‘Pone en grave riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas’: los argumentos contra el proyecto aprobado en el Concejo de Bogotá que pondría barreras para el aborto

Una iniciativa presentada por la concejala Claudia Sandoval, del Partido Liberal, y aprobada en la plenaria del Concejo de Bogotá el pasado 5 de febrero, ha sido objeto de críticas en los últimos días. Se trata del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, “por el cual se crea la ‘Ruta por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer’”. La propuesta que fue avalada por las mayorías del cabildo ya está a la espera de la sanción del alcalde, Carlos Fernando Galán, a pesar de las advertencias de diversas organizaciones sociales y feministas, que han señalado que el proyecto es “inconstitucional”.

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Aunque la propuesta se presenta como un complemento a la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal (RIAMP) para fortalecer la atención integral de la salud física y mental de mujeres gestantes y lactantes, así como el acompañamiento durante el embarazo, la lactancia y el posparto, varias organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han alertado que el acuerdo podría imponer barreras al acceso al aborto. Las más afectadas, según estas advertencias, serían pacientes con antecedentes traumáticos y psicológicos, mujeres con diagnósticos de malformaciones durante la gestación y víctimas de violencias basadas en género, incluidas violencias sexuales y tentativa de feminicidio.

¿Qué propone la ‘Ruta por la vida’?

La iniciativa propone articular los servicios de salud para garantizar a las mujeres información clara, completa y oportuna en cada etapa de la gestación, así como un acompañamiento que les permita tomar decisiones informadas. “Algunos hablan mucho de libertad para oponerse a la vida por nacer y a la salud de las mujeres embarazadas, pero se les olvida que la misma Corte ha dicho que la información completa es un requisito esencial para ejercer la libertad”, dijo Sandoval tras la aprobación del proyecto.

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La controversia se centra en el primer artículo del proyecto: “Créase la ‘Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer como un conjunto de acciones, medidas y estrategias para atender, proteger, acompañar y garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer respecto a la maternidad, el embarazo y el derecho a la vida. Asegurando alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la toma de decisiones basada en la información completa, clara y oportuna, sin atentar contra la voluntad ni capacidad de decisión de la madre”.

Según el proyecto, dicha ruta será brindada con un enfoque prioritario en la salud mental, teniendo en cuenta:

• “Las diferentes etapas de la gestación, el parto y posparto”.
• “La prevención, detección y tratamiento de los diferentes tipos de depresión perinatal (prenatal y posparto)”.
• “Atención diferenciada a víctimas de violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia o estigmatización”.
• “Atención diferenciada para el embarazo en edades tempranas, madres solteras, pacientes con antecedentes de traumatismo psicológico grave y pérdidas múltiples o población en alto riesgo por factores adversos”.
• “Atención que incluya formación educativa sobre la primera infancia, servicios de apoyo a la familia, maternidad y paternidad, manejo de roles y formas de violencia”.

¿Por qué los críticos del proyecto dicen que es inconstitucional?

La organización Mesa por la Vida y la Salud, dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirmó que la propuesta “incorpora disposiciones que ya están reguladas en la normativa vigente, abre la puerta a exigencias superpuestas y refuerza estigmas sobre la salud mental de quienes solicitan una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. Además, advirtió que resulta preocupante que en el documento se evidencie la intención de imponer valoraciones psicosociales obligatorias, pese a que estos servicios ya están reglamentados en la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal (RIAMP) y en la resolución 051 de 2023.

La organización expuso que, de sancionarse el proyecto, se convertiría en un acuerdo de ciudad que excede las competencias del Concejo de Bogotá, al contradecir pronunciamientos de la Corte Constitucional y modificar una norma técnica sanitaria del Ministerio de Salud y Protección Social. En la práctica, aseguró, podría convertirse en un filtro institucional que retrase o dificulte el acceso a un servicio fundamental.

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En diálogo con CAMBIO, Laura Pedraza, abogada de incidencia política de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, afirmó que el proyecto de acuerdo es inconstitucional porque desconoce lo que ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia, especialmente tres sentencias fundamentales: la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó el aborto bajo tres causales; la sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación; y la sentencia SU-096 de 2018, que recopila los estándares fijados por el alto tribunal.

