Salario mínimo, un giro inesperado que cambió el curso de la campaña

Hace unos años, en la Universidad Nacional había un grafiti que decía: “Ley de la vida. Artículo 1. No dar papaya. Artículo 2. Tomar todo el papayazo que le den a uno”. A 20 días de las elecciones, el Consejo de Estado le acaba de regalar al gobierno del presidente Petro —y, en consecuencia, a todos los candidatos afines al proyecto del Pacto Histórico— el combustible suficiente para impulsar su relato.

Durante su mandato, Petro y su guardia pretoriana han insistido en la tesis de que cada mañana se levantan con la mejor intención de ejecutar las políticas públicas prometidas en campaña, pero que siempre aparece alguien con un obstáculo que se lo impide.

Un día son las élites, los “blanquitos ricos”; otro, los congresistas que se encierran en mortajas negras; luego, los banqueros codiciosos; después, los “vampiros que viven del Estado”; al siguiente, los fascistas; más tarde, los autores de un “golpe blando” o hasta de un nuevo intento de asesinato, y así sucesivamente.

La estrategia ha funcionado. Es frecuente escuchar el argumento de que Petro quiere, pero no lo dejan. Desde la oposición, por su parte, se sostiene que el Ejecutivo toma decisiones sin el menor rigor técnico porque, aun si se las tumban, políticamente termina ganando en la narrativa.

Ante varias demandas que llegaron al Consejo de Estado para estudiar el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno en diciembre —que el propio presidente denominó “salario vital”—, él ya había advertido que intentarían ponerle freno:

“Luchan por una mayoría en el Consejo de Estado para tumbar el salario vital, cuando se demostró que no tuvo efecto en la inflación de enero”, dijo hace unos días.

¿Qué va a pasar jurídicamente?

Y así fue. En la mañana del viernes se conoció que el alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en 23,7 %. Se trata de una medida cautelar que ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.

Aunque, jurídicamente, el caso puede tener una solución expedita, la decisión creó incertidumbre económica y le cayó como un bálsamo al Gobierno en la recta final de la campaña electoral. En principio, desde el punto de vista legal, el salario quedaría igual: el Ejecutivo debe ajustar y mejorar la motivación del decreto que fija el salario mínimo.

Las consecuencias jurídicas parecerían ser menores, porque la suspensión está condicionada a la expedición de un nuevo decreto por parte del Gobierno, explica el constitucionalista Héctor Riveros.

Para este experto, el Gobierno termina teniendo la llave para resolver el asunto: puede demorar la expedición del decreto —lo que generará debates, pero no modifica la suspensión— o expedir, como parece ser el camino, un nuevo acto con mejor motivación, interpretando el auto del Consejo de Estado como una exigencia de fundamentación más sólida. “Yo creo que la consecuencia jurídica va a ser más bien nula”, dice Riveros.

En el ámbito estrictamente económico sí se creó una incertidumbre natural, porque tanto trabajadores como empleadores dudaron si esto afectaría, para empezar, el monto de esta quincena.

El Consejo de Estado explica que la suspensión solo se hará efectiva cuando se publique el nuevo decreto, el cual determinará la “cifra transitoria”. Esto quiere decir que, hasta entonces, el salario mínimo corresponderá al fijado en el Decreto 1469 de 2025, es decir, dos millones de pesos.

En consecuencia, hasta que no se expida un nuevo decreto, deberá seguir pagándose el salario mínimo con el aumento de en porcentaje redondo, el 23 %.

Las dudas naturales

La duda ahora es qué pasará con la quincena de febrero. Si el Gobierno decide expedir un nuevo decreto con una cifra modificada la próxima semana, la quincena de este fin de semana se pagará con el incremento vigente.

¿Pero qué ocurre si el decreto se emite durante el fin de semana y aún no se ha pagado la quincena? Frente a esta duda, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó a los empresarios que paguen esta quincena con el ajuste que rige desde el primero de enero. Esto sugiere que el Gobierno no planea emitir el decreto durante el fin de semana.

