'Se necesita voluntad política para articular, resolver y construir la paz en este país': Julia Cogollo

Este 2026 se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios del país va bien, pero aún tienen múltiples desafíos en zonas en donde la violencia armada no ha mermado y también por cuenta de falencias interadministrativas, falta de presupuesto, falta de aplicación de enfoques diferenciales y demoras normativas, entre otros.

Así lo revela el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad que se publica este viernes, y que valoró y contrastó durante seis meses en 2025 información de 29 entidades nacionales, 11 gobernaciones y 134 informes de alcaldías. El reporte señala que hay un avance que es importante si se tiene en cuenta que en 2025 “fue el año de mayor crisis humanitaria en dos décadas, con la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados”.

Por ejemplo, el Comité indica que los PDET han tenido un impulso renovado desde 2022 con la creación del Sistema de Reforma Rural Integral, la expedición de decretos que hacían falta del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural y el Sistema Educativo Indígena Propio, la creación de las primeras Entidades Territoriales Indígenas y, sobre todo, por la extensión legal de los PDET hasta 2034. Esto quiere decir que los programas seguirán durante los próximos tres períodos presidenciales, lo cual es una garantía para que no dependan exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno.

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Aún así, los desafíos son importantes. El informe revela que, en 2025, en los municipios PDET se concentraron el 60 por ciento de los desplazamientos y más del 65 por ciento de los confinamientos del país. Además, que las violaciones al DIH superaron las cifras registradas en todo 2024, al alcanzar los niveles más altos en casi una década. 

“El reclutamiento forzado aumentó, con un impacto desproporcionado sobre los pueblos étnicos: de los 533 casos reportados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, 359 ocurrieron en Cauca y, de ellos, más del 70 por ciento” correspondieron a menores del pueblo nasa”, indicaron.

Además, el documento plantea que entre 2016 y noviembre de 2025 se registraron al menos 1.865 asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales: “De los diez municipios con las cifras más altas, ocho son PDET, liderados por Tumaco, Corinto, Caloto y Tibú”, indica el reporte.  Así, el Comité califica como una paradoja el hecho de que se está intentando construir la paz, precisamente en los territorios donde la guerra no ha terminado”. 

Los detalles

El informe señala que la Incidencia de la Pobreza Multidimensional (IPM) en zonas PDET se redujo casi a la mitad entre 2018 y 2023 (de 39,8 por ciento a 23,7 por ciento), y que la brecha con el promedio nacional se recortó de 20,7 a 11,6 puntos porcentuales. Se registran avances en obras en vías terciarias, en la electrificación rural, la instalación de paneles solares, la garantía de transporte escolar terrestre y fluvial; así como en la alimentación escolar, la mejora de aulas, comedores y unidades sanitarias; en la entrega de computadores y tabletas; en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas con brigadas de salud rurales; en la atención primaria a través de Equipos Básicos de Salud y en la habilitación de Centros de Salud y ambulancias fluviales, entre otros 

También es positivo el avance en la entrega de tierras, pues la formalización pasó del 27 por ciento en 2024 al 49 por ciento en 2025. Se valoró que en octubre de 2025 fueron aprobadas nueve Zonas de Reserva Campesina que suman más de 324.000 hectáreas, incluyendo municipios PDET en Alto Patía, sur de Córdoba, sur del Tolima y Catatumbo; y que se han entregado más de 7.600 hectáreas a mujeres rurales a nivel nacional, entre otros.

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Pero hay problemas: para el Comité no es fácil evaluar la magnitud real de estos avances por fallas en la información disponible. “La Agencia de Renovación del Territorio reportó cifras contradictorias sobre el número de iniciativas ejecutadas o en ejecución, utilizando dos metodologías de seguimiento de manera desorganizada”, indicaron. Según el Comité, los datos del Ministerio de Educación “siguen estando desactualizados y sin suficiente desagregación”, entre otros. Estas fallas persisten en temas claves como saber cómo va la ejecución de recursos: Según la ART se han ejecutado 43 billones de pesos, pero la Contraloría habla de acaso 32 billones.  

Las brechas

Según el Comité, lo más retrasado del Acuerdo de Paz son el punto sobre las víctimas, con un 36 por ciento de implementación; el de Participación Política, con el 37 por ciento; y el de Reforma Rural Integral, con el 49 por ciento. Y en regiones, las que más preocupan son Chocó, Putumayo, Montes de María y Urabá antioqueño.

“El análisis presupuestal revela paradojas: Putumayo ha recibido el 56 por ciento del presupuesto proyectado, pero tiene solo 41 por ciento de iniciativas implementadas; Chocó ha recibido el 55 por ciento del presupuesto, pero tiene solo 38 por ciento de iniciativas. Esta brecha entre la inversión y los resultados requiere atención y podría indicar situaciones que ameriten la intervención de entes de control.

El Comité hace seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En materia territorial hubo 168 recomendaciones, de las cuales 74 simplemente no resuenan, evidenciándose vacíos en materia de la garantía de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ en todas sus diversidades, el tema de la seguridad humana, el exilio de personas que vivían en municipios PDET, la superación de la estigmatización y el abordaje integral del narcotráfico más allá de la sustitución de cultivos.

El informe da cuenta de la persistencia de varias brechas. En materia del enfoque étnico, se indicó que, de 8.580 iniciativas PDET con clasificación étnica, solo el 15,7 por ciento se ha ejecutado o está en ejecución, frente a un 46 por ciento del promedio general. Sobre el enfoque LGBTIQ se celebró la expedición del Conpes 4147 de 2025 sobre la Política Pública Nacional LGBTIQ, pero se advirtió que “existen muy pocas iniciativas PDET específicas para esta población”.