“En esos estándares la Corte es muy clara al decir que no es posible y no es admisible colocar barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por tratarse uno de un derecho fundamental y dos de un servicio de salud”, dijo.

Además de contradecir a la Corte Constitucional, Pedraza explicó que otra de las razones es que el Concejo de Bogotá se atribuye la facultad de regular la prestación del servicio de salud, una competencia que no le corresponde. Indicó que, según la sentencia C-055, es el Gobierno nacional y el Congreso los que deben regular la prestación de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia.

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“Por eso es que existe la resolución 051 de 2023, que establece la ruta de atención y la prestación del servicio de aborto en Colombia. Y adicionalmente también estamos a la espera de que el Gobierno expida la política nacional de derechos sexuales y reproductivos, que hace parte del cumplimiento de esta regulación”, afirmó.

Pedraza sostuvo que los aspectos legales no son el único problema. Advirtió que, de implementarse el acuerdo, se perfilaría a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad –aquellas con menor acceso a educación, servicios de salud, información y recursos económicos– para imponerles “un paso adicional” y “tratar de disuadirlas de acceder a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Como consecuencia, según la experta, podría presentarse un aumento en las tasas de morbimortalidad materna y, especialmente, en los casos de aborto inseguro.

Sumado a ello, afirmó que el proyecto de acuerdo presenta serias falencias en materia de datos e información científica, ya que los argumentos expuestos no cuentan con sustento objetivo, científico ni estadístico.

‘El proyecto no aportaría nada nuevo a las normas del sector salud’

Por su parte, Óscar Marroquín, médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia, coincidió con la Mesa por la Vida y la Salud al decir que el proyecto de acuerdo no aporta elementos nuevos frente a lo que ya está establecido en resoluciones de mayor jerarquía normativa, como la resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, que establece los lineamientos de la Ruta Integral de Atención en Salud para la población materno-perinatal.

El médico explicó que se trata de una ruta integral que abarca desde la valoración preconcepcional hasta el posparto. En una primera fase, la ruta aplica a personas que no están en gestación y desean estarlo, etapa en la que el personal de salud debe identificar factores de riesgo asociados a la salud mental que podrían afectar el proceso gestacional.

Durante la gestación, la misma ruta contempla la aplicación de la escala de Hurtado y Herrera, que permite identificar también factores de riesgo biológicos y psicosociales. En el embarazo y el posparto, además, se utiliza la escala de Depresión Posparto de Edimburgo, un cuestionario de diez preguntas que permite detectar una posible depresión.

Respecto a la interrupción del embarazo, Marroquín sostuvo que “no se puede adoctrinar ni aconsejar a una persona frente a esa toma de decisión, todo lo contrario, el personal de salud debe estar para prestar atenciones siempre seguras y validando ese derecho o ese principio de autonomía y siempre hacerlo en beneficencia y no maleficencia”.

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‘Si una mujer enfrenta hoy un embarazo no deseado, puede solicitar un aborto seguro’: CEO de Profamilia

Marta Royo, CEO de Profamilia, afirmó que el proyecto “pone en grave riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que requieren acceder a un aborto seguro, oportuno y sin estigmas”. Royo recordó que hace dos años Bogotá logró un avance en la eliminación de barreras para el acceso al aborto en la capital mediante el acuerdo 879 de 2023, emitido por el propio Concejo de Bogotá. “No podemos admitir ningún intento por retroceder”, señaló.

Desde la entidad, Royo exhortó al alcalde a objetar el acuerdo y afirmó que él “está llamado a garantizar la defensa del ordenamiento jurídico como primera autoridad de la ciudad”. Además, reiteró que el aborto continúa siendo un derecho en Colombia y que este acuerdo “no puede ni debe limitar su acceso”.

“Si una mujer o una persona gestante enfrenta hoy un embarazo no deseado, puede solicitar, si así lo desea, un aborto seguro a través de su EPS o de manera particular sin ningún tipo de requisito adicional ni dilaciones indebidas”, dijo.

Actualmente, se está a la espera de que el alcalde Galán decida si sanciona o no el proyecto de acuerdo. Sin embargo, en caso de que lo haga, las organizaciones sociales en contra de la iniciativa podrían interponer una demanda de nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Mesa por la Vida y la Salud estudia la posibilidad de emprender acciones legales si el mandatario acepta el proyecto.