¿Por qué el Consejo de Estado tomó esta decisión? La explicación es sencilla: el alto tribunal suspendió el decreto al advertir que el Gobierno nacional desbordó sus facultades. Según el tribunal, el aumento del 23 % carece de una “justificación jurídica y económica verificable”.

El Consejo de Estado señaló que la Ley 278 de 1996 impone parámetros innegociables para calcular el incremento, como la meta de inflación del Banco de la República y la productividad, los cuales no pueden ser reemplazados por métricas externas.

La cifra del 23 % nunca estuvo sobre la mesa en el diálogo tripartito de finales de año entre sindicatos y empresarios. En ese momento, los trabajadores pedían un aumento del 16 % y los gremios pusieron sobre la mesa el 7 %. Ante la falta de acuerdo, Petro decretó el incremento, pero con una sorpresa: fijó un monto muy por encima de lo discutido.

En criterio del Consejo de Estado, el Ejecutivo sustituyó los criterios técnicos obligatorios por nuevos conceptos como el “salario vital” familiar y la “brecha de suficiencia material”, términos nuevos aunque válidos.

Según el auto, en el decreto del aumento “tales variables aparecen enunciadas y descritas, pero no integradas —ni cuantificadas— en la operación lógica que llevó a la determinación de un incremento equivalente al 23 %”. Es decir, aunque las mencionan, no explican cómo, a partir de esos datos, se calcula el aumento del mínimo.

El tribunal detectó que el aumento otorgado “cuadruplica la inflación y multiplica por 25 la productividad”, lo que convierte la motivación del decreto en algo “meramente retórico”. En otras palabras, se tomó una decisión política sobre una cuestión económica, útil, sin duda, en tiempos de campaña. Los opositores, lo definen como simple populismo.

No era la primera ni será la última. El Gobierno ha aumentado el precio de la gasolina en casi 5.000 pesos. Ahora le bajó 500 pesos y la publicidad oficial dice que esta administración sí piensa en las necesidades de la gente. Hace unos días, en medio de la tragedia invernal en Córdoba y Sucre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se necesitaban 8 billones de pesos para la reconstrucción, sin ningún documento que explicara de dónde salió esta cifra, pero señalando que deberían aportarlos las 15.000 empresas más grandes del país.

Gobierno: Otro palo en la rueda

Desde la óptica del Gobierno, dicen que es indiscutible que cada vez le ponen más palos en la rueda desde distintos organismos para la buena marcha de su gestión. Y subrayan que, por ejemplo, el Consejo de Estado nunca había suspendido los efectos de un decreto de salario mínimo. El único antecedente similar fue cuando anuló el decreto del salario expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos para 2016. En ese caso, el Consejo no aplicó una medida cautelar y, por el contrario, se demoró más de un año en resolver de fondo: lo hizo en 2017, cuando ya no tenía efectos prácticos. En este caso no tardó ni dos meses.

Aclarado este punto, podría decirse que la lluvia va a amainar en el ámbito jurídico. Sin embargo, desde el Gobierno y desde los candidatos afines al proyecto político —tanto al Congreso como a la Presidencia— reaccionaron con rapidez para inscribir lo sucedido dentro de la narrativa de los obstáculos que, según ellos, imponen quienes se atraviesan al cambio.

“El salario vital es un mandato del Estado Social de Derecho y representa una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto para todos los empleados colombianos”, dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Para él, este es un episodio más en la escalada contra las reformas sociales y evidencia la existencia de un “bloqueo institucional”.

Sanguino tiene un listado largo, que incluye la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, retrasos en la reforma pensional y decisiones del Consejo Nacional Electoral lo que en opinión ha jugado en contra para la implementación de políticas sociales que beneficien a los más necesitados.

El Gobierno sostiene que el ajuste pretendía reducir la brecha entre el salario mínimo y el ingreso considerado suficiente para cubrir necesidades básicas, estimado con base en estudios de la OIT.

