'Va a ser difícil mantener a los empleados': el impacto del aumento del mínimo en las pequeñas empresas

“Estoy pensando seriamente en acabar la empresa. Con el alza del mínimo va a ser difícil, bien difícil, tener a todos los empleados. Simplemente no da el punto de equilibrio y no me alcanza para sostenerlos”: es el lamento de Carlos Montes Botachi, propietario de un taller mecánico ubicado al suroccidente de Bogotá.

La situación de Montes es la que podrían están experimentando miles de empresarios pequeños y medianos en los primeros días de 2026. Su celebración de Año Nuevo se amargó con la noticia de que el presidente Gustavo Petro decretó el pasado 29 de diciembre un aumento de algo más de 23 por ciento para el salario mínimo de este año, el más alto en 33 años y muy por encima de las recomendaciones técnicas acordes a la capacidad de la economía colombiana y de lo que se esperaba que podía subir el salario base de los colombianos.

Montes es propietario de AM Inversiones y Asociados, un negocio que presta servicios de mantenimiento y reparación a camiones y buses. Lo dirige junto a su esposa y emplea con un sueldo mínimo a cinco mecánicos y una asistente administrativa. Aunque sabe que no son salarios altos, todos son formales y tienen prestaciones legales, algo que no siempre pasa en ese sector. Su negocio es, en la práctica, una microempresa.

En víspera de Año Nuevo llamó a su contadora para revisar cuánto subiría la seguridad social de sus trabajadores. Los salarios y las prestaciones legales pesaban en 2025 el 22 por ciento de sus costos. Si mantiene su nómina, ese rubro subirá a entre el 30 y el 32 por ciento.

%%imagen%%4

“Yo ya no veo margen de rentabilidad. Llega un momento en que uno se cuestiona si es preferible cerrar”, comenta. Las cuentas son cada vez más apretadas entre los impuestos, los insumos que requiere para trabajar y el pago del arriendo de la bodega en la que opera su empresa.

Para ajustar esos márgenes,  la solución de muchas empresas es aumentar los precios de sus productos y servicios, pero Montes, ingeniero industrial de profesión, no lo ve como opción. Su pequeño taller se enfoca solo en servicios corporativos y tiene clientes relativamente grandes como uno de los consorcios del sistema de transporte público de Bogotá, una empresa de carros de valores y los camiones de una cadena de supermercados mayoristas. Aunque recibe todos los meses cerca de 120 vehículos para mantenimiento, su caja no es amplia porque al ser un pequeño proveedor de servicios, muchos pagos llegan luego de 60 o 90 días.

“Yo estoy compitiendo con grandes talleres autorizados, y por más calidad que tengamos o por mucho que prestemos un servicio personalizado, tampoco podemos estar por encima de los precios de las empresas grandes porque los clientes se nos pueden ir”, dice con preocupación.  

Montes montó su negocio hace casi una década, luego de trabajar como empleado por varios años en una empresa similar, uno de esos grandes que hoy son su competencia. En otros momentos de su vida, este ingeniero también incursionó en las confecciones, con un negocio de camisetas. Su taller sobrevivió a la pandemia, aunque tuvo que reducir su planta a la mitad, pero ni siquiera en 2020 estaba tan preocupado como lo está hoy. El microempresario conoce bien lo que es empezar de cero y también lo que significa quebrarse.

%%imagen%%1

Las pyme: el corazón del tejido empresarial colombiano

En el país al cierre del año pasado 2,4 millones de trabajadores devengaban un salario mínimo. Para ellos, un aumento del 23 por ciento significa pasar de ganar 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, es decir, 327.405 pesos más o alrededor de 11.000 pesos diarios adicionales.

El argumento del Gobierno Petro para este incremento tan alto —cuatro veces la inflación actual del país (5,3 por ciento)—, es tratar de alcanzar el salario mínimo vital, un concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calcula el salario necesario para cubrir las necesidades básicas y una vida digna. Para Colombia ese salario vital sería de 1.988.640 pesos o 2.147.731 pesos si se agregan los aportes a seguridad social.

