Fiscalía española endurece su postura contra la gestación subrogada y apunta a agencias con operación en Colombia

Medios de comunicación españoles conocieron una solicitud enviada por la Fiscalía de ese país a la Secretaría de Estado de Igualdad para bloquear, desde España, el acceso a las páginas web de 13 empresas extranjeras que ofrecen servicios de gestación subrogada en países como Colombia, Estados Unidos, Ucrania y México.

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La gestación subrogada es una alternativa para personas o parejas que desean tener un hijo, pero no pueden lograr un embarazo por razones médicas o biológicas. En este procedimiento, el embrión se desarrolla en el útero de una mujer gestante –distinta de quien asumirá la maternidad del menor–, quien lleva el embarazo hasta el parto. La fecundación puede realizarse con espermatozoides del padre intencional o de un donante, y con óvulos de la madre gestante, de la madre intencional o de una donante.

Desde 2006, la legislación española prohíbe este tipo de prácticas, pues las considera una forma de violencia reproductiva. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida establece que “madre” es la mujer que da a luz. Por tanto, es nulo el contrato de gestación, con o sin compensación económica, en el que una mujer renuncia a la filiación materna a favor de un tercero.

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Según El País, uno de los medios que tuvo acceso a la solicitud, la Fiscalía pidió a la Secretaría de Estado que contacte a las empresas que prestan servicios de acceso a internet en España para que bloqueen el acceso a esas páginas web y a todos los subdominios que puedan conducir a ese contenido. Sin embargo, indicó que, en caso de que Igualdad considere que este trámite pueda afectar los derechos y libertades de expresión e información, la entidad deberá solicitar una “resolución judicial” para poder ejecutarlo.

Estas actuaciones se producen luego de que un grupo de feministas de Vigo, llamadas As Furias, denunciaran la promoción de servicios de gestación subrogada en estas páginas web. Respaldadas en la ley, manifestaron que se trata de una forma de explotación del cuerpo de las mujeres.

Aunque se trata de páginas extranjeras, en 2023 el gobierno español prohibió toda publicidad relacionada con los vientres de alquiler y, en 2025, prohibió el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero.

La solicitud menciona a las siguientes 13 empresas:

• Sucess: con oficinas locales en Chipre, Grecia, Georgia, Albania y Armenia, y oficinas generales en Israel. Además de clínicas propias en algunos países, ofrece servicios en Colombia, México y Ucrania.
• Go4Baby: con servicios en Georgia, Ucrania, México y Colombia. Su página web opera bajo el nombre OneSurrogacy. Según una investigación del medio independiente español La Marea, la empresa aparece como una sociedad extinguida desde hace casi cuatro años, pero continúa funcionando a través de un teléfono con prefijo del Reino Unido. Incluso señala que OneSurrogacy sería una marca que replica la web de Go4Baby.
• Tammuz Family: ofrece servicios en clínicas de Estados Unidos, Colombia, México, Georgia y Armenia.
• Circle Surrogacy: ofrece sus servicios en Estados Unidos.
• Growing Generations: ofrece sus servicios en Estados Unidos.
• New Life Global Network: ofrece sus servicios en China, Georgia, India, Kenia, México, Polonia, Sudáfrica y Ucrania.
• Surrogacy Beyond Borders: ofrece sus servicios en Estados Unidos.
• Surrogacy4All: ofrece servicios en Canadá, Estados Unidos y Ghana.
• Family Source Consultants: ofrece servicios en Estados Unidos.
• Surrogacy Network: ofrece servicios en Estados Unidos, Canadá e India.
• Betaplus Fertility: ofrece servicios en Georgia.
• Miracle Surrogacy: ofrece servicios en México.
• Invest Medical LLC: ofrece servicios en Estados Unidos.

Gestación subrogada en Colombia: aún sin regulación

En Colombia no están regulados los procedimientos para la gestación subrogada. Esta es una situación preocupante, pues al no haber un control reglamentado sobre este tipo de servicios, se podrían cometer violaciones a los derechos fundamentales de los menores de edad y de las mujeres gestantes, aumentar los riesgos de apatridia y a la trata de personas.

