‘Para asustarlas, desgastarlas y callarlas’: así viven las mujeres la violencia política durante la campaña electoral

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“El sistema político colombiano es muy misógino”, le dice a CAMBIO Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso y aspirante al Senado, al referirse a la violencia que enfrentan las mujeres en la política, especialmente durante los periodos electorales.

“Ser una voz crítica y minoritaria en el panorama político es riesgoso, pero serlo siendo mujer y, además, siendo joven, configura una intersección de estructuras de discriminación”, sentencia la congresista.

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Según la Ley 2453 del 2 de abril de 2025, se entiende por violencia política contra las mujeres todo acto, en el ámbito público o privado, basado en género, que “cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica, y que tenga por objeto o resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de los procesos electorales, de participación ciudadana y representación democrática y del ejercicio de la función pública”.

Cada vez que hay campaña electoral, la violencia política contra las mujeres se intensifica. Ataques a su vida personal, señalamientos sobre su apariencia física y la sexualización de su imagen son algunas de las conductas que ha identificado la Misión de Observación Electoral (MOE) durante estos periodos. Y no se trata solo de denuncias: las cifras también lo demuestran.

Un estudio de ONU Mujeres en Colombia, considerado uno de los más representativos sobre violencia contra las mujeres en política, evidenció que tres de cada cuatro candidatas en las elecciones territoriales de 2023 experimentaron algún tipo de violencia durante su campaña. De las 3.027 mujeres que participaron en la encuesta:

• El 72,4 por ciento reportó haber sufrido una o más situaciones de violencia psicológica, como comentarios despectivos por su participación en política.
• El 40,6 por ciento fue víctima de violencia económica, como el robo, la destrucción o la vandalización de materiales o sedes de campaña.
• El 25,4 por ciento experimentó una o más situaciones de violencia sexual, que incluyeron desde comentarios o sugerencias sexuales y solicitudes de favores sexuales a cambio de apoyo político o financiero, hasta contacto físico no consentido.
• El 4,6 por ciento fue víctima de violencia física, como patadas, bofetadas, sacudidas fuertes o agresiones con objetos o armas.

Aunque no se han presentado cifras sobre violencia contra mujeres candidatas al Congreso o a la Presidencia para el actual periodo electoral, esto no significa que el fenómeno sea inexistente. Así quedó en evidencia cuando el caricaturista y candidato al Senado por el Pacto Histórico, Julio César González, conocido como Matador, publicó en redes sociales comentarios repudiables sobre el peso de la senadora Paloma Valencia.

“Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, escribió el caricaturista.

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El comentario le valió una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por presuntos “actos de violencia política”, además de generar una cadena de reacciones negativas de varias figuras políticas. 

Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para que la sociedad ejerza violencia contra las mujeres que participan en política, muchas veces escondiéndose detrás del derecho a la libre expresión y sin advertir que están poniendo en riesgo la vida de ellas. Pedraza confiesa que ha sido blanco de este tipo de insultos. “Cuando nuestros contradictores elevan el tono de la confrontación, a veces creen que todo se queda solo en Twitter, pero esto rápidamente se extiende hacia otras redes sociales y hacia lo presencial”, comenta.

Relata, por ejemplo, que durante un live en TikTok para hablar sobre educación, en la sección de comentarios algunos usuarios le desearon la muerte, y que a una compañera de su equipo de trabajo la amenazaron con lanzarle ácido en el rostro por subir un video criticando la postura de Donald Trump.

También María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y jefa de debate político de Iván Cepeda, recuerda en CAMBIO que días atrás la senadora María Fernanda Cabal, antes de renunciar al Centro Democrático, le comentó en una foto publicada en sus redes sociales que parecía una integrante de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. 

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“No solamente está ejerciendo una violencia política dirigida contra esa persona, sino una violencia simbólica contra todas aquellas que en este caso pueden usar tatuajes o que tienen estéticas distintas a la estética tradicional que se ha tenido en nuestro país”, dice la congresista.

A lo que agrega: “Es decir, hay una estigmatización contra todas aquellas personas que no encajan en el molde que ellos han creado de lo que debe ser una mujer política y, por supuesto, de lo que deben ser ciudadanos respetables en el país”.

Por su parte, Paloma Valencia también le confesó días atrás a este medio que una de las situaciones más difíciles que le tocó vivir ocurrió durante la campaña de 2018, cuando estaba embarazada de su hija Amapola. En esa época, cuando los equipos políticos supieron de su embarazo, decidieron apartarse y apoyar al entonces candidato Iván Duque. “A pesar de que llevábamos muchos años de trabajo, de recorrer un largo camino y de estar en muchas partes del mundo, se fueron”, sostuvo.

El caso de Francia Márquez como víctima de violencia política

Pero más allá de los procesos electorales, al sistema político colombiano aún le falta camino por recorrer para alcanzar la equidad. Casos como el de la vicepresidenta Francia Márquez evidencian esta realidad. Márquez ha recibido ataques constantes que han sido denunciados por varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola), Colombia Acuerdo de Paz, Ceada y Race & Equality, quienes emitieron un comunicado conjunto en 2023 en el que denunciaron el trato “racista, clasista y misógino” hacia la alta funcionaria, que —según señalaron— “se disfraza bajo la rúbrica de desacuerdos políticos”.

