Universidad Metropolitana de Barranquilla: corrupción judicial por mantener el poder y ausencia de control estatal

El control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla se ha disputado durante años y ha pasado por despachos judiciales, intermediarios políticos y maniobras dilatorias. Hoy, el expediente que rodea esa pugna deja una escena aterradora: un exsenador condenado por intentar sobornar a un juez, un directivo universitario imputado por corrupción, un magistrado acusado por prevaricato y fraude procesal, y un Ministerio de Educación que, pese a la gravedad de los hechos, guarda silencio mientras la estructura de poder permanece intacta.

Esta semana que pasó, la Fiscalía imputó cargos –en contumacia– a Luis Fernando Acosta Osio, excónsul de Polonia y actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de servidor público. La imputación se refiere a dos conductas diferenciadas pero conectadas por un mismo objetivo: conservar el control de la Universidad Metropolitana y de su hospital universitario.

Sobre el delito de cohecho, dijo la Fiscalía, se configuró porque Acosta Osio habría intentado sobornar a un juez para que negara un restablecimiento de derechos que podía desplazarlo del control de la institución. Para ese propósito –sostiene el ente acusador– utilizó como intermediario al entonces senador Eduardo Pulgar, quien ofreció 200 millones de pesos al funcionario judicial. Pulgar aceptó cargos, fue condenado y actualmente cumple su pena. En el proceso penal reconoció haber intervenido para influir indebidamente en decisiones judiciales, confesión que se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.

El segundo frente se ubica en el Ministerio de Educación. De acuerdo con la imputación, Acosta Osio habría ejercido tráfico de influencias para que esa cartera ratificara una reforma estatutaria de la Universidad Metropolitana que terminó habilitando la designación como rector de una persona de su confianza. Esa decisión administrativa resultaba clave: aseguraba el control de los órganos directivos y cerraba cualquier posibilidad de que la disputa interna se resolviera en su contra.

El proceso penal avanzó después de años de estancamiento. La juez declaró a Acosta Osio en contumacia tras concluir que existieron maniobras reiteradas de dilación que impidieron el desarrollo normal del caso. El expediente pasó por ocho fiscales, acumuló aplazamientos sucesivos y estuvo cerca de prescribir. Solo una acción de tutela, resuelta por la Corte Suprema de Justicia, obligó a la Fiscalía a adoptar una decisión de fondo y a destrabar la investigación.

Uno de los elementos que la Fiscalía y la jueza consideraron relevantes fue la presentación reiterada de incapacidades médicas por parte de la defensa, utilizadas para justificar la inasistencia a diligencias clave. Esa práctica dio lugar a investigaciones paralelas contra médicos y clínicas que habrían expedido esos documentos, por la posible comisión de fraude procesal.

El expediente no se limita a Acosta Osio y Pulgar. En el mismo entramado aparece el magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, acusado formalmente por la Fiscalía por dos delitos de prevaricato por acción y uno de fraude procesal, todos agravados. Según el escrito de acusación, cuando era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, profirió decisiones contrarias a la ley para suspender audiencias de medida de aseguramiento en procesos penales vinculados a la disputa por el control de la universidad.

Para la Fiscalía, Mola Capera utilizó de manera indebida la acción de tutela para ordenar medidas provisionales a favor de personas sin legitimación, sin sustento jurídico ni fáctico, induciendo en error a un juez de control de garantías y paralizando actuaciones penales en curso. El ente acusador sostiene que no se trató de una diferencia interpretativa, sino de decisiones adoptadas con conocimiento de su ilegalidad y orientadas a favorecer intereses específicos.

Pese a que un exsenador ya fue condenado, un directivo universitario está imputado y un magistrado enfrenta acusación penal, el Ministerio de Educación no ha adoptado ninguna medida administrativa frente a la Universidad Metropolitana. No ha intervenido la institución ni ha separado a sus directivos, pese a que una de las conductas investigadas se refiere precisamente a decisiones tomadas en esa cartera.

Esa inacción es uno de los ejes de la denuncia pública hecha por la Fundación Acosta Bendek, entidad fundadora de la universidad. En un comunicado, su representante legal, Ivonne Acosta Acero, recordó que desde 2016 han advertido sobre una toma irregular del control institucional, sostenida –según su versión– mediante decisiones judiciales indebidas y presiones administrativas. Tras la imputación, la Fundación pidió al Ministerio de Educación actuar de manera inmediata.

En Colombia, la inspección y vigilancia de las universidades privadas es una obligación legal y constitucional del Ministerio de Educación. Cuando existen procesos penales en curso que comprometen la legalidad de quienes ejercen el control de una institución, el silencio administrativo no es neutral: tiene efectos concretos. En este caso, ha permitido que la estructura de poder cuestionada penalmente continúe intacta, mientras la justicia penal avanza –lentamente– por un carril distinto.