El ministro de Hacienda, Antonio Sanguino, sostuvo que será el presidente el que definirá finalmente si se mantiene o incluso aumenta el salario mínimo | Crédito: Colprensa
Humo blanco en la mesa de concertación del salario mínimo: sindicatos y empresarios respaldan aumento del 23,7 por ciento
La nueva jornada de discusión concluyó con un respaldo mayoritario al incremento salarial fijado por decreto a finales de diciembre pasado. El Gobierno nacional anunció una serie de medidas para evitar despidos y proteger el empleo formal en pequeñas y medianas empresas del país.
Por: Jonathan Beltrán
En la mañana de este 16 de febrero, representantes de sindicatos y gremios se sentaron en una reunión inédita: por primera vez se abrió una segunda ronda de negociación del salario mínimo. El encuentro se celebró tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el valor fijado por decreto.
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La Sección Segunda del Consejo de Estado decidió el pasado 13 de febrero suspender provisionalmente los efectos del decreto en el que el Gobierno de Gustavo Petro estableció que el salario mínimo para 2026 sería de 1.750.905 pesos. Ante la medida, el Ministerio del Trabajo convocó una Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales.
Desde la mañana de este lunes, representantes de centrales obreras y gremios empresariales se reunieron para definir los términos del nuevo decreto que el Gobierno tendrá que presentar ante el alto tribunal. Tras varias horas de discusión, y pese a discrepancias de ciertos voceros, se logró un consenso para mantener el aumento fijado.
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“Entre trabajadores y empresarios hay una opinión mayoritaria en la que consideran que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el aumento del 23,7 por ciento como salario mínimo vital. De lado y lado de la mesa se comparte esa posición. Nos parece que es una decisión oportuna para los empleados”, explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el incremento ha sido incorporado en las dinámicas del sector empresarial y que su mantenimiento contribuye a la estabilidad económica del país. Además, aseguró que el Gobierno implementará medidas para apoyar a pequeñas y medianas empresas para facilitar la adaptación a nuevos costos laborales.
El pulso entre sindicatos y gremios para cerrar acuerdo del salario mínimo
El ministro Sanguino aseguró que la sesión se llevó a cabo de forma respetuosa y fluida, y que todos los voceros tuvieron la oportunidad de expresar su opinión sobre el auto del Consejo de Estado y sus implicaciones. En ese sentido, señaló que la sesión no era estrictamente obligatoria, pero se programó para dialogar sobre los alcances de la decisión del alto tribunal.
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El presidente Gustavo Petro reiteró en la alocución del pasado 16 de febrero que su gabinete acatará el auto del alto tribunal y expedirá un decreto transitorio, mientras mantiene la defensa del salario vital. “Revertir un derecho adquirido sería inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó el primer mandatario.
En contraste con la postura mayoritaria, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que el incremento fijado por decreto pondría en riesgo más de 700.000 empleos formales. La organización pidió evaluar un ajuste menor que permita proteger el empleo y garantizar la estabilidad laboral de 13 millones de trabajadores.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó como insuficiente la justificación con la que el Gobierno de Petro fijó el aumento del 23,7 por ciento. “Un aumento excesivo del salario mínimo debilita a las micro y pequeñas empresas, impulsa la informalidad y termina afectando a los mismos trabajadores que busca proteger”, sostuvo el líder gremial.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el aumento y aseguró que la medida ya ha sido integrada en la planificación de gran parte de las empresas que operan en el país. Para mantener el aumento establecido en diciembre pasado, el jefe de la cartera anunció un paquete de medidas que se implementarían para apoyar a compañías de diferentes sectores.
¿Qué sigue para el aumento del salario mínimo tras la decisión del Consejo de Estado?
Tras el acuerdo, el Gobierno iniciará la expedición de un decreto transitorio que consolide el aumento del 23,7 por ciento como salario mínimo vital, cumpliendo con lo ordenado por el Consejo de Estado. Según el ministro Sanguino, esta medida buscaría ofrecer claridad y certidumbre a los trabajadores y al sector productivo mientras el alto tribunal adopta una decisión definitiva.
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El paquete de medidas de acompañamiento para pequeñas y medianas empresas incluye el fortalecimiento del acceso a créditos de fomento a través de Bancóldex, así como líneas de inversión productiva para apoyar la adaptación a los nuevos costos laborales. El Gobierno nacional detalló que estas iniciativas buscarán garantizar que el incremento salarial no afecte el empleo formal ni la estabilidad de las compañías.
Una vez concluida la sesión de este 16 de febrero, el ministro del Trabajo confirmó que el Gobierno evaluará durante los próximos días recursos legales como la súplica ante el Consejo de Estado para asegurar que el salario vital se mantenga hasta que el tribunal emita su decisión de fondo. “Buscamos proteger un derecho adquirido por los trabajadores, evitando retrocesos que podrían considerarse inconstitucionales”, explicó Sanguino.
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El ministro de Hacienda, por su parte, destacó que el Gobierno mantendrá un seguimiento constante del impacto del incremento en los distintos sectores de la economía para priorizar especialmente a las microempresas y sectores más vulnerables. Según explicó, se prevé acompañar a estas compañías con asesorías técnicas y programas de planificación financiera frente al nuevo nivel salarial.
El próximo 20 de febrero vence el plazo fijado por el Consejo de Estado para que el Gobierno sustente de manera técnica el aumento del salario mínimo. Por eso, los ministros de Trabajo y Hacienda reiteraron que el espaldarazo recibido por el sector empresarial durante la reciente mesa de concertación será clave para mostrar que la medida cuenta con respaldo y consenso mayoritario.