asegura Así Vamos en Salud.

Finalmente, la entidad propone una reorganización territorial de la salud, más medidas para dignificar las condiciones laborales del sector, implementar tecnología indispensable para mejorar la atención y finalmente atacar las fuentes de desperdicio de servicio, entre ellas la falta de integración entre operadores de salud y aseguradoras.

¿Y la seguridad? Los ejes para reconstruir el orden público en Colombia

Ahora bien, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se encargó de presentar el balance sobre la seguridad nacional y el punto de partida es que el país ya no vive un conflicto armado como el de hace décadas y en la actualidad está permeado por distintos aspectos que se conjugan en un entorno difícil de desmantelar.

“El país ya no vive un conflicto armado como el de antes, sino un mayor nivel de inseguridad como resultado de un ecosistema criminal en auge y altamente fragmentado, en el que múltiples organizaciones criminales especializadas y flexibles se enfrentan entre sí en disputas violentas, buscando controlar economías ilegales cada vez más rentables. Al tiempo, el deterioro de las capacidades institucionales de seguridad limita de forma severa la respuesta del Estado”, dijo el Cerac.

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Todo este escenario propicia un entorno de mayor inseguridad que, para el Cerac, condiciona el desarrollo de la economía nacional y, por supuesto, mina la democracia. Por eso, el centro de pensamiento propone algunas estrategias para el próximo gobierno.

En primer lugar, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública, pero en un entorno en donde las finanzas están apretadas, debe evitarse comprometer la estabilidad fiscal. Para lograr esto, se puede reactivar personal retirado, incorporar de manera acelerada a más mujeres y un programa de mantenimiento de las capacidades militares.

Además de esta ampliación de la capacidad operativa, se debe implementar un marco legal y operativo que permita luchar contra organizaciones criminales sin dejar vacíos que perpetúan la impunidad, modernizar la justicia, actualizar las políticas de la lucha antinarcóticos con intervenciones modernas, reorganizar la Policía y fortalecer la seguridad pública.

Una agenda que se cruza transversalmente con la energía

Los centros de pensamiento también abordaron otros ejes transversales que garantizan el engranaje del país. Uno de los más críticos es la energía.

Es ahí donde el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) identificó una oportunidad y explicó que hoy la matriz energética nacional muestra tensiones crecientes. No solo hay estrechez de energía firme, sino también reducción en las reservas de gas, rezago en la transmisión y deterioro financiero de agentes del sistema.

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Por ello, el centro de pensamiento propone tres futuros posibles: continuidad, dependencia fósil y descarbonización rápida. En ellas se desarrollan cuatro fuentes distintas, universalizar el acceso a la energía, asegurar la expansión oportuna de la oferta, sanear financieramente el sistema y repensar la transición energética.

En la actualidad, más de 1,3 millones de hogares en el país no cuentan con servicio eléctrico. “Esta brecha no solo impide el acceso a bienes básicos como iluminación, refrigeración o conectividad, sino que limita el funcionamiento de escuelas, puestos de salud, sistemas de agua potable, actividades económicas y, en general, la integración de estas comunidades al desarrollo”, explica el Cree.

Para abordar esta problemática, hay varias propuestas. La primera es subastas de nivel de servicio, es decir, seleccionar el prestador de la energía de forma eficiente. El esquema busca integrar soluciones energéticas con objetivos de productividad, servicios privados. El segundo es reactivar el esquema de declaración de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines) para desarrollar más rápido las inversiones en infraestructura y finalmente está el saneamiento del sector. Si se libera el precio del diésel, que tiene un impacto fiscal de 8 billones de pesos, esa plata podría usarse para pagar las deudas que acarrea el sector público con las generadoras de energía del país, compromisos que hoy superan los 6 billones de pesos.

El marco regulatorio: las propuestas que habilitan a todas las demás reformas y cambios

Otro tema que es transversal a los demás está precisamente en el marco normativo colombiano, el que permite que todas las demás medidas se puedan implementar. La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) aportó la metodología de depuración regulatoria que permite identificar las normas que, aunque quizás se ajustaron a necesidades creadas en el pasado, hoy requieren una actualización porque generan costos desproporcionados, contradicciones jurídicas y zonas grises o incluso duplicadas que disminuyen la efectividad del Estado, un problema si lo que se busca es implementar rápidamente medidas para atender diversos sectores.

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“Proponer ajustes, reformas o derogatorias de las normas existentes no debilita el papel del Estado. Por el contrario, lo fortalece con reglas más simples, claras y adaptadas a los problemas del presente y a los desafíos del futuro”, explica FEDe.

En ese sentido, la entidad propone cinco dimensiones que se deben revisar a detalle para que las medidas se puedan implementar efectivamente: la seguridad jurídica y legalidad, la eficiencia y el fortalecimiento institucional, la legitimidad y participación democrática, la competitividad y productividad y la modernización regulatoria. Si el próximo gobierno ataca las trabas de estos espacios, podrá gestionar adecuadamente los cambios necesarios que se necesitan rápidamente para gestionar adecuadamente al país.