Si bien es una intención loable, y un aumento de 23 por ciento es una decisión que pinta muy bien en el papel y podría ayudar a millones de familias colombianas, esa proporción tiene más efectos negativos que positivos en la economía: encarece los costos laborales, presiona los precios y genera más inflación, según han documentado diversos estudios económicos.

Todo esto cobra una relevancia especial si se tiene en cuenta que en Colombia el grueso del tejido empresarial son las micro, pequeñas y medianas compañías. Para ser más exactos, nueve de cada diez empresas son mipymes.

El tamaño de una empresa se caracteriza por la cantidad de personas que laboran en esta, criterio que usa, por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Las microempresa tienen hasta 10 trabajadores; la empresa pequeña, de 11 hasta 50 trabajadores; las empresas mediana emplean entre 51 y 200 personas, mientras que las grandes son las que cuentan con más de 200 trabajadores.

Otras mediciones, como las que hace la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) a partir del Registro Único Empresarial y Social (RUES), considera no solo el número de empleados, sino también el nivel de ventas y activos que reportan las empresas según su sector. Según Confecámaras, hay poco más de 1,7 millones de empresas registradas en el territorio nacional, de las cuales el 91,7 por ciento, o alrededor de 1,5 millones, son microempresas.

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el gremio que representa a este tipo de compañías, sostiene que las mipymes generan el 75 por ciento de los empleos en el país.

En Colombia, el mercado laboral tiene varios retos, empezando por el alto nivel de informalidad, que alcanza el 55,6 por ciento de los trabajadores. De hecho, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que en Colombia el 84,9 por ciento de los trabajadores de las microempresas son informales, lo que refleja la dificultad de los negocios más pequeños para crear trabajos en los que se pague un sueldo mínimo, con seguridad social y prestaciones legales. Por eso, el peso que recae en los hombros de los pequeños y medianos empresarios es fuerte -más que el impacto que recibirán las microempresas- y serán estas las que sentirán el golpe del aumento del salario mínimo en sus costos.

Sacrificios y decisiones difíciles: 'Tengo que sacar cuentas'

Cesar Uparella es el propietario de Etiquetas de Colombia, una empresa manufacturera dedicada a fabricar etiquetas para empaques de alimentos, bebidas, confecciones y diferentes tipos de envases. Su empresa es una compañía pequeña, ubicada en Barranquilla, y emplea a 35 personas.

“Ninguno de nuestros trabajadores gana el mínimo: ganan más, pero con este incremento algunos quedan por debajo y debo ajustarlos a los dos millones de pesos. Pero el resto del personal, el 90 por ciento va a presionar para que se les reajuste. Eso sería el acabose”, admite el empresario, quien planea reunirse con ellos en los próximos días y negociar un aumento de alrededor del 10 por ciento, que es lo que puede asumir.

Uparella empezó su negocio con esfuerzo hace 30 años. Sus socios son sus dos hijos, pero actualmente ninguno vive en el país y tampoco tienen interés en regresar. En él recae toda la responsabilidad.  

“Esta es una empresa muy tecnificada, con equipos de última tecnología. Sin embargo, el peso de la mano de obra era del 10 por ciento, hasta hace una semana. Ahora tengo que sacar cuentas de cuánto voy a subirles. Si les subo el 10 por ciento, los costos de la mano de obra llegarían al 15 por ciento de mi operación”, dice.

%%imagen%%3

Su empresa requiere importar materiales y el consumo de energía es alto, especialmente por la región del país en la que se ubica. La logística es otro costo grande, ya que tiene clientes en varias ciudades de Colombia, pero también ha logrado hacer envíos a Panamá, Curazao, Aruba, Ecuador y Perú.

“En Colombia es muy difícil hacer empresa por la alta carga impositiva que tenemos los empresarios: el 35 por ciento de renta, el 19 por ciento de IVA, la retefuente, el predial y los impuestos locales. La utilidad neta con la que trabajamos en mi empresa es del 5 por ciento y si nos va bien del 8 por ciento”, comenta.

Uparella es consciente de que 35 familias dependen de su empresa y su plan es mantener a todos sus trabajadores. Pero tuvo que tomar una decisión difícil para compensar el aumento. Estaba listo para invertir en nuevas máquinas y ampliar su producción, e incluso su planta de personal. “Por ahora creo que no voy a invertir más”, dice.

