Descertificación: ¿sí o no? Los tres posibles escenarios para Colombia ante el examen antidrogas del gobierno de Estados Unidos

Este 15 de septiembre la Casa Blanca debe publicar el memorando anual que identifica a los países con mayor tránsito o producción de drogas ilícitas y, al mismo tiempo, determinar si alguno “falló demostrablemente” en sus compromisos antidrogas durante los últimos 12 meses. 

La base legal está en la sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act de 2003, que faculta a Washington para activar retenciones de asistencia y ordenar voto negativo a créditos en bancos multilaterales cuando hay descertificación, salvo que el presidente otorgue una exención por “interés vital”.

Cada 15 de septiembre el presidente, en este caso Donald Trump, envía al Congreso un memorando con la “lista de mayores” y la determinación de cumplimiento. La figura de “descertificación” no es automática a partir de las cifras de cultivos o incautaciones, sino una decisión política basada en cooperación, resultados y compromisos verificables; puede ir acompañada de exenciones que evitan sanciones financieras inmediatas. Precedentes de años recientes muestran que Colombia integra la “lista de mayores”, como ocurre con otros países andinos y de Centroamérica, sin que ello implique por sí mismo sanciones, salvo que se la declare entre los que “fallaron demostrablemente”.

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Las opciones sobre la mesa para Colombia

Descertificación plena con sanciones

En este caso, si Estados Unidos declarara que Colombia “falló demostrablemente”, el Departamento del Tesoro pide voto negativo a préstamos en el Banco Mundial y el BID y se restringe la asistencia bilateral en antinarcóticos y seguridad. El golpe económico se sentiría en operación diaria del país como en gastos de combustible para aeronaves, mantenimiento y repuestos, munición, entrenamiento y misiones conjuntas. A ese costo operativo se suma el político, porque quedaría la señal de incumplimiento en Estados Unidos y un riesgo de medidas discrecionales como trabas comerciales o de visado. Es el escenario más negativo y el que más limita la capacidad de reacción institucional en el corto plazo.

En 1996 y 1997, Washington descertificó a Colombia. GAO (Oficina de Responsabilidad Gubernamental o Government Accountability Office, en inglés) registró que esa decisión obligó a Opic y al Ex-Im Bank a congelar cerca de 1.500 millones de dólares en créditos e inversiones para empresas estadounidenses en el país, y un sondeo empresarial reportó pérdidas por 875 millones de dólares en ventas. Aquella experiencia mostró efectos reales en financiamiento, logística y reputación que tardaron años en revertirse.

Descertificación con exenciones por interés vital (waiver)

Colombia entra en la categoría de los que “fallaron”, pero la Casa Blanca concede una exención por interés nacional. En la práctica se mantienen los recursos y la cooperación, aunque bajo lupa estricta y con condiciones verificables. Aun así, el mensaje político sigue siendo contundente, porque se conserva la marca de incumplimiento y suben las exigencias de resultados en interdicción, control territorial y judicialización. Suele venir acompañada de una hoja de ruta con metas trimestrales y reportes públicos de avance. Evita el choque financiero inmediato, pero deja presión sostenida para ajustar políticas.

Certificación

Colombia permanece en la “lista de mayores”, pero se reconoce cooperación suficiente. No hay sanciones ni bloqueo de créditos y continúa la asistencia técnica y financiera. Lo habitual es que llegue con llamados de atención, compromisos específicos y un plan de trabajo binacional para el siguiente año. Este camino preserva canales diplomáticos, da certidumbre presupuestal a las fuerzas y permite concentrar esfuerzos en metas medibles sin la carga reputacional de una descertificación.

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¿Cuál es el mejor escenario para Colombia hoy?

Desde el punto de vista político y de confianza bilateral, el mejor resultado es la certificación con compromisos verificables en reducción de oferta, control territorial y judicialización de redes. Evita costos financieros y el estigma de la descertificación, y preserva la capacidad de trabajo conjunto con Estados Unidos. En términos puramente pragmáticos de corto plazo, una descertificación con exención también evitaría recortes inmediatos, pero dejaría al país con una marca de incumplimiento y bajo mayor escrutinio en Washington.

Cifras para entender el momento

El tablero de datos de 2023 explica por qué la decisión llega en un clima tenso. La ONU reportó 253.000 hectáreas de coca en Colombia, un aumento de 10 por ciento frente a 2022, y una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína, 53 por ciento más que el año anterior. Son máximos históricos que elevan la presión sobre la evaluación en Washington.

Al mismo tiempo, hay señales de cooperación operativa que Colombia puede mostrar. El memorando presidencial del 15 de septiembre de 2024, durante el gobierno de Joe Biden, destacó que la Policía Nacional decomisó más de 841 toneladas de cocaína y base en 2023, 10 por ciento más que en 2022. Esa cifra no compensa el salto en oferta, pero sirve para argumentar que la coordinación binacional sí genera resultados en interdicción.

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En 2023, las muertes por sobredosis en Estados Unidos fueron 107.543, 3 por ciento menos que en 2022, el primer descenso anual desde 2018, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el propio memorando presidencial. La narrativa oficial subraya medidas como la incautación de grandes volúmenes de fentanilo en fronteras, la coordinación internacional para frenar precursores y sanciones a redes criminales.

El gobierno estadounidense viene priorizando la lucha contra los sintéticos y el control de precursores, incluso bajo esa justificación ha hecho una avanzada militar en el Caribe con el fin de contrarrestar al Cartel de los Soles, que según el gobierno estadounidense, es dirigido por Nicolás Maduro.