Colombia quiere cerrar la brecha de la educación media: esto propone el proyecto que obliga al Estado a garantizarla hasta los 18 años

En Colombia el sistema educativo se va “desgranando” justo antes de la recta final. Los datos oficiales recogidos en la ponencia al Proyecto de Acto Legislativo 103 de 2025 muestran que, aunque la primaria y buena parte de la secundaria logran coberturas altas, la educación media (grados décimo y once) sigue siendo el eslabón más débil: su cobertura neta no llega al 50 por ciento y en algunos departamentos no alcanza ni el 14 por ciento, como ocurre en Amazonas, Guainía y Vaupés. Incluso Bogotá, con todos sus programas, apenas llega al 62,1 por ciento de cobertura en media.

Esto no significa necesariamente que esos jóvenes hayan abandonado el colegio, sino que un grupo importante de estudiantes no cursa la educación media en las edades o tiempos esperados: algunos se demoran más en llegar, otros repiten o interrumpen su trayectoria escolar, y solo una fracción deja de estudiar por completo. En la práctica, el preocupante indicador refleja rezagos y muestra la etapa escolar más frágil en términos de continuidad.

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A este panorama se suma otro dato clave, esta vez de la Fundación Barco. Un sondeo aplicado en 2025 a 2.180 estudiantes rurales de 17 departamentos encontró que el 13 por ciento ha pensado en abandonar el colegio. ¿Por qué? Por lejanía del colegio (41 por ciento), problemas económicos y familiares (33 por ciento) y dificultades académicas (21 por ciento).

El mismo sondeo revela una paradoja: 91 por ciento de esos mismos estudiantes dice que estudiar sí les puede dar un mejor futuro, y 80 por ciento quiere seguir estudiando después del bachillerato. O sea, no es falta de deseo, es falta de condiciones para lograr sus metas a tiempo.

Y hay un agravante territorial que también recoge la ponencia: la deserción es más visible en el salto de noveno a décimo y a once, justo cuando el sistema deja de ser obligatorio y cuando muchos adolescentes tienen que escoger entre estudiar o trabajar, o entre estudiar o encargarse de los oficios del hogar, sobre todo las mujeres.

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La foto de fondo: un derecho “a medias”

Hoy la Constitución, en su artículo 67, reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público, pero solo la hace obligatoria entre los 5 y los 15 años. En otras palabras, garantiza la educación básica, pero no cubre con la misma fuerza la educación media (grados décimo y once). Esto deja un vacío: quienes se atrasan o cursan en extraedad no tienen la misma protección constitucional para continuar sus estudios más allá de noveno grado.

Ese límite crea un quiebre en la trayectoria educativa. El Estado exige la educación básica, pero no siempre garantiza las condiciones –cupo, transporte, jornada o calidad– para que los jóvenes puedan completar la media.

En la práctica, esa brecha normativa alimenta la deserción y las desigualdades: los estudiantes rurales, los de hogares con menos recursos o los que viven en zonas afectadas por la violencia son los que más tienden a quedarse fuera del sistema, y suelen hacerlo justo antes de obtener el título de bachiller. Perder ese último tramo les cierra puertas no solo a la educación superior, sino también a mejores oportunidades laborales y de movilidad social.

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Qué quiere cambiar el Proyecto de Acto Legislativo 103 de 2025

Por ello, desde el Congreso se está promoviendo un cambio. Con el Proyecto de Acto Legislativo 103 de 2025, liderado por la representante Jennifer Pedraza y respaldada por varios ponentes, algunos políticos buscan mover la raíz del problema: no lanzar solo un programa o una beca, sino reformar la Constitución para que el Estado esté obligado a garantizar toda la trayectoria, desde la primera infancia hasta el final de la media, incluso para quienes se atrasan en su educación.

El proyecto propone que el artículo 67 quede así:

• Educación obligatoria desde los 3 hasta los 18 años. (Hoy está de los 5 a 15 años)
• Incluye tres grados de educación inicial: prejardín, jardín y transición.
• Mantiene los nueve años de educación básica (primero a noveno).
• Incluye los dos años de educación media (décimo y once) como parte del derecho fundamental.
• Gratuidad en las instituciones del Estado, con posibilidad de cobrar derechos académicos a quienes puedan pagarlos.
• Obligación de nación y territorios de financiar, dirigir y administrar ese servicio educativo ampliado.

Dicho de otro modo: la estrategia no es solo que los niños vayan al colegio, sino que el Estado no pueda dejar de ofrecerles cupo y condiciones hasta que terminen.

“Con esta iniciativa queremos garantizar que cada persona en Colombia pueda acceder a la educación inicial, que comprende tres grados de preescolar, y culmine su educación media, esta es una apuesta por la equidad, la movilidad social y la construcción de un país más justo” afirmó Pedraza, autora del proyecto.

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Lo que hay detrás: una apuesta contra la deserción

La lógica de los ponentes es bastante directa: si la educación deja de ser obligatoria en los años donde más se deserta, entonces hay que volver obligatorios esos últimos años. Eso aplica tanto al salto a la media como al inicio del ciclo, por eso incluyen los tres grados de preescolar.

Ahí también encaja perfecto el dato de la Fundación Barco: si 13 por ciento de los estudiantes rurales ya ha pensado en irse y la razón principal es la distancia o los recursos económicos, la única forma de evitar que ese deseo se convierta en abandono real es que el sistema esté obligado a retenerlos y asegurarles condiciones.

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“Desde varias organizaciones que se han unido para apoyar esta iniciativa, creemos en una educación más equitativa, auténtica y significativa, sin quiebres. Cumpliendo ese propósito, celebramos la decisión de la Comisión Primera de avanzar en este proyecto, que fortalece la formación de las nuevas generaciones y contribuye al desarrollo integral del país”, agregó Olga Sánchez de la Fundación Instituto Natura.

Además, el proyecto recuerda algo que suele pasarse de largo: la permanencia escolar y el desarrollo educativo temprano es un factor de protección frente al reclutamiento, la trata, el trabajo infantil y los embarazos forzados en niñas y adolescentes. O sea, no es solo un tema de notas o de pruebas Saber 11; es también una herramienta de prevención de violencia.