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De otro lado, el enfoque de mujeres rurales muestra el mejor desempeño entre los enfoques diferenciales, con 62 por ciento de implementación de iniciativas, pero el diálogo con las lideresas advirtió que hay diferencias entre la oferta institucional y la realidad en los territorios cuando, por ejemplo, la adjudicación de tierras no considera los lugares de reubicación y los requisitos de convocatorias son complejos y excluyen a organizaciones locales.

Julia Eva Cogollo Cabarcas, presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, habló con CAMBIO sobre este informe.

CAMBIO: ¿Cuáles son los hallazgos del informe?

Julia Cogollo: La implementación de los PDET ha sido importante: por primera vez realmente en los territorios donde ha estado el conflicto armado, se pudieron construir una cantidad de iniciativas de paz orientadas a transformar los contextos. El gran hallazgo es que en 2025 se logra la consolidación de los PDET como una política pública hasta el año 2034. Esa consolidación de los PDET como una estrategia de construcción de paz territorial tiene un gran impacto porque no va a estar sujeta a la voluntad política de los gobernantes, sino que será obligatoria.

Igualmente, se ha evidenciado una articulación entre las entidades para atender la ruralidad, lo cual ha tenido un impacto principal para las mujeres. Eso sí, muchas mujeres se quejan de que no hay un enfoque étnico que permita que las mujeres afrodescendientes e indígenas puedan tener acceso directo a la titularidad. Esto ha sido un poco complejo y aun así se han entregado 7.600 hectáreas.

Se ha evidenciado una paradoja: en medio del conflicto armado y de la implementación de los PDET aumentó el desplazamiento forzado. Un hallazgo es que en los territorios donde hay alta conflictividad armada, no se logra una buena implementación por este control que ejercen los grupos armados.  En el Informe Final se hizo un gran llamado a la paz grande y, sobre todo, para poder garantizar la no repetición. Sin embargo, con la propuesta de paz total no se logra avanzar como se quisiera y los territorios están llenos de actores armados.

CAMBIO: Por un lado, entonces, los PDET van bien, pero hay preocupación en ciertas zonas en donde la violencia no merma. ¿En cuáles?

J.C.: En zonas donde hay alta conflictividad como el sur de Bolívar, Catatumbo, Cauca, Buenaventura y la costa Pacífica en general. Pero, por ejemplo, en un territorio como los Montes de María que tiene presencia de las Autodefensas Gaitanistas, no hay tanta conflictividad porque no hay tantos actores armados confluyendo en el territorio y allí se logra una mayor implementación.

CAMBIO: ¿Qué tema preocupa más?

J.C.:  Una de las cosas prioritarias que garantiza una buena implementación de los PDET debe ser la aprobación de la Jurisdicción Agraria y que se reglamente de manera integral la Ley 70 de 1993 para todo el tema étnico. Al no estarlo, las acciones que se realizan son aisladas y no pueden generar grandes transformaciones territoriales.

CAMBIO: ¿Cuál sería la recomendación para que en el próximo informe no tengamos este mismo balance?

J.C.:  Nosotros seguimos apostándole a que haya una ‘paz grande’, que se realicen los diálogos de paz con los distintos actores armados, que se construyan las propuestas de paz desde los territorios y a las garantías de no repetición. Los diálogos son superimportantes, adicional a tener una implementación de todas las políticas de paz de manera articulada. Nosotros tenemos que acudir a distintos ejes para recoger información del tema de paz, por ejemplo.

CAMBIO: ¿Es un tema de voluntad política? ¿De infraestructura? ¿De articulación?

J.C.:  Todas las anteriores. Es necesario que exista una voluntad política para articular, resolver y construir la paz en este país. Tendríamos que estar todos los actores con esa gran disposición para poder construir una verdadera paz en Colombia, porque mientras algunos construimos paz, otros promueven la conflictividad. Mientras algunos hacemos propuestas de paz, otros siguen generando, dando conflictos. Lo principal es que el país entero se comprometa con la necesidad que tenemos de construir paz de manera conjunta.

Además, se requiere gran infraestructura para articular de manera concreta toda la política de paz y que esta política vaya escalonando en distintos niveles. En los PDET se asignan unas responsabilidades a municipios que son de categoría uno, que no tienen ni para pagarse ellos mismos, y les asignan una cantidad de responsabilidad y yo me pregunto: '¿con qué dinero van a implementar estas iniciativas?'. Entonces, debe haber un diálogo con todos los niveles para que haya un gran compromiso con la política pública de paz. Además, las iniciativas PDT muchas veces no se incluyen en los planes de desarrollo y de los presupuestos locales. Entonces, no hay infraestructura que articule lo local y lo nacional.

CAMBIO: Usted habla de fallas que son de origen político, de las asambleas y concejos. En plena campaña, la agenda de paz no parece ser una preocupación. ¿Cómo ve el tema?

J.C.:  Aún no conocemos los programas de gobierno de los distintos candidatos, pero en términos de candidatura, hay ya idea de si se van por una línea de construir paz, de seguir con las recomendaciones, etcétera, y vemos que algunos, la gran mayoría, no las va a tener. Desde el Comité, estamos con la gran tarea de entregarles a los candidatos a la Presidencia y al Congreso un documento sobre las recomendaciones y que se comprometan a incluirlas en los programas de gobierno. En el Plan de Desarrollo (de Gustavo Petro) se incorporaron 120 recomendaciones en el plan de desarrollo. Ahora quisiéramos que ojalá se puedan integrar en el nuevo Plan de Desarrollo todas las que están rezagadas. Además, estamos promoviendo con la Defensoría, que saquemos la violencia de la política, para que logremos un mejor resultado de paz.