“Las doctrinas económicas sin alma no respetan la Constitución”: Antonio Sanguino

La discusión está encendida. El escenario, minado de opiniones a medias. Las advertencias de diferentes sectores pululan y el Gobierno responde con sus argumentos. Más allá del importante impacto económico, el ajuste hecho por el Gobierno nacional al salario mínimo también ha generado una ola de reacciones que abrieron más discusiones entre la administración central y algunos sectores gremiales y políticos de oposición.

En la calle, la gente se pregunta, entre otras cosas, sobre la relación del salario con el incremento del costo de la vivienda, la posibilidad de perder el trabajo o el verdadero rol de los medios económicos en todo este enredo. Para hablar sobre esos impactos y otros temas de gran relevancia para los trabajadores colombianos, CAMBIO habló con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

CAMBIO: Tenemos que empezar hablando de las polémicas alrededor del salario mínimo. ¿Qué opina de las posiciones de algunos gremios como Fenalco que demandó ante el Consejo de Estado el incremento decretado?

A.S: Ya han sido falladas tres tutelas a favor de los trabajadores y del salario mínimo vital. Una de esas, curiosamente, se la negaron al expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que debería saber que la tutela se creó para proteger derechos, no para quitarlos. El derecho a un salario vital está consagrado en la Constitución Nacional. Y hay unas demandas de nulidad radicadas ante el Consejo de Estado; una de esas es del señor Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, que está cumpliendo un papel nefasto en la representación de un gremio tan importante como el de los comerciantes del país.  

Si algún sector productivo se favorece o resulta beneficiado de este incremento es el de los comerciantes, porque estamos hablando de una demanda agregada de los trabajadores.

CAMBIO: Según sus cuentas, ¿cómo se refleja eso en cifras reales?

A.S: Si habláramos solo de los 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo, esos trabajadores recibirán 830.000 millones de pesos al mes, cerca de 10 billones de pesos al año, lo que John Maynard Keynes (economista) denomina un consumo multiplicador. Esto genera un círculo virtuoso en la economía de nuevos bienes y servicios que son demandados por los consumidores, en este caso por las familias con nuevos y mejores empleos que impactan en la disminución de las tasas de desocupación, generando una dinámica de crecimiento. Beneficios, sobre todo para las unidades productivas comerciales; curiosamente, quien se opone es el que dice representar a los comerciantes, que se comporta más como un opositor político que como un dirigente gremial.

CAMBIO: El alza fue muy por encima de la inflación y los voceros de algunos sectores, como el de la vivienda y el empleo formal, lanzaron advertencias sobre el impacto que tal aumento podría causar. ¿Eso le genera algo de preocupación?

A.S.: Estamos examinando jurídicamente cuál es el instrumento más adecuado con respecto a un paquete de alivios tributarios. Unos que ya existen y otros que son nuevos. También estamos viendo unas líneas de crédito y unos incentivos de porcentajes de salarios mínimos, sobre todo para las microempresas que generen empleo en el país con un programa que se deriva también de la reforma laboral y que está a cargo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Comercio. Eso lo va a conocer el país quizás en la próxima semana.

CAMBIO: ¿Algunos dicen que las cuentas no cuadran?

A.S.: Los números que nosotros tenemos nos indican otra cosa. Y esto no es un invento del presidente Gustavo Petro. Esto corresponde a unas teorías económicas keynesianas y neokeynesianas. Lo que pasa es que nos enfrentamos a las doctrinas contrarias, que son las doctrinas clásicas, las que calculan el salario mínimo con variables económicas sin alma y sin corazón,  solo la combinación de inflación versus productividad y pare de contar. Esos que no respetan el Artículo 53 de la Constitución que establece el salario mínimo vital y desatienden compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Los números que tenemos nos pueden estar dando la razón, tenemos certezas de lo que ha pasado en estos tres años en los que hemos incrementado el salario nominalmente en un 37.6 por ciento.

CAMBIO: Sus cifras son bastante optimistas…

A.S.: La economía la recibimos en un 1 por ciento, está en el 2.9 por ciento. La tasa de desempleo la recibimos cerca del 10 por ciento, está en el 8.2, incluso estuvo en el 7 por ciento. La informalidad la recibimos en el 58 por ciento, está en el 56. La inflación la recibimos cerca del 14 por ciento y ya anda en 5,1. Vaya y mire las cifras en los ocho años de Uribe o en estos 23 años en vigencia de la Ley 789 que le redujo recargos nocturnos, dominicales y festivos, todo lo que significó en términos económicos haber precarizado el empleo en Colombia. Ahí está el contraste, por esa razón nosotros creemos que este incremento va a generar un efecto virtuoso en la economía colombiana y reducir brechas salariales.

CAMBIO: ¿Qué se está haciendo para reducir la informalidad?

