En la imagen se puede observar varios billetes de 100.000 pesos colombianos. Crédito: Pixabay.
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Previo a Ley de Garantías: Contraloría evidenció que este año se firmaron contrataciones 30 por ciento más caras que en el periodo preelectoral de 2022
En los 30 días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el Estado firmó miles de contratos directos que sumaron billones de pesos, un 30 por ciento más en valor que en el mismo periodo preelectoral de 2022, una cifra que genera cuestionamientos en entidades como la Contraloría sobre si se compromete o no la independencia electoral.
Por: Juan David Cano
Entre el 1° de enero y el 30 de enero de 2026, la contratación directa del Estado se disparó, en pleno año electoral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República en un informe elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Según la entidad, en el periodo analizado se firmaron 521.269 contratos directos en el país por un total de 32.882.561.920.755 pesos, es decir, 32,88 billones.
Para dimensionar la cifra, equivale a más de tres veces el presupuesto anual de varios ministerios medianos o a una porción significativa del gasto social del Estado. Aunque no se está cometiendo un delito, llama la atención que el incremento ocurrió días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que desde el 31 de enero prohíbe celebrar contratos directos sin convocatoria pública.
El monto tampoco se distribuyó de manera homogénea: el 45 por ciento del valor total se concentró en la última semana de enero. En esos días se adjudicaron 14,8 billones de pesos y solo el 30 de enero se comprometieron 5,7 billones. La fotografía de la Contraloría es clara: hubo un ‘pico’ contractual concentrado en el tramo final previo al cierre, justo antes de que el cerrojo legal entrara en vigor.
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Más dinero que en el último ciclo electoral
El informe también compara este enero con el de 2022, antes de los comicios que llevaron a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro. La Contraloría encontró que entre el 1° y el 30 de enero de ese año se suscribieron 495.527 contratos por 25,22 billones de pesos.
Comparada con la registrada en 2022, la contratación directa en 2026 aumentó un 5,2 por ciento en número de contratos y un 30,4 por ciento en valor. Es decir, se firmaron apenas más contratos, pero estos fueron, en promedio, considerablemente más costosos.
En términos sencillos: por cada 100 pesos que el Estado comprometió en enero de 2022 antes del periodo de restricción, en enero de 2026 comprometió 130 pesos. La propia Contraloría lo señaló así: “El aumento de la contratación directa en el periodo analizado genera un impacto fiscal en los recursos asignados en el presupuesto nacional y en las respectivas entidades”.
El peso de las OPS: la modalidad dominante
La contratación directa permite a las entidades públicas celebrar contratos sin adelantar un proceso competitivo amplio. Dentro de esta categoría, las órdenes de prestación de servicios (OPS) son la herramienta más utilizada para vincular personas naturales o jurídicas a tareas específicas, sin que exista relación laboral.
En enero de 2026, un total de 501.423 de los 521.269 contratos directos fueron OPS, es decir, el 96,2 por ciento del total. En valor, estas órdenes sumaron 22,34 billones de pesos.
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El resto de los contratos bajo otras modalidades de contratación directa sumaron 10,54 billones. En términos prácticos: el Estado contrató muchas más personas por prestación de servicios y pagó considerablemente más dinero por esas vinculaciones que en el último ciclo electoral comparable.
¿Qué es la Ley de Garantías y por qué importa?
La Ley de Garantías regula el comportamiento de la administración pública en los periodos previos a elecciones. No se trata de un candado exclusivo para el Gobierno nacional, sino para todas las entidades que conforman el Estado.
La norma establece varias restricciones, entre ellas la limitación a la contratación directa en los meses previos a elecciones presidenciales y legislativas. El objetivo es evitar que el aparato estatal sea utilizado para influir en la intención de voto mediante la asignación de contratos, recursos o beneficios.
No se prohíbe toda contratación, pero sí se restringe la posibilidad de celebrar nuevos contratos directos. En un contexto marcado por la indecisión de una parte importante del electorado, cada movimiento presupuestal adquiere una lectura adicional. No solo se trata de ejecución administrativa, sino de la relación entre gasto público y año electoral.
Por eso, la Contraloría habla de un escenario de alta sensibilidad fiscal y electoral. El término no es menor: Colombia enfrenta un entorno de estrechez fiscal, mayores costos de financiamiento y debates intensos sobre deuda, gasto social y sostenibilidad presupuestal.
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Comprometer 32,88 billones en un solo mes bajo contratación directa implica anticipar obligaciones que impactan la ejecución anual y reducen márgenes de maniobra posteriores. Si casi la mitad se adjudicó en la última semana antes del cierre legal, el efecto resulta aún más visible.
No se trata solo de cuántos contratos se firman, sino de cuándo y bajo qué modalidad. Por ello, el órgano de control anunció que continuará el monitoreo con el fin de emitir alertas tempranas y proteger el interés público:
“La Contraloría General de la República, a través del seguimiento y articulación que viene adelantando entre sus dependencias misionales, continuará monitoreando de manera preventiva, analítica y permanente el comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia, proteger los recursos públicos y salvaguardar la confianza ciudadana, especialmente en el escenario actual de alta sensibilidad fiscal y electoral”, concluye la entidad.
