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Lunes 4 de mayo de 2026
Foto de referencia. Activistas salen a las calles en apoyo al aborto legal, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre de 2025.

Foto de referencia. Activistas salen a las calles en apoyo al aborto legal, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre de 2025.

El Concejo de Bogotá aprueba proyecto que pondría barreras para acceder al aborto, pese a ser un derecho constitucional

El proyecto de acuerdo fue aprobado y pasará a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Organizaciones de defensa de derechos reproductivos y sexuales alertan que es “inconstitucional y estigmatizante” con quienes deciden recurrir al aborto en Bogotá.

Por: Lina Cuitiva

Este jueves la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, “por el cual se crea la ‘Ruta por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. La iniciativa de autoría de la concejala Clara Sandoval del Partido Liberal, ha sido calificada por opositores en el cabildo y por organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, como “inconstitucional”. 

Aunque el proyecto es presentado como un complemento a la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal (RIAS), sus implicaciones reales podrían traducirse, según algunas organizaciones feministas, en nuevas barreras institucionales para acceder al aborto legal en la ciudad, a pesar de que este ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental.

El centro del debate está en el artículo 1, el cual fue aprobado tal cual fue propuesto, que dice: “Créase la Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, como un conjunto de acciones para atender y proteger (…) los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer asegurando alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la toma de decisiones basada en información completa”.

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Las palabras “la vida por nacer” y el término de “alternativas a la IVE”  fueron los que propiciaron el debate de este jueves en el cabildo de la ciudad. “Para lo que es un derecho no se tienen que dar alternativas, los derechos lo que requieren es que se garanticen. A nadie le sirve que le den una alternativa para el derecho a la educación o a la honra, por ejemplo”, dijo durante el debate el concejal Julián Triana.

Por su parte, Sandoval, la autora del proyecto de acuerdo, defendió la constitucionalidad de la iniciativa:

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Las mayorías del Concejo también aprobaron el artículo 2 que indica que la Alcaldía de Bogotá establecerá mecanismos con énfasis en salud mental a mujeres, madres y gestantes con riesgo de padecer dificultades materno-perinatales y con riesgo de recurrir al aborto. Esta medida ha sido calificada por contradictores del proyecto como “revictimizante y estigmatizante”, con quienes deciden interrumpir un embarazo.

Las organizaciones Causa Justa y Mesa por la Vida alertaron sobre los alcances de este proyecto que ya está en manos del alcalde Carlos Fernando Galán para sanción: “Esta decisión desconoce la jurisprudencia constitucional y pone en riesgo el ejercicio efectivo del derecho al aborto en Colombia. Rechazamos cualquier medida que busque imponer barreras o estigmatizar las decisiones reproductivas de las mujeres, personas trans y no binarias”.

Riesgo de retrocesos en la jurisprudencia

El aborto en Colombia fue despenalizado hasta la semana 24 de gestación por la sentencia C-055 de 2022, que lo reconoce como un derecho fundamental. Esta decisión se sumó a la jurisprudencia ya establecida en fallos como la sentencia C-355 de 2006, que abrió el camino para la IVE en tres causales.

Para organizaciones como La Mesa por la Vida, el Proyecto 340 no solo ignora estos avances, sino que introduce mecanismos de control que, en la práctica, podrían disuadir a quienes decidan abortar. “Este proyecto pone en riesgo la salud pública. En lugar de avanzar hacia una atención empática, humanizada y sin estigmas, el Concejo está considerando medidas regresivas que solo alimentan la desinformación y la criminalización”, señaló Laura Pedraza, abogada de incidencia de la organización.

Finalización del artículo