Educación inclusiva en Colombia: entre la política y el aula

En Colombia el 16 por ciento de los menores de 15 años son neurodivergentes, es decir, presentan formas distintas de aprendizaje, atención o procesamiento sensorial, según cifras de la la organización sin ánimo de lucro Fundación Saldarriaga Concha. 

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Más aún, el Ministerio de Salud y Protección Social estima que el 2,6 por ciento de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad. Estas cifras también se reflejan en las aulas, donde los colegios enfrentan el reto de adaptar sus prácticas a estudiantes con distintas formas de aprendizaje. Una de esas historias es la de Ana y Mateo*.

La historia de los hermanos Ana y Mateo*

En el primer colegio donde estudió Ana, el ruido de sus compañeros se volvía insoportable. Buscaba esconderse en los buses o salir sola a la calle. Años después, fue diagnosticada con autismo.  Su madre, Mariana, recuerda que no vio señales tempranas de alerta, pero que el entorno escolar empezó a afectarla hasta que el colegio, sin saber cómo manejarlo, optó por registrar los episodios en una bitácora que entregaba a los padres, sin ofrecer un plan de apoyo.

“Todo el colegio entraba en alerta, en shock**, tratando de encontrarla, pero cuando lo lograban no sabían cómo manejar la situación y terminaban cogiéndola del brazo de forma brusca. No estaban preparados para un caso así”**, cuenta Mariana. “El abordaje fue incorrecto y, al final, tuvimos que buscar otra opción”.

La experiencia de Ana ocurrió cuatro años después de la expedición del decreto 1421 de 2017, que reglamentó la atención educativa a estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales. La norma introdujo herramientas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y el Plan Individual de Ajustes Razonables (Piar), creadas para garantizar estrategias pedagógicas tanto institucionales como individuales que favorezcan la participación de todos los estudiantes.

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Aunque la aplicación de estos lineamientos varía entre colegios, el nuevo entorno de Ana marcó una diferencia. Los comportamientos continuaron, pero esta vez la institución decidió observar y comprender sus necesidades. “Lo primero que hicieron fue decir: listo, si necesitas salir del salón, tendrás un espacio seguro para ir y no salir a la calle”, recuerda su madre.

Ese lugar, una sala de terapia ocupacional adaptada por el colegio contaba con una colchoneta, una cobija de peso (utilizada para calmar a niños con autismo) y un computador desde el cual Ana podía seguir la clase de forma virtual.

Además, la institución conformó un grupo interdisciplinario de especialistas que acompañaba el proceso en sesiones trimestrales. “Éramos la psiquiatra, la terapeuta ocupacional externa, la fonoaudióloga, la terapeuta del colegio, ocho o nueve personas, y todos alineados en las estrategias para seguir adelante”, dice Mariana. Con el tiempo, las crisis de sobreestimulación se hicieron poco frecuentes.

Mientras Ana se adaptaba, la familia enfrentó otro diagnóstico: el de su hermano Mateo, quien fue identificado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades para concentrarse, hiperactividad e impulsividad, según la definición de Mayo Clinic.

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A diferencia de su hermana, el colegio de Mateo no implementó medidas claras de apoyo. “El colegio estaba perdido con el tema”, recuerda Mariana. “Pregunté por el Piar o las acomodaciones posibles, pero me dijeron que ellos no tenían de eso”.

Pensó en cambiarlo de institución, pero desistió. “Él ama su colegio, su parte emocional está bien. No tiene un millón de amigos, pero juega muy bien fútbol, es parte de un equipo y se siente incluido”, dice. “El manejo del colegio me ha parecido pésimo. Yo venía de una atención personalizada, con horarios, comidas, terapias. No están preparados para temas de diversidad”.

La historia de Ana y Mateo no es un caso aislado. Muchos colegios, públicos y privados, todavía aprenden a responder a estudiantes con distintas formas de aprendizaje.

Ajustes y acompañamiento

Para Claudia Gómez, pedagoga especial del colegio Gimnasio Moderno, lo primero es “identificar las señales”. “A veces los docentes notan que un niño se distrae fácilmente, que tiene dificultades para seguir rutinas o reacciona con intensidad ante ciertos estímulos. En esos casos se activa un proceso de seguimiento con orientación escolar y los padres”, explica.