A.S.: La informalidad se puede medir desde distintos ángulos. Algunos consideran que un trabajador es formal cuando tiene una base de protección social. Entonces, vamos a desarrollar un programa para garantizar un mínimo de protección social para 70.000 recicladores; en la aplicación de la reforma esperamos que 500.000 trabajadoras domésticas que no tienen ninguna vinculación tengan un contrato laboral formal. Además, los  440.000 aprendices del Sena que no tenían nada, hoy tienen contrato laboral con su primer empleo. Por ejemplo, 60.000 madres comunitarias fueron formalizadas. Estamos hablando de un aproximado de 1.500.000 trabajadores formales nuevos, adicionales a los 440.000 trabajadores de las plataformas de reparto que deben contar con un contrato formal acordado.

CAMBIO: Pasemos a otro tema, porque hay algo de ruido alrededor de una solicitud que usted hizo a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para aplazar un proceso laboral en el ministerio y que, según sus críticos, tendría fines electorales. ¿Qué pasó realmente?

A.S.: El tema ha sido manejado con suspicacia. En esta solicitud respetuosa le pedí a la Comisión tratar de garantizar u ofrecer unas unas posibilidades de reenganche laboral en alguna otra entidad del sector público a más de 1.000 trabajadores que llevan años, hasta 20 años, en el Ministerio del Trabajo, y que tendrían que salir al mercado laboral en un momento en el que no van a poder ofrecer sus servicios en ninguna entidad pública porque el nombramiento de las personas ocurrirá en plena Ley de Garantías. Es decir, mientras que los que se ganaron el concurso pueden ingresar al cargo por el cual compitieron, los que salen no tienen ninguna oportunidad de vinculación en el sector público. Entonces, la solicitud la hicimos parar la protección de los derechos de los trabajadores al empleo.

CAMBIO: ¿Pero no iría eso en contra del cumplimiento de un proceso y de la ley?, ¿qué le pidió exactamente?

A.S.: La solicitud consistía fundamentalmente en que la Comisión aplazara por un par de meses la publicación de esa lista de elegibles, para dar la oportunidad a los salientes de ser vinculados en otras entidades del sector público si así lo desean. De esto se trató sin ningún tipo de suspicacia ni de intención distinta.

CAMBIO: Y la Comisión la negó. ¿Va a cumplir la orden de seguir con el proceso?

A:S.: La Comisión no consideró justificable la solicitud que hicimos e insistió en que van a cumplir con el cronograma y publicar las listas en los tiempos que tienen previsto, que es entre febrero y marzo.

Y nosotros, como nos corresponde, vamos a cumplir esa decisión. Por lo que esas personas salientes, que aclaro fueron contratadas años antes de este gobierno y de mi llegada al ministerio, tendrán que estar cesantes varios meses o cada uno decidir sobre su futuro.

CAMBIO: ¿Pero cómo va a hacer?  Porque uno de sus argumentos en la carta era que ese movimiento al  interior del ministerio iba a afectar la operatividad.

A.S.: Si tú tienes una entidad y sacas a 1.200 trabajadores que son inspectores de trabajo, que tienen cargo de responsabilidad y un saber acumulado, eso deja un hueco y exige un nuevo proceso de entrenamiento de la gente que llega al cargo. Algo complicado y con impacto institucional, en momentos en que estamos implementando la reforma de la salud y la reforma laboral, y después la reforma pensional, una vez se resuelva su constitucionalidad.

CAMBIO: También sobre temas internos del ministerio, usted planteó la creación de una planta temporal y a muchos les genera preguntas. ¿Eso en qué va?

A.S.: Hay que aclarar lo siguiente, una vez se sancionó la reforma laboral, el presidente de la República anunció el fortalecimiento del cuerpo de inspectores de trabajo para vigilar su cumplimiento. La reforma tiene 70 artículos que hay que vigilar y la capacidad institucional que tenemos es limitada, según los estándares internacionales. Hay que tener un inspector por cada 10.000 trabajadores, en Colombia hay una fuerza laboral de 23 millones, lo que quiere decir que necesitamos unos 2.300 y hoy hay solo 1.200. Para subir el número el Gobierno anunció la vinculación de 1.000 nuevos, lo que ha tardado porque tiene que surtir todos los trámites legales y de presupuesto. Esto será progresivo, empezando entre un 20 y un 30 por ciento, luego haríamos otra vinculación a mitad de año.

CAMBIO: ¿Usted sí cree que se puede hacer la desindexación de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo?

A.S.: Hay dos decretos que están publicados para comentarios. Uno establece que la vivienda VIS no puede estar por encima de 135 salarios mínimos. Se había pedido una norma en el pasado para que en aquellas ciudades de más de 500.000 habitantes se permitiera que la vivienda tuviera regla de 150 salarios mínimos. Ahora, con ese tope de 135, solo puede ser el beneficiario del subsidio quien acceda a una vivienda con ese tope. Y eso será un gran incentivo para que los constructores respeten ese tope y para no perder a sus clientes. Adicionalmente, para que ese constructor no pierda los beneficios tributarios.

Y hay un segundo decreto que recuerda unas medidas de control de precios que se habían instado a cumplir desde el año 2024, que significa que las viviendas VIS y VIP en Colombia no deben ser tasadas en salarios mínimos, sino convertir los salarios mínimos en pesos colombianos para evitar fenómenos inflacionarios como los que pueden estar ocurriendo.