Amenazas en el caso Papá Pitufo: investigadores alertaron un plan para matarlos

El grupo que investigó a Diego Marín, alias Papá Pitufo, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) de la Policía, dejó una advertencia en la Fiscalía que, por sí sola, debería haber encendido todas las alarmas del Estado: en noviembre del año pasado, radicaron una denuncia formal por amenazas, convencidos de que el contrabandista –o su entorno– ya no estaba intentando solo torcer el expediente, sino silenciar a quienes lo habían construido. Según las denuncias de la coronel Julie Katherine Ruiz, exjefe de contrainteligencia, y su equipo conformado por el teniente coronel Sergio Peñaranda, el mayor Kevin Castaño y la mayor Lorena Fonseca, la última amenaza que recibieron no fue un simple ruido sino una secuencia que crecía desde meses atrás: Papá Pitufo habría contactado a La Inmaculada para ordenar que los mataran.

En la denuncia que el mayor Castaño interpuso el 15 noviembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación, la cronología quedó clara. Castaño, en su calidad de jefe del grupo investigativo anticorrupción en comisión en Dipol, le explicó al ente acusador que ese día él y sus otros compañeros recibieron un mensaje en el que lo amenazaban por hacer su trabajo. Dijo que su inquietud no radicaba en la amenaza puntual, sino en algo más inquietante: una serie de advertencias encadenadas, que fueron apareciendo de manera progresiva y que coincidieron, no por azar, con los momentos más delicados y decisivos del proceso.

El oficial explicó que las amenazas escalaban sin pausa desde el 27 de marzo de 2024, cuando recibió un mensaje de contenido similar en el que le advertían que sabían quién era y que dejara de investigar. Desde entonces, cada nuevo avance en el expediente coincidía con advertencias más concretas. Lo anterior llevó al equipo a concluir que no se trataba de intimidaciones genéricas, sino de presiones dirigidas contra quienes habían logrado penetrar la estructura criminal.

El punto más grave se produjo en octubre de 2024, cuando una fuente humana le informó al grupo de contrainteligencia que la organización de Papá Pitufo había dado un paso más allá: habría contactado a La Inmaculada, la estructura criminal liderada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, para ejecutar el asesinato de los investigadores. Según esa información, el ofrecimiento ascendía a 1.000 millones de pesos y el contacto se habría hecho a través de un abogado con cercanía a ambas organizaciones. 

Esa advertencia se materializó meses después, el 15 de noviembre de 2025, cuando el mayor Castaño y su equipo recibieron un nuevo mensaje de WhatsApp que retomaba las amenazas y confirmaba que el riesgo seguía vigente. Para entonces, la secuencia era inequívoca: primero fueron los mensajes intimidatorios, luego la información de un plan sicarial y, finalmente, una amenaza directa que los obligó a acudir a la Fiscalía para dejar constancia formal de que sus vidas estaban en riesgo por haber investigado al denominado zar del contrabando.

CAMBIO tuvo acceso al mensaje de WhatsApp que recibieron los oficiales. Allí dice: “Llegó la hora de mi venganza sufrirán las consecuencias de sus actos, me voy a vengar. Tengo el poder nuevamente y les escribo para que sepan y se revuelquen porque voy hacer hasta lo imposible por joderlos y tirarme sus carreras. Se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen y por eso van a sufrir. Ahora tenemos aliados donde ustedes trabajaban, no se sorprendan porque ya empezamos a tocarlos y no vamos a detenernos. Van a sufrir ustedes y sus familias. Ojalá todos trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mierda van a pagarlo se pusieron de valientes y empoderados pues se les acabó el cuarto de hora, ahora viene la venganza y esta si va a durar lo que lograron disfrutar hasta acá les llego”.

Esa amenaza les llegó a los oficiales dos días después de la audiencia de acusación contra Diego Marín, diligencia que se llevó a cabo el 13 de noviembre del 2025. 

A pesar de las amenazas y de que los oficiales estaban evaluados por la misma Policía con nivel de riesgo extraordinario, por lo que contaban con estrictas medidas de seguridad, el nuevo director de la institución, general William Rincón, ordenó trasladarlos a zonas como Cauca y Arauca. Al coronel Ruiz, por su parte, le cancelaron comisión ante el Colegio Interamericano de Defensa, en Estados Unidos, y este año ordenaron su retiro. No solo eso. La jugada con la que hicieron los movimientos fue revaluarles su nivel de riesgo y determinar que ya no corren peligro y que ahora es ordinario. Esa jugada lo que hace es justificar, justamente, las decisiones del director Rincón.