“No se trata de política, sino de la forma en que se interpreta y aplica la ley en Colombia. Lamentablemente, las cortes han adoptado decisiones que generan incertidumbre y afectan la gobernabilidad”, argumenta Sanguino.

Desde el punto de vista social, el ministro advirtió que la defensa del salario vital no se limitará a los tribunales. Anunció la posibilidad de recursos legales, tutelas e incluso jornadas masivas denominadas “tutelatón en defensa del salario”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó sin vacilar que “es una decisión política de las élites que tienen influencia en las altas cortes y el Congreso”.

Un solo discurso

Por su parte, los aspirantes que buscan ser electos en las corporaciones públicas reaccionaron al unísono. “Todos a las plazas, ya que mañana es quincena. Hay que defender el salario vital. Se equivocan porque van en contra de las familias. El pueblo debe manifestarse en su contra y a favor de la decisión del presidente Petro”, dijo el aspirante de la Consulta por la Vida, Roy Barreras.

“El sistema está diseñado para beneficiar a los multimillonarios y joder al pueblo. Hoy comienza la lucha para defender un salario digno para todos los trabajadores”, aseguró, por su parte, Daniel Quintero, también precandidato en esa consulta.

“Rechazo la arbitraria y regresiva medida de suspender el salario vital”, argumentó el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda. “Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso de las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.

Con este libreto, hay quienes llegaron a pensar que el decreto fue expedido adrede para provocar esta situación. “Habría que preguntarse cuántos de esos decretos sabían desde Presidencia que iban a ser objetados y que, aun así, los expidieron para generar un foco de discusión eminentemente político, una suerte de crisis autoinducida para encaminar el debate electoral en el terreno donde son fuertes y se sienten cómodos”, dice el analista Gabriel Cifuentes.

Para Cifuentes, está claro que este caso “le da artillería política al Gobierno”, y recuerda que lo sumarán a las decisiones sobre la emergencia económica, la reforma pensional, el CNE y los bloqueos en el Congreso para alimentar la narrativa de que quienes se oponen al mandato popular son esas instituciones. “Allanan de esa manera el discurso de la constituyente”.

En este sentido, el candidato al Senado de Oxígeno, el economista Silverio Gómez, considera que hay que poner las cosas en su sitio y que se llegó a este punto porque es una decisión que resulta de la narrativa irresponsable del presidente. “Las cortes no tienen consideraciones políticas, sino jurídicas. No se puede caer en la trampa de que todo vale”.

Cambio de libreto

La situación, sin embargo, produjo un hecho sorprendente: cambió el libreto de varios aspirantes del centro y la centroderecha que, durante la discusión del salario mínimo, pedían un aumento mesurado para evitar —según su visión— efectos nocivos sobre el desempleo, que las empresas no aguataran las cargas -especialmente las más frágiles- y terminarán botando gente a la calle.

Ahora, algunos de ellos prometen que, si llegan a la Presidencia, mantendrán el aumento del 23 %. Incluso varios empresarios, temerosos de que este “papayazo” beneficie al Pacto Histórico, han anunciado que harán un esfuerzo para sostener ese porcentaje, sea cual sea la decisión final de las cortes.

Entre tanto, el presidente Petro tuvo una reacción mesurada. “El decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución”, dijo.

“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución (...) Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario ni anular la prerrogativa del Gobierno en esta materia”, añadió. Mientras el presidente apeló a la reflexión en su reacción inicial, el ministro Benedetti fue categórico: “Verán en las campañas quién está a favor de ayudar a los menos favorecidos”.

El economista Aurelio Suárez dice que el presidente Petro está en campaña desde hace meses y que ahora le dieron un papayazo poderoso para insistir en que durante estos cuatro años no lo han dejado gobernar y que su proyecto, por lo tanto, merece mínimo cuatro años más.

Hasta ahora, para muchos, la campaña había sido tediosa. Esto va a cambiar, según Benedetti: “Esta campaña, que había sido tan tenue y aburrida, la decisión del Consejo de Estado le va a poner mucho calor”.