Camillas de hospital, imagen de referencia | Crédito: Colprensa
“El sistema de salud condena a muerte anticipada a los pacientes”: organizaciones y gremios denuncian “crisis humanitaria” en Colombia
En un comunicado dirigido a las altas cortes, organismos de control y a la comunidad internacional, más de 50 organizaciones de pacientes, gremios médicos, universidades y asociaciones empresariales denunciaron que la crisis del sistema de salud estaría provocando muertes evitables por fallas en la atención, desfinanciamiento y deudas de las EPS.
Por: Valentina Giannini
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Un grupo de organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, universidades, gremios y exfuncionarios lanzó una alerta nacional sobre el estado del sistema de salud en Colombia.
En un comunicado divulgado este 22 de diciembre, el colectivo Todos por la Salud advirtió que la situación actual configura una “crisis humanitaria”, marcada por la interrupción de tratamientos, el cierre de servicios médicos y un deterioro acelerado en la atención a pacientes crónicos, con enfermedades raras y de alto costo.
Según el documento, la falta de financiación suficiente, la retención de recursos por parte de las EPS y la ineficiencia en las entidades intervenidas por el Estado son los factores que estarían generando un escenario de “victimización institucional”, con consecuencias directas sobre la vida y la dignidad de miles de personas.
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El comunicado sostiene que la crisis del sistema de salud dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud. Las organizaciones afirman que la negación de servicios, la demora en autorizaciones y la interrupción de tratamientos vitales constituyen daños graves e irreparables para los pacientes, a quienes califican como víctimas y no solo como usuarios del sistema.
Muertes evitables y pacientes crónicos en riesgo
Uno de los puntos centrales del comunicado es el impacto de la crisis. Las organizaciones señalan que el colapso financiero y administrativo del sistema estaría provocando muertes que pudieron prevenirse, especialmente entre pacientes con enfermedades crónicas.
Entre las cifras que se revelan está la caída en la cobertura de tratamiento antirretroviral para VIH/SIDA, que habría llegado al 80 por ciento en 2024, lejos de la meta del 95 por ciento establecida por ONUSIDA.
Además, se menciona el riesgo vital para pacientes con cáncer, diabetes, trasplantes y otras patologías de alto costo debido a la escasez de medicamentos como la insulina, a la interrupción de quimioterapias y tratamientos especializados.
Finalmente, se dice que hubo 2.033 muertes por enfermedades raras en 2025 según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), asociadas a barreras administrativas y falta de continuidad en la atención.
El problema financiero: deudas, UPC insuficiente y EPS intervenidas
El comunicado atribuye la responsabilidad de la crisis a una combinación de desfinanciamiento estructural y fallas en la gestión del sistema.
Entre los principales factores mencionados está la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos reales de la atención en salud. Así como una deuda acumulada de las EPS con la red prestadora que alcanzaría los 24 billones de pesos, concentrada en gran parte en EPS intervenidas por el Estado.
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Otro factor importante es la situación de la Nueva EPS, que concentra a más de 11 millones de afiliados y registra una de las mayores deudas con hospitales y clínicas del país.
Las organizaciones también cuestionan el papel de la Superintendencia Nacional de Salud y advierten que los constantes cambios de interventores han generado inestabilidad administrativa y falta de control efectivo sobre los recursos públicos.
Por otra parte, el documento alerta sobre una ola de cierres y suspensiones de servicios médicos en distintas regiones del país. Se mencionan casos en el Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Bogotá y el Eje Cafetero, donde clínicas y hospitales han reducido o cancelado la atención por falta de pagos de las EPS, afectando a más de 24.000 pacientes.
Entre los efectos de la situación está el aumento de negaciones de servicios, el colapso de la atención en enfermedades huérfanas, el crecimiento de tutelas en salud y el impacto laboral sobre el talento humano, con pérdida de empleos y falta de pagos en los tiempos estipulados.
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Tutelas, fallos judiciales y advertencias de los entes de control
Las organizaciones también citan decisiones recientes de la Corte Constitucional, que ha calificado el cumplimiento de las órdenes estructurales sobre financiación del sistema como “bajo e insuficiente”, y ha advertido una regresión en el derecho a la salud.
El comunicado concluye con una serie de exigencias dirigidas al Gobierno nacional y a los entes de control:
- La adopción de una ruta de emergencia humanitaria para garantizar la atención inmediata de pacientes crónicos y con enfermedades raras.
- El pago urgente de las deudas hospitalarias y laborales.
- Una financiación real del sistema que elimine el déficit proyectado para 2026.
- Garantías laborales y de seguridad para el talento humano en salud.
- Investigaciones y sanciones ejemplares frente a las fallas estructurales del sistema.
“El derecho a la salud no es un favor; es un derecho fundamental innegociable”, cierra el comunicado, firmado por 57 organizaciones, entre ellas asociaciones de pacientes, colegios médicos, universidades, gremios empresariales y exministros de Salud.
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