Rafael Castillo Pacheco, nuevo rector (e) de la Universidad del Atlántico. Foto Uniatlántico.
Procuraduría investiga al rector encargado de la Universidad del Atlántico en medio de la crisis institucional
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, rector encargado de la Universidad del Atlántico, para establecer si ejerció el cargo pese a tener registrada una sanción de suspensión que no habría sido cumplida.
Por: Juan David Cano
La crisis que desde hace meses sacude a la Universidad del Atlántico sumó esta semana un nuevo capítulo. En medio de la vigilancia especial del Gobierno nacional y de las disputas por la rectoría, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, rector encargado de la institución.
La actuación disciplinaria busca esclarecer si Castillo Pacheco asumió y ejerció el cargo pese a tener registrada una sanción de suspensión que, según la información recopilada por el Ministerio Público, no habría sido cumplida ni ejecutada formalmente.
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El auto que ordena la investigación, fechado el 14 de enero de 2026, señala que en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) aparece consignada una sanción disciplinaria impuesta en marzo de 2025, consistente en una suspensión de cuatro meses. Sin embargo, durante las verificaciones adelantadas, la Universidad del Atlántico informó que no cuenta con actos administrativos que acrediten que dicha sanción se haya hecho efectiva.
Este elemento resulta clave porque, pese a ese antecedente disciplinario, el Ministerio de Educación Nacional designó a Castillo Pacheco como rector mediante la Resolución 024488 del 17 de diciembre de 2025.
Para la Procuraduría, el hecho de que el funcionario haya venido ejerciendo plenamente las funciones del cargo —incluida la representación legal de la universidad y la ordenación del gasto— obliga a determinar si su permanencia en el puesto se dio en contravía del régimen disciplinario vigente.
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El ente de control considera que, con la información recaudada hasta ahora, existen elementos suficientes para pasar a la fase de investigación formal, en la que se evaluará si la conducta puede constituir una falta disciplinaria que, de comprobarse, podría tener la calificación de gravísima, conforme al Código General Disciplinario.
El caso se produce en un momento particularmente sensible para la Universidad del Atlántico, que aún intenta estabilizar su funcionamiento tras meses de protestas, paros académicos, cuestionamientos a la legitimidad de la rectoría y una fuerte intervención del Estado. Lejos de cerrarse, el panorama institucional sigue marcado por la incertidumbre y por decisiones que mantienen bajo presión a la comunidad universitaria.