Uno de los principales retos, dice Gómez, es equilibrar las adaptaciones individuales con la dinámica del grupo. “No siempre se trata de cambiar el currículo, sino de ajustar metodologías, ofrecer más tiempo, diversificar las evaluaciones o adaptar el entorno físico”.

También subraya la necesidad de formación docente: “No basta con la buena voluntad; se requieren herramientas concretas para reconocer cuándo un comportamiento responde a un rasgo del desarrollo y no a un problema de disciplina”.

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Sin embargo, las condiciones no son iguales en todos los contextos. “¿Qué pasa entre lo público y lo privado? Una familia de este colegio puede tener más alternativas económicas para apoyar a su hijo. En lo público, no siempre”, advierte Gómez.

El costo es un factor determinante. Mariana lo vivió, “pagaba prácticamente dos colegios: la mensualidad, el acompañante, la terapeuta ocupacional y las sesiones externas”.

Parte de ese gasto se debe a que algunos colegios solicitan acompañantes terapéuticos, quienes brindan apoyo individualizado durante la jornada escolar, según la organización Open Psychology. **“**Si el niño es independiente y autónomo, no le vamos a solicitar una maestra de apoyo”, aclara Gómez. “Pero si carece de autonomía, debemos garantizar que alguien vele por su seguridad y cuidado”.

Aunque el reglamento establece que las instituciones deben ofrecer apoyos pedagógicos dentro del aula, las terapias especializadas corresponden al sistema de salud y deben ser cubiertas por la EPS. Ni los colegios ni las EPS están obligados a asumir el costo de los acompañantes.

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“En colegios como este se lucha para que los chicos continúen, pero en los públicos es más complejo por los recursos y la cantidad de estudiantes”, dice Gómez. Añade que el Gimnasio Moderno ha fortalecido sus programas de inclusión con equipos interdisciplinarios y formación docente permanente. “Ya no se piensa en un solo tipo de estudiante, sino en muchos, con diferentes formas de aprender”.

Desafíos y logros del sector público

Esta labor, sin embargo, no se refleja igual en todo el país. Mientras algunos colegios avanzan en la adaptación de espacios y estrategias, otros enfrentan limitaciones estructurales y de capacitación.

En su portal institucional, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) afirma que su apuesta es “superar las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en la educación de las distintas poblaciones del distrito”.

En su Informe de Gestión 2024, la SED reconoce que las brechas en educación inclusiva persisten por la falta de recursos especializados, infraestructura adecuada y formación docente. Aunque se han fortalecido los programas de apoyo pedagógico, las desigualdades entre colegios públicos y privados y las limitaciones socioeconómicas de muchas familias siguen afectando el acceso y la permanencia escolar.

En Bogotá, la SED asegura que todas las instituciones oficiales tienen matrícula activa de estudiantes con discapacidad, aproximadamente unos 23.000 niños y jóvenes, de los cuales el 93 por ciento estudia en aulas comunes con el apoyo de docentes especializados y Piar.

El distrito ha consolidado un Sistema de Apoyos para la Educación Inclusiva, conformado por más de 1.100 docentes de apoyo pedagógico, intérpretes de lengua de señas, mediadores y auxiliares de enfermería. Entre 2024 y 2025, más de 380 docentes y directivos participaron en procesos de formación en educación inclusiva y 119 cursaron posgrados en temas como ajustes razonables, evaluación flexible y DUA.

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Aun así, persisten brechas estructurales. La SED reconoce que el mayor desafío es hacer de la diversidad un principio pedagógico y no una excepción. Aunque el decreto 1421 de 2017 sentó las bases normativas, muchos colegios públicos aún carecen de personal, infraestructura adecuada y acompañamiento continuo.

Además, la articulación con el sistema de salud sigue siendo débil: mientras los colegios ofrecen apoyos pedagógicos gratuitos, las terapias clínicas, psicológica, ocupacional o fonoaudiológica, deben ser cubiertas por las EPS, lo que genera vacíos de atención y costos adicionales para las familias.

La Secretaría insiste en que la inclusión no se limita a garantizar la presencia de los estudiantes, sino su participación real y significativa. Avanzar hacia una escuela que reconozca la diferencia como principio, y no como excepción, sigue siendo el gran desafío del sistema educativo público.

*Los nombres han sido modificados.