"Nunca había estado la democracia tan en peligro como ahora; por eso nos hemos unido", aseguró el procurador Gregorio Eljach en entrevista con Patricia Lara. FOTO: Procuraduría.
Universidad de la Procuraduría: académicos de Colombia piden a Gustavo Petro objetar el proyecto por “inconstitucional”
El Congreso aprobó la transformación del Instituto de Estudios del Ministerio Público en la Universidad de la Procuraduría. Profesores y directivos de universidades públicas y privadas ya pidieron al presidente Gustavo Petro objetar la iniciativa por considerarla inconstitucional.
Por: Juan David Cano
La reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley que transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) en la Universidad del Ministerio Público abrió un debate nacional sobre el rol del Estado en la educación superior y los límites de la autonomía universitaria. Aunque la iniciativa fue presentada como una apuesta para fortalecer la formación académica de funcionarios de la Procuraduría, la propuesta ha levantado una fuerte oposición en el sector de la academia colombiana.
La nueva universidad sería una institución estatal de carácter especial, adscrita directamente a la Procuraduría. Su oferta académica estaría orientada a áreas de interés para la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. Además, los proyectos de investigación se definirían según las necesidades de esas entidades, y el Consejo Superior Universitario sería presidido por el procurador, con mayoría de miembros externos a la universidad.
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“Con esta ley vamos a ayudar a colocar en orden el Ministerio Público, la verdad vamos a tener más de 130 investigaciones científicas, más de 600 publicaciones, vamos a desarrollar temas de derechos humanos, derecho disciplinario, temas de paz, lo más importante es que va a favorecer a 1,4 millones de funcionarios. Estas son leyes útiles para que los colombianos se vean beneficiados cuando arranque la universidad”, declaró el presidente de la Cámara, Julián López, tras su aprobación.
Los argumentos de los académicos para rechazar la creación de la universidad
Sin embargo, para un amplio grupo de profesores, esta estructura implica un riesgo directo para la autonomía universitaria, uno de los pilares constitucionales de las instituciones de educación superior en Colombia. En un derecho de petición enviado al presidente Gustavo Petro, quien tiene la responsabilidad de sancionar o no la ley, los académicos de distintas universidades le piden al mandatario que objete el proyecto por inconstitucional al argumentar que la universidad quedaría al servicio de un poder del Estado, lo que permitiría orientar programas académicos, investigación y admisiones, según criterios institucionales y no académicos.
“Es inconstitucional por desconocer un elemento esencial de cualquier universidad: su autonomía. Y es que la idea misma de una universidad al servicio del Ministerio Público está atravesada por una contradicción insalvable: si lo que busca es formar a los empleados del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público debe señalar cuáles son los programas académicos que deben ser impartidos, las investigaciones que deben ser desarrolladas y los estudiantes que deberían ser admitidos. Pero esto violenta la autonomía universitaria”, se lee en el documento firmado por casi 100 académicos, entre profesores universitarios, representantes estudiantiles, decanos de facultades e investigadores.
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Además del debate sobre autonomía, los firmantes alertaron que la creación de la universidad se realizó sin el estudio de factibilidad socioeconómica exigido por la Ley 30 de 1992 para la creación de nuevos centros universitarios públicos, análisis que debe demostrar disponibilidad de recursos financieros, pertinencia académica, infraestructura y sostenibilidad.
A esto se suma la preocupación por el impacto fiscal. Según estimaciones citadas por los académicos, la universidad podría requerir al menos 50.000 millones de pesos anuales, en un contexto en el que varias universidades públicas atraviesan crisis financieras. Destinar recursos a una nueva institución –afirmaron– podría agravar la situación presupuestal existente y retrasar reformas claves dirigidas a fortalecer el sistema público de educación superior.
“Esta afectación negativa de los recursos públicos es siempre indeseable, pero es particularmente inconveniente en un momento en que existen restricciones fiscales y algunas de las mejores universidades públicas están enfrentando difíciles situaciones económicas. Esta es entonces otra razón para objetar por inconveniente este proyecto, por cuanto detrae recursos que hoy resultan necesarios para contribuir a solucionar la grave crisis financiera que amenaza la pervivencia de la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica del Chocó y de otras instituciones de educación superior del país”, explicaron.
