Tensión entre gremios y la SIC por solicitudes de información sobre precios: ¿qué está pasando?

Esta semana se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha estado solicitando información a las empresas colombianas sobre los precios de sus productos y servicios. La entidad pidió a estas organizaciones explicar los parámetros que utilizan para fijar los precios y descuentos, cuánto tiempo permanecen vigentes esos precios, si presentan variaciones diarias, si utilizan sistemas automatizados o algoritmos para fijar las tarifas, los criterios para establecer el margen mínimo de ganancia, entre otros aspectos.

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Esta solicitud de información se da luego de que, a mediados de enero, la SIC anunciara “estrictos controles” para garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos en el aumento de precios de bienes y servicios, como consecuencia del incremento del nuevo salario mínimo.

Para 2026, el salario aumentó 23 por ciento por vía de decreto, al pasar de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos y con el subsidio de transporte, el ingreso total alcanza los 2 millones de pesos. Esto alarmó a varias empresas colombianas ante los eventuales efectos que este cambio podría conllevar, entre ellos un aumento de los despidos y de los precios como mecanismo para preservar su solvencia.

“Pretenden convertir a la SIC en una superintendencia de precios”: gremios cuestionan al Gobierno

Aunque el presidente Gustavo Petro afirmó que “no hay que tener nervios porque se sepa con transparencia, por parte del consumidor, la estructura de formación de precios del oferente”, los gremios no tardaron en manifestar su rechazo a estos requerimientos del Gobierno.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) sostuvo que, aunque la SIC tiene la facultad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, debe ejercerla en los términos que establece la ley, algo que considera no ocurrió y que, en cambio, la entidad se extralimitó. Recordó que el artículo seis de la Constitución Política establece que los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les sean expresamente atribuidas por la ley y que, en este caso, “no resulta claro cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC”.

“No existe norma que asigne a la SIC la competencia para inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas”, manifestó la entidad.

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La Andi reconoció que la protección del consumidor es importante, pero advirtió que el ejercicio de esa función debe realizarse “de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares”. Por tanto, considera que este tipo de requerimientos podría vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales.

“Pretenden convertir a la SIC en una superintendencia de precios, desnaturalizando su función”, dijo por su parte Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien recordó al presidente Petro el artículo 333 de la Constitución Política, que establece la libertad de empresa y el derecho a realizar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo en los casos autorizados por la ley.

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“Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del Gobierno, a punta de controles de precios, es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía”, agregó.

Cabal explicó que, además de sobrepasar los límites, pretender que un establecimiento responda requerimientos sobre miles de referencias resulta imposible. También afirmó que el Gobierno debería aprender de los fundamentos de la teoría económica, sobre todo en materia de economía de mercado, para “no incurrir en la pena de formular solicitudes traídas de los cabellos”.

“Por ejemplo, se les pide a los comercios que informen si venden productos con variaciones frecuentes de precio, lo cual resulta una perogrullada cuando se trata de alimentos perecederos, cuya oferta en las centrales mayoristas cambia a diario”, dijo.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, afirmó que el Estado puede investigar conductas ilegales concretas y sancionar prácticas anticompetitivas probadas, pero que es muy distinto solicitar de manera “masiva y preventiva” información sobre precios, como si “todas las empresas fueran sospechosas”, sin indicios de ilegalidad.

“La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza”, dijo.

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Gutiérrez advirtió que el problema surge cuando el Gobierno no corrige fallas y empieza a disciplinar al mercado, lo que termina afectando el empleo, la inversión y el crecimiento. Además, alertó que si hoy se pide información, mañana se podría empezar a decidir sobre los precios “de forma centralizada” y que, de continuar ese camino, “no habrá empresas ni productividad”.

Sin embargo, en su comunicado de mediados de enero, la SIC ya se había adelantado a estos reclamos e informó que, a pesar de que el país tiene un modelo económico que reconoce la libre autonomía y la iniciativa privada, “prohíbe la fijación de precios (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”.

¿Similar a Venezuela?

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, comparó esta situación con las acciones del gobierno de Hugo Chávez. El líder gremial recordó que el 22 de noviembre de 2011 el gobierno de Hugo Chávez emitió la resolución 006, mediante la cual se permitía a las autoridades solicitar información a las compañías de Venezuela sobre los costos de producción, los costos de transformación, los balances utilizados para la formación de precios, el uso de tecnología y los costos asociados a esta.

“El mundo libre identificó en esas medidas una afectación fundamental al funcionamiento del libre mercado, a la libre empresa, a la confidencialidad y a las libertades. Mucho preocuparía que en Colombia estuviéramos tomando medidas similares a las que fueron adoptadas en ese momento en Venezuela”, dijo.

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En la misma línea se pronunció el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que este tipo de estrategias podría llevar a Colombia “hacia el camino erróneo de la Venezuela chavista”, pues, según explicó, los controles de precios redujeron la empresa privada y derivaron en hambre, migración y empobrecimiento generalizado en ese país. Explicó que estas medidas pueden profundizar la inflación, pues podría derivar en contrabando y desabastecimiento de mercancías sometidas a controles administrativos.