“El nivel de escrutinio e incluso los insultos que recibe en todos los aspectos reflejan la intolerancia social. Muchas élites económicas, raciales y políticas se resisten a aceptar que alguien de un origen diferente al suyo haya alcanzado un cargo tan importante en el Gobierno nacional. Esto viola los principios democráticos”, manifestaron.

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¿Por qué tanta violencia contra la mujer en la política?

Algo clave que dice la congresista Pedraza es que “hay una raíz muy misógina en la violencia política contra nosotras en elecciones”. Pero hay varios interrogantes alrededor de esto: ¿qué es la misoginia? ¿de dónde salió? ¿para qué la utilizan en la política?

Katherine Sandoval, directora de la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima, afirma que la misoginia, a diferencia de un debate político, es un recurso utilizado cuando ya no hay argumentos y, por ende, una forma de violencia “que debilita la democracia”. Sandoval explica que con este tipo de agresiones se busca “asustar, desgastar y callar” a la mujer para que desista de participar en política. Y aunque en varios casos se ha cumplido ese cometido, en otros ha servido como una razón para continuar en la lucha por la equidad.

“Este tipo de comentarios envía un mensaje muy peligroso a las mujeres más jóvenes, que el cuerpo de ellas es un terreno válido para la burla pública, incluso cuando están ejerciendo cargos de poder. Eso no es sátira política, es influencia simbólica, es misoginia. Esto no se debe hacer”, dice. 

Por su parte, la abogada y politóloga feminista María Cristina Hurtado sostiene que la misoginia, en principio, “es la subvaloración y el odio hacia las mujeres” y “una construcción patriarcal, en la que las ventajas las tiene el varón y las desventajas las tienen las mujeres”.

Según la experta, durante mucho tiempo las mujeres no tuvieron acceso a bienes, educación, derechos reproductivos ni a la política, pero ahora que han ido avanzando en estos ámbitos y han llegado a posiciones de poder, espacios ocupados históricamente por hombres, surgen ataques personales, es decir, sin base en ideologías políticas, éticas o en las ideas que defienden.

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¿Cómo se manifiestan estos ataques? Para Hurtado, esto ocurre a través de juicios sobre los cuerpos, la sexualidad, la orientación sexual y la apariencia de las mujeres. De ahí  derivan comentarios y “chistes” misóginos que constituyen de fondo discursos de odio y exclusión. “Como feminista me duele este tipo de estigmatizaciones, esta violencia simbólica”, afirma.

Esta visión coincide con la de Catalina Ruiz, directora de la revista Volcánicas, quien asegura que las mujeres que hacen política, especialmente cuando se lanzan a cargos de elección popular, “están haciendo una transgresión al patriarcado”, el sistema social en el que los hombres concentran el poder. En consecuencia, “la reacción de una sociedad machista es el castigo misógino”. Según Ruiz, esto termina afectando incluso a mujeres de derecha que participan en política, “es decir, aquellas que incursionan en lo público para ayudar a sostener esos sistemas desiguales de poder”.

Por su parte, Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, va más allá del concepto de misoginia y explica que, en general, la violencia contra las mujeres es un mecanismo que utiliza una serie de prácticas patriarcales normalizadas para sembrar “terror” y “disciplinamiento”, además de crear una “contradicción” entre las mujeres para mantenerlas divididas. “Si se observa en el contexto electoral, es gravísimo, porque traslada la disputa por los electores al campo de la estética corporal de las mujeres”, subraya.

Incluso, advierte que en muchos casos de violencia contra las mujeres los partidos no asumen una postura clara ni reconocen el problema como una cuestión social, pese a que ya existe la Ley 2453 del 2 de abril de 2025, que establece medidas para atender casos de violencia contra las mujeres en política.

Ya existe una ley para sancionar la violencia política contra la mujer

La Ley 2453 del 2 de abril de 2025 tiene como propósito asegurar que las mujeres “ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios de la vida política y pública”, incluidas las elecciones. Las agresiones pueden ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado, sin distinción de la afiliación política o ideológica de la víctima, y pueden manifestarse de diferentes formas: violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica.

“Se entenderá que las acciones, conductas u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer y tengan un impacto diferenciado en ella o en la población que representa”, indica uno de los parágrafos.

El Consejo Nacional Electoral promoverá medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en política e instará a los partidos y movimientos políticos a prevenir, investigar y sancionar las conductas de violencia política. Además, le corresponde garantizar que los incumplimientos por parte de las organizaciones políticas a la ley mencionada sean debidamente sancionados. En principio, las sanciones serán administrativas o disciplinarias, pero en caso de que se encuentren indicios de responsabilidad penal, el hecho deberá ser remitido a la Fiscalía de manera inmediata.

“Es fundamental que se cumpla la ley, que las mujeres la conozcan porque en muchas ocasiones, debido a la normalización de la violencia, no saben que son víctimas de esto. La principal razón para impulsar esta ley fue que las mujeres pudieran ejercer la política libres de cualquier tipo de violencia”, dice Maria José Pizarro, quien lideró esta iniciativa en el Congreso.

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Sin embargo, esa violencia no ha desaparecido, ni en las campañas electorales en las que participan candidatas al Congreso ni en la carrera hacia la Presidencia. Si la transgresión persiste, pese a que ya existe una ley cuyo propósito es contrarrestarla, surge entonces la pregunta: ¿qué hace falta para alcanzar una verdadera equidad?