El Concejo de Barranquilla aprueba cesión gratuita de infraestructura de servicios públicos por 20 años a la empresa Triple A

La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y de 14 municipios del Atlántico, Triple A, recibió el aval del Concejo de Barranquilla para usar de manera gratuita y por 20 años la infraestructura de estos servicios públicos en sus áreas de operación.

La cesión del distrito de los derechos de uso sobre dicha infraestructura a la empresa para la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, una iniciativa presentada por la Alcaldía de la ciudad y que fue avalada por los legisladores distritales, entrará en vigor en octubre de 2033, fecha en la que culmina la vigencia de la concesión que tiene Triple A actualmente a su cargo.

Dentro de las condiciones del acuerdo está que la compañía deberá hacerse responsable por el mantenimiento, conservación y reposición de la infraestructura por ese periodo y reponerla luego de los 20 años, y también se aclara que el valor de ese aporte estatal no se trasladará a los usuarios.

En medio de la sesión, representantes del gobierno distrital destacaron que con esta medida se espera “garantizar la estabilidad y continuidad en la prestación de estos servicios” y garantizar la calidad del servicio para los barranquilleros en las próximas dos décadas.

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El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, sancionó el acuerdo tras el aval del Concejo y aseguró que esa decisión permitirá “más continuidad, más inversiones y una ciudad pensada a largo plazo, para que los servicios esenciales sigan acompañando el crecimiento y el bienestar de la gente”.

Según cifras de la Gobernación del Atlántico, aunque la cobertura en el servicio de acueducto supera el 95 por ciento en las cabeceras municipales y el 81 por ciento en el servicio de alcantarillado, persisten retos especialmente en las zonas rurales del departamento: la cobertura del servicio de acueducto llega al 76 por ciento, la de aseo al 79 por ciento y la de alcantarillado solo el 19 por ciento.

“Cuando se trata de servicios públicos como el agua, el saneamiento y el aseo, gobernar bien es anticiparse. Esta es una decisión pensada en la ciudad, en su crecimiento y en las próximas generaciones”, dijo la empresa en un mensaje a la opinión pública.

Según la administración distrital, esa decisión responde a tres frentes. El primero, el fortalecimiento del uso de la infraestructura. Con esa cesión de derechos se espera que Triple A mejore su perfil de riesgo ante el sistema financiero, lo que facilita el acceso a créditos con tasas más favorables para realizar grandes obras de inversión.

Otro punto que motivó esa iniciativa, según el distrito, es la seguridad jurídica a largo plazo, lo que permitirá planificar “mejoras técnicas y de mantenimiento con una visión de futuro, evitando la incertidumbre contractual”.

Por último, para el distrito, al ser el accionista mayoritario con más del 68 por ciento de la empresa, los beneficios de esta capitalización se traducen directamente en un mejor servicio para los ciudadanos, lo que contribuye al bienestar general de la comunidad.

La historia de Triple A

La empresa, constituida en 1991, presta actualmente sus servicios a más de 2,8 millones de usuarios y según datos de la propia compañía, el 79 por ciento de ellos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Cuando se creó la compañía, la antigua Empresas Públicas Municipales le garantizaba el servicio de acueducto solo a alrededor de 60 por ciento de los barranquilleros y se caracterizaba por la mala calidad y la intermitencia.

La empresa se convirtió en un activo estratégico para la capital del Atlántico y sus municipios aledaños y comenzó a capitalizarse con inversiones privadas, lo que fue diluyendo la participación estatal con el paso de los años.

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La ciudad pasó de tener el 85 por ciento de la participación en la compañía a menos del 15 por ciento a finales de los años noventa y principios de la década de 2000. En ese entonces el grupo español Inassa era el propietario de la empresa.

En los años siguientes la empresa expandió sus operaciones a otros países como Ecuador, Venezuela y República Dominicana, pero también fue objeto de irregularidades en su manejo que llevaron durante varios años a la desviación de recursos que debían ser destinados a la prestación de servicios públicos.

Según documenta la Alcaldía de Barranquilla, en esos años se configuró un cobro de asistencia técnica, equivalente a 4,5 por ciento de los ingresos de la compañía y cerca de 27.000 millones de pesos al año se iban a favor de los socios privados. El saqueo, dijo la Fiscalía, llegó a 329.000 millones de pesos.

En 2018 la Fiscalía General de la Nación tomó control de las acciones de la empresa en una acción preventiva y le entregó la administración de estas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En 2022, bajo la administración de Jaime Pumarejo, la Alcaldía recuperó el control de la empresa luego de perder la participación mayoritaria en la compañía casi dos décadas atrás. El distrito utilizó una figura de enajenación temprana que le permitió tomar posesión de las acciones de la empresa y convertirse de nuevo en su dueño principal a cambio de utilidades futuras para los privados. Desde entonces, la compañía ha vuelto a estar bajo el control mayoritario de la Alcaldía.