La Corte Constitucional, desde hace años, ha insistido en la necesidad de legislar esta práctica. El alto tribunal ha emitido varias sentencias sobre el tema, pero son decisiones tipo ‘T’ que revisan acciones de tutela. Por tanto, solo resuelven casos concretos de los ciudadanos y no están diseñadas para fijar reglas generales obligatorias.

La primera fue la sentencia T-968 de 2009 que, aunque respondió a un caso particular, señaló que en ese contexto se había evidenciado la necesidad de una “regulación exhaustiva y del cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones”, como los siguientes:

• Que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir
• Que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien facilita su vientre)
• Que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas
• Que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etcétera.
• Que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, así como a valoraciones psicológicas
• Que se preserve la identidad de las partes
• Que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor
• Que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia
• Que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor
• Que la mujer gestante solo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica, entre otros.

También se han presentado varios proyectos de ley para regularlo, pero estos han sido archivados en el Congreso. Uno de esos proyectos de ley, con autoría de los entonces senadores Santiago Valencia González y María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, en 2016, tenía como objeto prohibir el alquiler de vientres en Colombia, pero fue archivado en el cuarto debate.

Estos dos congresistas lo volvieron a intentar en 2019 con un proyecto que tenía por objeto prohibir la práctica de la gestación subrogada con fines de lucro y permitirla con fines altruistas solo para parejas colombianas que presentaran incapacidad biológica para concebir; sin embargo, fue archivado después del primer debate. Incluso en 2025 fue archivado por vencimiento de términos el proyecto de ley estatutaria del representante a la Cámara por Santander Juan Manuel Cortés que también buscaba reglamentar esta práctica y prohibirla cuando tuviera fines lucrativos.

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En Colombia la subrogación de vientres se publicita en internet

Sobre el componente lucrativo de la subrogación de vientres, en la página de Go4Baby, que aparece con el nombre de OneSurrogacy  se afirma que Colombia se ha convertido en un “destino atractivo” para la gestación subrogada de personas oriundas de otros países por sus costos competitivos, que van desde los 45.000 hasta los 75.000 euros o de 196 a 327 millones de pesos colombianos. Según esa empresa, estos precios son más bajos que los de Estados Unidos y países europeos. También dice que otra ventaja es que los procesos son relativamente rápidos, de 12 a 18 meses desde el inicio de los trámites hasta el nacimiento.

En cuanto a cómo funcionan estos negocios en Colombia, se puede poner el ejemplo de la agencia Tammuz Family. Dicha agencia señala que opera en el país en colaboración con la Clínica Celagem y cuatro centros médicos más en Bogotá. En su página web indica que las madres sustitutas que participan en el programa en Colombia son mujeres radicadas en Bogotá, “cuidadosamente elegidas a través de un extenso y minucioso proceso de selección”, quienes, para calificar, deben haber tenido al menos un embarazo exitoso que haya resultado en el nacimiento de un bebé sano.

Según la empresa, a lo largo del embarazo las sustitutas viven en sus casas con sus familias, pero son monitoreadas de cerca. Se realizan chequeos regulares, pruebas habituales y análisis de sangre periódicos para garantizar que tanto su salud como el progreso del embarazo se mantengan en condiciones óptimas.

En cuanto a las donantes de óvulos, se trata de mujeres colombianas que se someten al procedimiento de extracción en una clínica en Bogotá. Cada donante es seleccionada tras realizarle exámenes psicológicos y médicos. A los padres se les brinda información sobre la donante, incluido su perfil genético, historial médico y familiar, antecedentes educativos y laborales, así como intereses personales y pasatiempos.

Sobre los asuntos legales una vez nacido el bebé, la agencia asegura que el nombre de los padres biológicos figurará en el acta de nacimiento junto con el de la madre sustituta. Por su parte, la madre sustituta firmará un documento legal mediante el cual renuncia a todos los derechos maternos, iniciando el proceso para que se elimine su nombre del acta de nacimiento.