Los retos del Gobierno para mejorar la confianza entre inversionistas luego de las operaciones de deuda

En las últimas semanas, el Gobierno ha ejecutado una serie de operaciones de deuda de gran magnitud que, aunque permitieron asegurar financiamiento en el corto plazo, reavivaron las alertas del mercado sobre la sostenibilidad fiscal y la previsibilidad de la política económica. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el país realizó una colocación directa de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos a un inversionista extranjero, operación que se hizo sin comunicación previa a los agentes financieros. A esto se sumó la emisión de bonos globales por alrededor de 4.950 millones de dólares y otras operaciones menores recientes.

Estas operaciones ocurrieron en un contexto de déficit fiscal elevado, suspensión de la regla fiscal y mayores necesidades de financiamiento para 2026. En ese espacio, el Gobierno autorizó la emisión de hasta 152,25 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) Clase B, un cupo máximo que refleja las necesidades de financiamiento del año, incluyendo recursos para cubrir el déficit fiscal y para atender vencimientos y refinanciar deuda existente.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido la estrategia como un manejo activo de la deuda, analistas y actores del sistema financiero coinciden en que el problema no es únicamente el volumen de endeudamiento, sino la ausencia de metas fiscales claras y creíbles que permitan anclar las expectativas de los inversionistas.

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Para Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, el deterioro en la percepción de los inversionistas no responde únicamente al volumen de endeudamiento, sino a un entorno institucional cada vez más incierto. “El deterioro en la confianza ha estado estrechamente ligado a la pérdida de anclas de estabilidad regulatoria, jurídica y tributaria. A ello se suma que, tras la suspensión de la regla fiscal, la estrategia de emisión de deuda carece de un marco claro de mediano plazo, lo que ha incrementado la incertidumbre. Es lo mismo, es decir, dar anclas. El problema es que no las hay”, afirmó a CAMBIO.

La advertencia conecta directamente con una de las principales preocupaciones del mercado: la ausencia de señales claras sobre cómo se va a corregir el desequilibrio fiscal en el tiempo.

Reglas claras y previsibilidad: el llamado del sector financiero al Gobierno

Desde el sector financiero, Asobancaria insistió en que la confianza inversionista depende, en buena medida, de la existencia de reglas de juego claras, estables y previsibles. En su intervención durante el 28 º Congreso de Tesorería, el presidente del gremio, Jonathan Malagón, fue enfático en que la declaratoria de emergencia económica y la forma en que se han comunicado algunas decisiones han elevado la percepción de riesgo país.

Según Asobancaria, “la declaratoria de la emergencia económica minó la confianza de los inversionistas, quienes ahora perciben a Colombia como un país más riesgoso”, al tiempo que se generó una pérdida de competitividad asociada a mayores cargas tributarias y al encarecimiento del crédito.

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En materia de deuda pública, Malagón fue explícito al referirse a la venta de TES por 23 billones de pesos, al señalar que esta operación “evidencia la importancia de contar con reglas claras, previsibles y, sobre todo, con un esquema participativo y abierto a todos los actores del mercado”, y advirtió que la ausencia de comunicación previa limitó la capacidad de los agentes para anticipar impactos sobre liquidez, formación de precios y portafolios.

Déficit fiscal: el trasfondo que condiciona la confianza

Más allá de la forma de las operaciones, los analistas coinciden en que el verdadero desafío está en el frente fiscal. Para Santiago Espinoza González, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, la confianza de los inversionistas solo se recupera si el Gobierno demuestra que tiene la deuda bajo control.

“Los retos que tiene el Gobierno para mejorar la confianza de los inversionistas con los aumentos de deuda son varios. Por un lado, que se demuestre que tiene la deuda controlada, es decir, que puede pagar las altas tasas de interés que tiene actualmente, y eso se demuestra, por ejemplo, con un superávit”, explicó a CAMBIO.

Sin embargo, Espinoza advierte que el camino para lograrlo es estrecho. “Por un lado, que reciba más. Eso es un desafío porque sus reformas tributarias no han pasado en el último año y porque también el decreto de emergencia económica se cayó. Entonces no puede recaudar más dinero por ese medio. Por otro lado, tiene una vía de reducción del gasto, pero con las contrataciones y las últimas acciones parece no ser el camino”.

Incertidumbre y ruido: el impacto de los mensajes del Gobierno

La dimensión comunicacional también aparece como un factor clave en el deterioro de la confianza. Camilo Pérez, director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, subraya que la confianza no solo se construye con cifras, sino con señales coherentes. “Básicamente, parte de una reducción de la incertidumbre que genera el Gobierno con anuncios, propuestas, planteamientos y comunicados que generan desazón en los empresarios, en los hogares y en los inversionistas”, afirma.

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En su análisis, el manejo de la deuda desde la Dirección de Crédito Público ha sido activo, pero insuficiente para compensar los problemas estructurales del gasto. “Si bien desde Crédito Público se ha hecho un esfuerzo bastante grande, con una gran cantidad de operaciones de manejo de deuda, el esfuerzo no es evidente cuando se miran las cifras fiscales. El gasto público se mantuvo y el déficit fiscal terminó siendo todavía muy amplio”.

El reto de reconstruir anclas

En conjunto, las lecturas de los expertos y del sector financiero convergen en un punto central: la confianza inversionista no se recupera con una sola operación ni con emisiones exitosas en el corto plazo. Requiere anclas claras de mediano plazo que hoy no están plenamente definidas.

Esto implica, según coinciden, restablecer un marco fiscal creíble, mejorar la previsibilidad regulatoria, comunicar de forma más transparente las decisiones de deuda y mostrar avances concretos en el control del déficit. Mientras esas señales no se consoliden, las operaciones de financiamiento –por necesarias que sean– seguirán siendo interpretadas por el mercado como respuestas tácticas a una presión fiscal estructural aún sin resolver.