%%imagen%%6

‘El impacto será gigante’

Aunque en las manufacturas los trabajadores conviven con las máquinas y eso reduce los costos de personal, hay sectores en los que la mano de obra es más intensiva. En el suroeste antioqueño, en el municipio de Urrao, está el negocio de Jorge Andrés Osorio, un emprendedor agrícola que apostó en los últimos años por el cultivo del aguacate hass, un producto que en 15 años pasó de ser un fruto poco explorado a representar alrededor de 194.000 toneladas anuales en exportaciones.  

La empresa de Osorio, Reforesta, nació en 2010 con la idea de ejecutar proyectos de inversión para familiares y amigos, inicialmente en el sector forestal. Pero en 2014, cuando vio todo el auge que estaba teniendo el aguacate hass, decidió desarrollar un proyecto de inversión con ese producto en el municipio de Urrao.

Su idea original era que alguien más les administrara el negocio, pero Osorio y algunos de sus socios terminaron a cargo. Aprendieron sobre el cultivo y hoy manejan siete fincas en las que invierten otras personas bajo una sociedad que se llama RFT Holding. En total son 380 hectáreas de cultivos productivos, producen entre los siete proyectos 4.000 toneladas de aguacate al año y exportan cerca de 150 contenedores a través de comercializadores y aliados. Por la escala de su negocio es una empresa mediana.  

%%imagen%%2

Al cierre de diciembre de 2025 empleaba de manera directa a 115 personas. Y también generaba entre 25 y 30 empleos indirectos con contratistas o empresas que facilitan labores directas del cultivo como la poda, guadaña, cosecha o la aplicación de algunos productos e insumos agrícolas.

“Todos nuestros empleados están, obviamente, dentro de la formalidad. Nuestro presupuesto estaba modelado bajo un escenario de un incremento del salario mínimo de 11 o 12 por ciento, que lo considerábamos un punto medio en las conversaciones que se venían realizando en la mesa de negociación. Luego vimos la noticia del aumento de 23 por ciento, hicimos la modelación y nos dimos cuenta que el impacto será gigante”, dice. 

En un negocio como este el foco es el personal. Los salarios y otras obligaciones laborales son alrededor del 60 o el 65 por ciento de sus costos, a lo que se suman los insumos, los equipos y herramientas, el mantenimiento de infraestructuras, de vías y de vehículos. “Realmente lo más pesado es eso. De cada 100 pesos, los salarios me cuestan a mí 60 o 65 pesos aproximadamente”, dice. Según Osorio, el presupuesto destinado para costos salariales se incrementó en 8 puntos porcentuales.

“Con tristeza nos vimos en la obligación de disminuir todo este personal que tenemos bajo la figura de salario mínimo. Hay que disminuir ese porcentaje, porque si no, la empresa no es viable”, confiesa el emprendedor.

El empresario es consciente de que el incremento salarial no solo impacta a los trabajadores. También le preocupa lo que pasará con las tasas de interés si sube la inflación por cuenta del salario mínimo. “Nuestro modelo de negocio se apalanca con el sector financiero y desde 2023 con el aumento de las tasas se nos triplicaron los intereses. Es decir, nuestras obligaciones se triplicaron”, cuenta.

Por eso redujeron su planta de personal de 150 empleados en 2023 a los 125 que había en 2025, y ahora viene un nuevo recorte: “Esta semana tomamos la decisión de reducir de nuevo nuestra planta de personal para 2026 a máximo 105 empleados”, dice.

%%imagen%%5

Las historias de Carlos Montes, Cesar Uparella y Jorge Andrés Osorio son fácilmente las de muchos otros empresarios en Colombia al frente de cientos de miles de micro, pequeños y medianas compañías que son las que generan la mayoría de los empleos en el país. Aunque quisieran, su nivel de productividad, la naturaleza de sus empresas y la operación de sus sectores no les da mucho espacio para mejorar salarios. Todos están preocupados por sus empleados y sus familias y están haciendo maromas para que sus presupuestos cuadren en 2026. Montar una empresa en Colombia no es sencillo, mantenerla en el tiempo menos, y con un aumento del salario mínimo desbordado será muy difícil seguir operando de la misma manera.